Advierten que la Región Policial no envió la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del personal obligado a declarar por Ley
El último 13 de marzo la Contraloría General de la República advirtió un hecho con indicio de irregularidad por parte de la III Dirección Territorial de la Policía – Trujillo, según lo detalla en su informe de acción de oficio posterior N.° 2062-2021.
De acuerdo con la Ley 27482, los oficiales generales de la Policía, los oficiales que laboren en unidades operativas a cargo de la lucha contra el tráfico de drogas y oficiales superiores deben declarar sus ingresos, bienes y rentas. Pero, la Contraloría no ha encontrado esta información.
Cuestiona
La norma a la que hacemos referencia fue publicada en junio de 2001.
“La PNP- III Dirección Territorial de la Policía – Trujillo, no cumplió con remitir a la Contraloría General de la República la relación de los obligados a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y la información del total de los ingresos percibidos por los mismos, correspondientes al periodo 2019; afectando el proceso de fiscalización de las declaraciones juradas”, señala el ente de control.
Sin respuesta
La Policía debió remitir la información hasta el 31 de enero de 2020, sin embargo, la Subgerencia de Fiscalización de la Contraloría General de la República remitió correos electrónicos masivos el 2 de setiembre de 2020, comunicándoles a la III Macro Región Policial del incumplimiento incurrido.
“Luego de todo ello, con fecha 4 de enero del 2021 a las 07:00 horas, se realizó una nueva verificación evidenciándose que la Dirección General de Administración o quien haga sus veces en la Dirección Territorial de la Policía – Trujillo; a pesar del tiempo transcurrido y las comunicaciones llevadas a cabo por esta entidad fiscalizadora superior exhortando al cumplimiento de la norma, no ha cumplido con remitir la relación del (personal) obligado a presentar la declaración jurada”, asegura.
Notificación
El ente de control concluye en que se afecta el correcto funcionamiento de la administración pública y se pone en riesgo el adecuado uso y destino de los recursos.
El 4 de febrero de este año, al director policial de La Libertad Carlos Céspedes Muñoz también le dieron 20 días de plazo para remitir la información.(DIARIO CORREO)