No coimeaban con la suya. Los empresarios que confabularon con funcionarios de Provías Descentralizado para quedarse con tres contratos por un total de S/274,1 millones, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, acordaron que pagarían los sobornos solo después de firmados los contratos y recibieran el primer adelanto del fondo asignado para el financiamiento de la ejecución de las obras. Es decir, cumplirían con desembolsar la cutra con el dinero del Estado. No arriesgaron ni un sol de su propio peculio.
Para los empresarios implicados en el esquema de corrupción, no era suficiente con que el Comité de Selección de Provías Descentralizado les adjudicara las millonarias obras públicas. Exigían la suscripción del contrato y la recepción de la transferencia con fondos, según se desprende del expediente del caso que comprende 14 tomos, incluyendo el requerimiento de prisión para los implicados, documentos a los que tuvo acceso La República.
El principal operador de los empresarios, Luis Pasapera Adrianzén, y su cómplice inmediato, Raúl García Alemán, aceptaron que participaron en el mecanismo corrupto de asignación de proyectos de obras públicas a cambio de pagos ilícitos a funcionarios de Provías Descentralizado. Quien cobraba las coimas, el exjefe de Operaciones de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte Vizcarra, aceptó que recibió los sobornos de manos de Luis Pasapera. Luego, Villafuerte abonó parte del dinero ilícito a Juan Enciso Torres, quien integró dos de los tres Comités de Licitación que adjudicaron las obras a las empresas que representaba Luis Pasapera.
Para que funcione este esquema de adjudicación de obras a cambio de sobornos, era necesario contar con la intervención clave del director de Provías Descentralizado, Carlos Revilla Loayza, quien designó a los integrantes de los Comités de Licitación, y de la jefa de Abastecimiento, Elizabeth Ugarte Manrique, quien recomendó a los servidores que fueron parte de los comités. Efectivamente, los integrantes de los tres comités otorgaron los proyectos a los consorcios promovidos por Pasapera. Revilla niega haber recibido pagos ilegales y Ugarte se encuentra como no habida.
A partir de las declaraciones de los involucrados, y el registro de los movimientos de sus cuentas bancarias, se ha establecido que el pago de las coimas se hizo de la siguiente manera:
Proyecto Tintay
El 9 de diciembre del 2019, Provías Descentralizado firmó contrato por S/156,3 millones, con el consorcio integrado por la empresa de la familia de Luis Pasapera, Termirex, en sociedad con Tableros y Puentes S.A. (Tapusa). Para cumplir con el desembolso ilícito a los funcionarios de Provías Descentralizado, en setiembre del 2021 Pasapera usó a su empresa Grupo Arcose para simular la adquisición de material de construcción a Corporación Trento y Corporación AVVA por S/1,922.869. Luego García retiró el dinero y lo entregó en efectivo a Pasapera. En el mismo mes de setiembre del 2021, Luis Pasapera le pagó una coima de S/1,800.000 en efectivo al funcionario Alcides Villafuerte. Este se encargaría de la repartición entre los implicados. Al principio Villafuerte pidió un pago ilícito de 3,5% del total de la obra. Al final solo recibió el equivalente al 1,15%. Pero vinieron más contratos.
Proyecto Samegua
En este caso, el desembolso corrupto fue más rápido. El contrato fue rubricado el 25 de setiembre del 2020, por la suma de S/63,556.105, y unos días después, entre el 27 y 29 de octubre, Luis Pasapera abonó la coima. La plata salió del Consorcio Vial Samegua, integrado por China Gezhouba Group Company y Corporación Imaginación, de la familia de Luis Pasapera. Mediante dos operaciones, el consorcio transfirió S/1,096.966 a las empresas de Raúl García Alemán, Corporación Trento y Corporación AVVA, simulando otra vez compra de material de construcción. García retiró el dinero y se lo trasladó a Pasapera, quien, entre octubre y diciembre del 2020, le dio a Alcides Villafuerte S/1,000.000. El soborno significó solo 1,57% de la totalidad del proyecto.
Proyecto Pampas
El contrato se firmó el 18 de diciembre del 2020 –un mes después del inicio del gobierno del expresidente Francisco Sagasti–, por el monto de S/54,222.328. Los beneficiados fueron los dueños de la constructora Termirex, de la familia Pasapera, y la filial peruana de la española Tableros y Puentes (Tapusa). Nuevamente, Luis Pasapera fraguó un simulacro de adquisición de material para la obra a las empresas de su amigo y cómplice Raúl García, Corporación Trento y Corporación AVVA, por S/969.979. Como en las anteriores ocasiones, García retiró el dinero y se lo dio a Pasapera. Luego este apoquinó una coima de S/800.000 en dos partes a Alcides Villafuerte: el 7 de agosto del 2021 la mitad y el 30 de octubre del mismo año lo restante. Para esa época, Pedro Castillo recién había iniciado su mandato presidencial. Lo abonado por Pasapera a Villafuerte solo significa 1,47% de lo asignado por Provías Descentralizado para la ejecución de la obra.
Este mismo esquema de corrupción se repitió en el gobierno de Castillo. Pero comenzó a desmoronarse cuando Karelim López Arredondo fue sorprendida por periodistas del dominical ‘Cuarto poder’ cuando ingresaba al departamento de la calle Sarratea, donde Pedro Castillo sostenía reuniones clandestinas.
Karelim López confesaría a los fiscales que trabajaba para el Grupo Arcose, la empresa de fachada de Luis Pasapera Adrianzén, un viejo conocido de las autoridades anticorrupción.
Cuando una investigación de La República identificó a Luis Pasapera como la misma persona que se acogió a la colaboración eficaz y admitió haber pagado coimas al exgobernador de Cajamarca Gregorio Santos, y que luego de esta experiencia empezó a trabajar como operador en la sombra para las empresas de sus hermanos, entre ellas, Termirex y Corporación Imaginación, remitió cartas de rectificación alegando que todo era falso.
Al final, una vez en prisión, Luis Pasapera acabó por solicitar colaboración eficaz y aceptar que era un operador de sus hermanos en Provías Descentralizado.
Después de los tres contratos corruptos que consiguió en el gobierno de Vizcarra, Luis Pasapera logró la famosa adjudicación del proyecto Puente Tarata III por S/203,5 millones, ya en el gobierno de Pedro Castillo. Esto es, continuó abonando coimas a funcionarios públicos para favorecer a las empresas de sus hermanos y sus socios.
Sumando el total de sobornos que desembolsó Luis Pasapera a Alcides Villafuerte por las tres obras (Tintay, Samegua y Pampas), la cifra alcanza los S/3,600.000. Los tres proyectos adjudicados por Provías Descentralizado a los cómplices de Pasapera representan un total de S/274,132.903. Los empresarios corruptos solo invirtieron el 1,31% de esta última cifra para pagar los sobornos. Y ni siquiera era su plata. Era dinero del Estado.
¿Cuánto le tocó a Martín Vizcarra?
