Desde que se iniciaron las protestas hemos escuchado muchísimas veces nuestro verbo más triste: terruquear. Durante esta crisis política y social, en la vida cotidiana de muchos peruanos se “terruquea” y se le pone esta etiqueta al otro, al que protesta. Pero ¿qué pasa cuando todo indica que es el gobierno el que conjuga este verbo a través de sus acciones?
Escribe Ana Trelles
Fotos Denis Barboza Gavilan
A estas alturas son varias las frases de la presidenta Boluarte que parecen querer hacer sobrevivir al peor muerto de la historia del Perú: el terrorismo. “¿Acaso estamos volviendo a los años de violencia terrorista?”, se preguntaba públicamente a mediados de enero; para febrero, cuando los muertos se seguían acumulando -60 según la Defensoría del Pueblo- y los abusos eran evidentes, dijo: «No todos están marchando de forma pacífica. Hay otros que están generando violencia, caos y terror. Nosotros, como ciudadanos que hemos salido de los 20 años de terror que ha generado Sendero Luminoso, no queremos retroceder a esa historia negra del país».
¿Por qué introducir el terrorismo como causa de la violencia en las marchas, generalizando, y no reconocer que, a parte del abandono y la pobreza hay otro factor que saca a los peruanos del sur (y de otras partes del país) a la calle? “Lo que hacen es un reclamo político, los que marchan son actores políticos con todo el derecho a cuestionar, como cualquier ciudadano, la manera de manejar el país. Esa falta de reconocimiento ha exacerbado la situación”, señala Marina Navarro , directora de Amnistía Internacional en Perú, en cuyo informe sobre las protestas sociales late el “terruqueo” como uno de los motores: “una cosa es el terruqueo amplio, que es condenable y lamentable, pero otra cosa es cuando ya se empiezan a abrir investigaciones y empieza a haber denuncias específicas sobre terrorismo”, alerta, en relación a las protestas.
Para Gloria Cano, directora de Aprodeh, que trabaja 30 años en temas de derechos humanos, el terruqueo ha sido usado en los primeros años de la violencia política para justificar los delitos, como detenciones arbitrarias, muertes y torturas, para que la sociedad diga: se lo merecían. Y ahora está siendo usado para acallar voces que discrepan. Si tú te opones o presentas una postura contraria al gobierno o a la derecha es porque eres terrorista. “El terruqueo existe para quitarle la voz al otro, para rebajar a otra persona y lamentablemente mucha de la prensa concentrada se ha adscrito a eso, y las voces que tratan de mantener su independencia son retiradas de los medios”, dice Cano.
En el mismo sentido Julio Arbizu, abogado del estudio Arbizu y Gamarra, que está llevando varios casos de los estudiantes detenidos durante la intervención a la Universidad de San Marcos; dice ver claramente el ánimo de imputar sin pruebas, sin flagrancia como la ley exige, sin indicio razonable y apunta a una política de “terruqueo” desde la Fiscalía de la Nación. “Nosotros llevamos el caso de un muchacho sanmarquino que vive en la ciudad universitaria, y que tenía anotadas en su escritorio frases de filósofos marxistas. Pues bien, ha sido imputado por el delito de terrorismo por la Policía, y ahora sigue su proceso en la Fiscalía, para la que parece que estudiar filosofía es terrorismo, es increíble! y como este caso hay varios”.
Según Eduardo Cáceres, filósofo e investigador de Aprodeh, el “terruqueo” que aplica este gobierno es una herramienta usada para estigmatizar a todo aquel que está cuestionando el orden”, entiéndase, una vez más: orden político. Para él, queda claro, que Boluarte no quiere entender y desmenuzar el contenido de cada una las protestas sociales, porque “hay en el gobierno una coalición muy conservadora y reaccionaria de grandes intereses que entienden y plantean que esto es una lucha a muerte, que están salvando el sistema mismo que les favorece y perder eso es perder la guerra, están en una lógica de guerra”. Y es desde esa lógica, desde donde se puede entender el uso del “terruqueo” desde el gobierno . Lamentablemente las voces del otro lado se han hecho escuchar desde el sur de Puno donde el 20 de Febrero alrededor de 20 mil aymaras anunciaron una “guerra civil” en caso el gobierno siga enviando militares a la zona y por supuesto, piden la renuncia de Dina Boluarte.
FISCALÍA Y MININTER: LOS BRAZOS DE LA LEY
En enero de este año se publicó en el diario oficial El Peruano una Resolución de la Junta de Fiscales Supremos que en resumen hace lo siguiente: reducir las fiscalías especializadas en derechos humanos y privilegiar las nuevas fiscalías de terrorismo, de hecho se han creado 7; la consecuencia será que la capacidad operativa para investigar los muertos de las protestas por violación de derechos humanos será limitada y teniendo el cuenta el número de fallecidos y heridos, esto es grave. ¿Pero para qué servirían las nuevas fiscalías para terrorismo en el contexto actual?
“El hecho de que se separen las fiscalías, justamente cuando se dan las protestas, es un mensaje preocupante, lo mismo que se dediquen pocos recursos a las fiscalías de DDHH. Que Puno, por ejemplo, donde han habido 17 muertos en un día no tenga una Fiscalía de DDHH es tremendo”, señala Navarro, pero las consecuencias de esta decisión de la Fiscalía de la Nación son negativas también en otros ámbitos, lo cuenta Arbizu: “como abogado veo el caso de Rodrigo y Sebastián, dos jóvenes peruanos detenidos en Bali; Rodrigo resultó muerto y, todo indica, por su identidad de género, en un caso de abuso y tortura. Este caso, emblemático para los derechos de las minorías, era visto por una Fiscalía de estas que han sido desmembradas. Ahora, después de 8 meses de trabajo vuelve a fojas cero, porque hay un nuevo fiscal”.
Pero hay más. El informe de Amnistía Internacional sobre las protestas sociales en Perú encuentra graves carencias en las investigaciones fiscales, por ejemplo, cuando el equipo de crisis acudió a Apurímac, Andahuaylas -dos meses después de los hechos- encontró evidencias de balística sin recoger, casquillos tirados en el piso. Otro ejemplo: el padre de Beckham Romario Quispe Garfias (18), muerto durante la protesta mostró la necropsia de su hijo donde no se da cuenta del tipo de proyectil que le impactó. “Varias necropsias se han dado un mes después, sin especificaciones fundamentales para las investigaciones. Hay dos casos más, el de Pablo Medina Llanterhuay estudiante de secundaria de 16 años en Chincheros y el de Christian Rojas Vasquez (19) en Andahuaylas que se les ha enterrado sin necropsia”. La pregunta es: ¿cómo se van a realizar las investigaciones de estos casos sin ese dato fundamental? “Después tendrán que hacer exhumaciones, son cosas que retrasan y causan más dolor a las familias”, todo esto sin contar que la Fiscalía de DDHH de Apurímac se queja de falta de recursos y cuenta con solo dos personas.
El Mininter también se habría sumado al terruqueo con la creación de una página web para denunciar por apología al terrorismo en redes sociales. “El delito de apología al terrorismo es un delito muy cuestionable. Se supone que el imputado tiene que hacer un elogio a un líder, persona o acción terrorista, pero yo conozco el caso de una chica que puso en un tuit que Sendero Luminoso no es igual que el MRTA, y por eso ha sido acusada”, dice indignado Julio Arbizu. Por su lado la abogada Gloria Cano, cuenta que durante años los jueces se negaron a aplicar esta ley “porque consideran que se llega a castigar la libertad de opinión”, por cierto añade que una de las primeras personas sancionadas ha sido un fujimorista, “para que veas lo absurdo de esta situación”.
El panorama en este sentido es de espanto; si el gobierno parece fomentar el terruqueo entre peruanos, que unos se acusen a otros, lo que viene según Eduardo Cáceres, serán múltiples denuncias y la apertura procesos judiciales acusando a bastante gente con la intención de neutralizar las protestas, pero anuncia que desde los organismos de derechos humanos responderán en el mismo terreno: denunciado a los que “terruquean”. “Para facilitar las denuncias de quienes sean calumniados hemos puesto a disposición la página web https://terruqueo.pe/, con la información legal correspondiente y herramientas para proceder ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y hacer llegar allí sus denuncias y sugerencias para fortalecerla.” Un antecedente importante que ánima a las organizaciones de DDHH a impulsar este trabajo es el caso de la exministra Anahí Durand ganó un juicio contra la periodista Milagros Leiva por difamación agravada. (Leiva ha apelado la sentencia, por cierto).
En cuanto a la represión que ha ejercido el gobierno, también asoman síntomas de “terruqueo”, según el informe de Amnistía Internacional, “ha sido una muestra más de desprecio hacia la población indígena y campesina”, señala su directora y agrega: “en Andahuaylas lo tienen muy claro, ellos dicen que los discriminan, que nunca los escuchan y que además los llaman vándalos y terroristas. Hemos visto las expresiones de las autoridades estigmatizando principalmente a las poblaciones del sur andino, más que a las de Lima, donde no se han usado armas letales cosa que sí hemos visto en regiones”. Y agrega cifras: “el 80% de las víctimas ha sido población indígena y campesina, las regiones más afectadas son las de esta población: Ayacucho, Puno, Apurímac; por otro lado hemos visto expresiones muy racistas y estigmatizantes en la policía cuando ingresaron a San Marcos”. Cuando la policía ingresó a esta universidad lo que había dentro eran pobladores de las regiones del sur que habían venido a protestar y fueron acogidos en esa casa de estudios. Fue famoso en redes el Tik Tok de un policía en plena intervención diciendo en tono de vencedor: “detenidos todos estos terroristas” “reventamos San Marcos” o aquel otro TikTok en el que el estudiante Jorge Jara, da su nombre mientras es llevado detenido cogido por dos policías, uno de cada brazo (como en las épocas de Fujimori) y de pronto uno le reclama:“¿porque tira la moto del policía al suelo?, ¿es usted terrorista?”, todo ante una indignada mujer a la que se oye decir: “pero ¿por qué le dice que él es terrorista, señor?”.
¿Y QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
Cuando la presidenta Dina Boluarte recibió a los representantes de Amnistía Internacional para que presenten su informe sobre lo ocurrido durante las protestas en Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas y Lima , dijo tajantemente que ella no había dado órdenes de que se usen armas letales, a pesar de que le demostraron que sí se habían usado. “No dijo nada más respecto al uso excesivo de la fuerza, no hubo ningún compromiso, ni asumió ninguna responsabilidad, dijo que todo estaba en manos de de la Fiscalía. La presidenta se comprometió, sobre todo, a dar ayuda humanitaria, y nos expresó claramente que eso no iban a ser reparaciones”. En resumen, yo te ayudo, pero no te reparo nada porque no hay nada que reparar. ¿Y las muertes? ¿Y la justicia? De hecho, el 22 de febrero el gobierno anunció la entrega de dinero para los deudos de fallecidos y heridos de gravedad durante las protestas ocurridas entre el 8 de diciembre del 2022 y el 10 de febrero del 2023. Recibirán entre 50 y 25 mil soles, no se ha detallado aún cuál será el criterio para seleccionar a los beneficiados.
Como la presidenta dijo que había que hablar con Fiscalía, Amnistía Internacional se presentó ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y la respuesta que obtuvieron fue esta: “nos dijo que estábamos mal informados”. Atónitos, volvimos a preguntar si le habían explicado bien a la fiscal lo que habían hallado: “si, le explicamos, fue una reunión oficial y nos dijo que estábamos mal informados, que se están poniendo todos los recursos y realizando todas las investigaciones, no pudimos decir mucho, salimos realmente preocupados”.
“Sabemos que tanto Dina Boluarte como Alberto Otárola deben de tener miedo sobre lo que les pasará si ahora renuncian. Ahora mismo están contenidos y avalados por personas poderosas, pero una vez que dejen el poder, cosa que en algún momento pasará, no se van a acordar de ellos, porque no son como ellos. Ya le pasó a Nadine y Humala que estuvieron cerquita de la Confiep y después les metieron una patada”, zanja Arbizu. Lo cierto es que si las investigaciones por las muertes no se resuelven como manda la ley en Perú, es decir en el fuero interno, lo que le espera a este dúo es un largo proceso en instancias internacionales por violación de derechos humanos.(Wayka.pe)