El poder del lobby en el Congreso bajo la lupa tras el Chifagate

El escándalo del Chifagate reabre el debate sobre los límites legales y éticos del lobby en el Congreso, el rol de los congresistas frente a grupos de interés y la necesidad de transparencia en reuniones que involucren a figuras como José Jerí.

Especialistas analizan el manejo del lobby en el Congreso tras el Chifagate. Foto: difusión

El Chifagate ha puesto en cuestión el poder real de los lobbys en el Congreso y la forma en que estas gestiones de intereses pueden incidir en decisiones políticas cuando se desarrollan sin control, registro ni transparencia. El caso ha encendido alertas sobre la frontera entre una práctica permitida y la comisión de posibles actos de corrupción.

Las reuniones atribuidas a José Jerí con empresarios chinos, fuera de espacios institucionales y sin constar en agendas oficiales, han reabierto la discusión sobre cómo se ejerce el lobby en el país y qué tan expuestos están los tomadores de decisión a influencias privadas que buscan beneficios concretos del Estado.

Especialistas en derecho penal y ciencia política coinciden en que la gestión de intereses no es ilegal por naturaleza, pero se convierte en un problema grave cuando se da en contextos informales, sin protocolos, sin publicidad de los encuentros y sin mecanismos que permitan evaluar conflictos de interés.

En este escenario, el Chifagate se perfila como un caso emblemático para analizar la fragilidad de los controles, el cumplimiento del Código de Ética del Parlamento y la necesidad de fortalecer las reglas que rigen la relación entre los congresistas, el sector privado y el poder político.

Andy Carrión, abogado penalista: “El lobby debe regularse porque se presta a favores y delitos de corrupción”

El penalista Andy Carrión sostiene que el lobby es una actividad orientada a la defensa de intereses ante el Estado y que, por sí sola, no constituye un delito. Sin embargo, remarca que en ausencia de regulación clara puede derivar en solicitudes de contraprestaciones, favores o beneficios que encajan en figuras penales como el tráfico de influencias o el cohecho. “El lobby por sí mismo no necesariamente es negativo. Sin embargo, se presta a actividades ilícitas, como solicitar algún tipo de favores o contraprestaciones”, afirmó.

El abogado explica que en varios países existen códigos de conducta para los lobistas y normas que obligan a transparentar reuniones, agendas y los intereses que representan. En el Perú, en cambio, no hay un marco específico que ordene esta actividad, lo que deja amplios márgenes para prácticas opacas dentro del Congreso. “En nuestro país no existe una regulación como tal respecto al lobby”, advirtió.

Carrión subraya que la transparencia resulta clave para evitar que el lobby se convierta en un canal de presión indebida. El registro de encuentros, la identificación de los participantes y la exposición pública de los temas tratados permiten a la ciudadanía conocer quién influye en las decisiones de los altos funcionarios. “Es fundamental transparentar con quién se reúne un funcionario y qué intereses se buscan dentro del Estado”, sostuvo.

Desde su perspectiva, el Chifagate debería servir como punto de inflexión para impulsar una regulación que fije límites claros y evite que las gestiones privadas se transformen en mecanismos de captura del Estado por intereses particulares. “Este caso debería promover la regulación del lobby y evitar que se convierta en una influencia negativa”, señaló.(La República).