La verdadera historia. Es falso que el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, demandó al exfiscal de la Nación Pablo Sánchez interrumpir una diligencia del fiscal Rodrigo Rurush. Lo que hizo fue comunicarle que este fiscal pretendía incautar ilegalmente los audios del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se trataba de una acción encubierta de esta organización.
Por IDL-Reporteros
Como muchos de ustedes saben, Willax Televisión, ese relleno sanitario de difamación y mentiras, en cuyas infectas aguas navegan sincronizadamente actores más pequeños, como Expreso y La Razón, entre otros, ha emprendido campaña tras campaña de desinformación difamadora contra IDL-Reporteros y su director, Gustavo Gorriti.
Las campañas, con un guion virtualmente similar entre sí, han arreciado, con un desfachatado divorcio de la realidad, luego de la suspensión de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, en medio de las escandalosas revelaciones por el caso Valkiria.
Las mentiras, aunque repetidas en cadena por histéricos desinformadores, fueron tan burdas y torpes que no exigieron mayor esfuerzo para que IDL-R se las reviente en la cara. (Ver, por ejemplo, ‘Los desagües de la desinformación’).
Pero eso no escarmentó a esa corte de los milagros del hamponaje informativo y volvió, con la ayuda sincronizada de abogánsters y el elenco estable de la contaminación informativa, a lanzar una campaña más en los últimos días. La más descabellada de todas, batuteada por dos de los patéticos personajes de Willax: Phillip Butters y Milagros Leiva, partía de la siguiente premisa: que Gustavo Gorriti, director de IDL-R, ejerce una gran influencia y un poder desmesurado sobre el fiscal supremo Pablo Sánchez… desde los tiempos (2018, para precisar) en los que este era fiscal de la Nación.
¿Cómo así tal influencia? Por, según los desinformadores, la intervención de un fiscal en IDL-R en julio del 2018. El fiscal se llama Rodrigo Álvaro Rurush y llegó inopinadamente al local de IDL e IDL-Reporteros en la mañana del 10 de julio del 2018, acompañado por cuatro policías, para llevar a cabo una diligencia de “exhibición e incautación” de la información que IDL-R publicaba desde unos días atrás.
Según los desinformadores, Gorriti llamó a Pablo Sánchez para exigirle que se suspenda la diligencia y que este habló con el fiscal Rurush y lo conminó a interrumpir de inmediato la diligencia o, si no, “aténgase a las consecuencias”.
El problema, para los difamadores, es que, sí, todo fue visto, que todo acaeció, virtualmente en vivo, a la vista del público, que supo desde el comienzo qué pasaba, lo que estaba en juego y reaccionó en consecuencia.
Han pasado cinco años y medio desde entonces, pero todos los hechos permanecen claros y documentados, con la fuerza propia como para reventar los gases de la desinformación, de manera tal que no solo sirven para revelar la verdad de los hechos de ese tiempo, sino la verdad de los hechos de hoy.
En la madrugada del sábado 7 de julio del 2018, IDL-R publicó la primera entrega de una investigación que, sabía, iba a tener un impacto resonante en el país. La serie se llamó ‘Corte y corrupción’, y luego pasó a conocerse también como el caso Cuellos Blancos, el Lava Juez, entre otros.
El material que llegó a IDL-R constaba de conversaciones telefónicas interceptadas de forma legal, que, a través de cientos, de miles de diálogos telefónicos, describían la cartografía de una corrupción judicial, fiscal y regulatoria, que abarcaba desde juzgados y fiscalías hasta la Corte Suprema y fiscalías aupremas, además del entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Publicamos una fuerte cantidad de diálogos reveladores el sábado y varios otros más el domingo. IDL-R conocía que había varios grupos poderosos, comprometidos y asustados por las revelaciones, que iban a hacer lo posible por abortar la investigación en sus inicios.
Y así fue.
El martes 10 de julio por la mañana, un fiscal acompañado por cuatro policías llegó inopinadamente a las oficinas de IDL e IDL-R.
En ese momento, no se encontraban ni la jefa de Redacción de IDL-R, Romina Mella, ni Gustavo Gorriti.
Minutos después, ambos fueron informados por teléfono de que el fiscal, llamado Rodrigo Rurush, había llegado para incautar el material informativo de la recién desencadenada investigación sobre los CNM audios.
Tanto Romina Mella como Gorriti se dirigieron de inmediato a las oficinas de IDL-R. Mella llegó primero, Gorriti después.
En el camino quedó confirmado, como se verá, el propósito de la incautación. Eso significaba una escandalosa y del todo ilegal agresión a la libertad de prensa y el periodismo de investigación.
Entonces, según publicó Gorriti el jueves 12, en su columna semanal en Caretas, ante la emergencia, “en el camino telefoneé al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Cuando le informé lo que sucedía, él reaccionó con enojo y rechazo”.
Lo que siguió en IDL-R fue una áspera confrontación con el fiscal Rurush, que intentó, según escribió Gorriti, “explicarnos (a mí, a Romina Mella, a nuestro abogado Carlos Rivera y al director de IDL, Glatzer Tuesta), que la palabra ‘incautación’ representaba realmente un pedido de colaboración. Mencionó un artículo de procedimiento legal. Se lo pedí y aunque el texto no era un modelo de claridad, decía algo muy diferente a lo que sostenía Rurush. Le dije que haber llegado de improviso, con cuatro policías y la palabra incautación por delante, era un comportamiento intimidatorio e implícitamente coercitivo. Negó que fuera el caso y afirmó que buscaba nuestra colaboración informativa”.
Y entonces saltó la liebre.
IDL-R pidió a Rurush que mostrara el documento, la disposición fiscal “que respaldaba su acción”.
Ahí vino la sorpresa. “No tenía ningún documento, ninguna orden o disposición. Abochornado, Rurush hizo redactar un acta corta en la que constaba que el acto se interrumpía al no existir el documento fiscal que lo disponga. Y ahí terminó la anécdota del fiscal informal y los cuatro policías”.
La intervención había sido un acto ilegal. Su propósito fue obtener, por bluff o intimidación, toda o parte de la investigación no publicada. No lo logró, pero lo intentó.
Por fortuna, toda la diligencia quedó registrada en video, grabado por uno de los policías.
El incidente de la diligencia trucha del fiscal Rurush apenas marcó el comienzo de los ataques a IDL-R y a la trascendental investigación que empezaba a publicarse.
Al terminar su abortada diligencia, Rurush reconoció que cumplía órdenes de su jefa, la fiscal Norah Córdova, cuyo esposo, César Serrano, aparecería luego vinculado con la trama de corrupción que IDL-R puso al descubierto. Poco después publicamos un audio en el que Serrano, entonces vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura, coordinaba acciones con el entonces juez supremo César Hinostroza.
El jueves 12 de julio, el entonces fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza envió un oficio a IDL-R en el que conminaba de forma amenazante a entregar el material de la investigación y a revelar las fuentes bajo riesgo de incurrir en el delito de “desobediencia a la autoridad”, en caso de que nos negáramos a ello.
Gorriti respondió que, bajo ninguna circunstancia o escenario, IDL-R y sus periodistas dejarán de defender el principio sagrado de la reserva de fuentes confidenciales.
Pocos días después, IDL-R reveló un audio en el que Rodríguez Monteza, entonces a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, aparecía conversando con el empresario Mario Mendoza. Meses después, dos colaboradores eficaces revelaron cómo Rodríguez alertó a la red de Walter Ríos y César Hinostroza de que sus comunicaciones habían sido interceptadas como parte de la investigación fiscal ‘Cuellos Blancos’. Al final, Rodríguez Monteza fue destituido por la Junta Nacional de Justicia por su vinculación con la red de corrupción.
Insólito. La Fiscalía de la Nación solicitó al equipo de fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto un informe sobre la supuesta intromisión del fiscal supremo Pablo Sánchez durante la fraudulenta acción del fiscal Rodrigo Rurush en IDL-R. Como está comprobado, se trató de una acción ilegal de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.(LA REPÚBLICA)
La víctima fue identificada como Jhonnathan Ramírez, conocido como “Towe”. El hecho criminal se registró en el distrito de La Esperanza
El asesinato de Jhonnathan Ramírez , conocido como “Towe”, se registró al promediar la 1:00 de la madrugada del sábado, en la cuadra tres de la calle Manuel Cedeño de la intersección de las avenidas José Tadeo Monagas y Los Laureles, en el límite de los distritos de La Esperanza y Trujillo.
“Towe”, quien iba solo en su camioneta de placa de rodaje AUU-409 por la mencionada jurisdicción, fue sorprendido por los sicarios, al parecer iban en una moto lineal, que lo interceptaron y dispararon en seis ocasiones por la ventana de la puerta del piloto. Los proyectiles terminaron traspasando los cristales e impactándole en el cuerpo y que le generó la muerte de forma inmediata.
Los asesinos, tras lograr su objetivo, se fugaron del lugar con dirección desconocida.
Este nuevo hecho de sangre causa conmoción en la ciudad de Trujillo, pues el occiso es conocido por ser parte de la productora Barrio Music que se dedica a realizar y promocionar eventos musicales en toda la provincia y región liberteña.
Agentes de Serenazgo de La Esperanza y de la Comisaría PNP Bellavista llegaron hasta la escena del crimen y divisaron al interior del moderno vehículo a Jhonnathan Ramírez, quien ya no presentaba signos vitales. Asimismo, hallaron seis casquillos de bala.
Además, familiares de “Towe”, tras enterarse de la fatal noticia, también llegaron hasta el lugar y protagonizaron escenas de dolor. “Déjame ver a mi hermano”, gritaba una de sus hermanas ante los agentes del orden que le decían que no podía acercarse ya que todo estaba en investigación.
Personal de la PNP no detalló el móvil del crimen, pero la víctima habría estado siendo extorsionada y se había negado a pagar cupos.
Tras las diligencias de los peritos de criminalística y del Ministerio Público se ordenó el levantamiento del cuerpo y su internamiento en la morgue de Trujillo.
El coronel PNP Francisco Vargas Andonaire será reemplazado por el general PNP José Antonio Zavala Chumbiauca
El cambio del jefe máximo de la PNP en la región liberteña se oficializó mediante la resolución suprema N° 369-2023-IN, la cual fue publicada en el diario oficial El Peruano.
En dicho documento se reasigna a Francisco Vargas Andonaire a la SCG-FP Apurímac. Mientras que su sucesor, es el general PNP José Antonio Zavala Chumbiauca, procedente del Frente Policial Ica.
El cambio del jefe policial se da en medio de una ola de homicidios que sacuden a la región La Libertad, y que cierra con 347 en el presente año.
En la provincia de Sánchez Carrión, pobladores, luego de una intensa búsqueda, lograron ubicar el cuerpo de la menor de 8 años que el jueves fue arrastrada por el Río Sarín, en la provincia de Sánchez Carrión.
Se ha dado marcha atrás en la democratización y ampliación de la base ciudadana.
Este ha sido un año en el que el Congreso, al tiempo de perforar una y otra vez la Constitución que dicen intocable, ha procedido a la contrarreforma política que nos devuelve al umbral del 2000, con el consiguiente retroceso en diferentes planos, todos ellos promovedores de participación ciudadana, mayor competencia y consulta popular.
El caso más reciente es el de las PASO, que hacían posible un filtro para que los partidos políticos se obligaran a tener una mayor rendición de cuentas y conexión con los ciudadanos. La coalición conservadora que rige los destinos del país ha logrado su eliminación, con lo que volvemos al escenario donde proliferan las organizaciones con dueño único y que decide quién va a representarlos en el Parlamento nacional y a cambio de qué.
También se ha introducido nuevamente la figura del voto preferencial que desata los apetitos particulares dentro de la misma organización, impide que la organización tenga una presencia más orgánica y se promueve una competencia interna donde quien posee más financiamiento logra tener más visibilidad. Adicionalmente, se dificulta la labor de los supervisores porque los aportes de campaña se multiplican sin mayor control.
Que se haya vuelto a la entrega de firmas de adherentes para la inscripción partidaria, sin el filtro de las PASO y ante la necesidad de una gran cantidad de firmas, impulsa la fábrica de firmas y el mercado negro, que tantos escándalos provocó en años anteriores.
Fernando Tuesta, el especialista en temas electorales, señala, en entrevista con La República, que hay 25 partidos ya inscritos y 9 en proceso, que no requerirán las 730.000 firmas que aproximadamente se tendrán que pedir a las nuevas organizaciones que busquen participación en los próximos procesos electorales. Es decir, 34 partidos políticos en un país en el que el altísimo fraccionamiento está afectando la gobernabilidad.
La baja calidad de la representación política es una realidad incontrastable. Para evidenciarlo, el bajísimo nivel de producción parlamentaria, la dedicación de los congresistas a promover lobbies de particulares intereses, la gestión en beneficio propio de presupuesto, prebendas, gratificaciones y bonos son indicadores de su alejamiento consistente con la realidad nacional, sus votantes y el futuro del país. Es lamentable el retroceso en el 2023.
Delincuentes, incluso, detonaron explosivos en las viviendas de algunas de sus víctimas. Les exigen cupos que van desde los 30 mil soles hasta los 300 mil dólares
Los extorsionadores no solo amenazan a sus víctimas a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y cartas. También atentan contra sus propiedades a balazos o con dinamita.
En enero, tres alcaldes denunciaron intimidaciones. Uno fue el burgomaestre de La Esperanza, Wilmer Sánchez, quien dijo que dejaron una carta acompañada de balas en la casa de sus padres. A él le exigían S/ 80 mil.
Otra víctima fue la alcaldesa de Marmot (Gran Chimú), María Castillo Valverde, a quien le solicitaban S/ 50 mil a cambio de no asesinarla a ella y a su hija.
Asimismo, extorsionaron a Diego Rodríguez Fernández, de la Cuesta (Otuzco). A él, delincuentes le hicieron una videollamada y le mostraron armas con las que, según le dijeron, lo matarían si no entregaba S/ 50 mil. Por este caso, la Policía atrapó en el distrito de El Porvenir a Juan Salinas García (23).
En abril, el vehículo del alcalde del centro poblado Huanchaquito, Roberto de la Cruz, recibió 10 balazos porque no accedió a pagar S/ 60 mil; mientras que en mayo ‘Los Pulpos’ le exigieron 300 mil dólares a Tarsis Reyes Castillo, burgomaestre de Julcán.
Los delincuentes también atemorizan a los alcaldes a bombazos. En junio, detonaron un cartucho de dinamita en la casa de Guillermo Guzmán, de Usquil (Otuzco).
En noviembre, delincuentes de la banda ‘La nueva Jauría’ atacaron a balazos la casa del burgomaestre del centro poblado Bello Horizonte (Laredo), Albenis Rodríguez. En un operativo se detuvo a cinco personas vinculadas a esa extorsión.
Ese mismo mes también amenazaron, a través de mensajes, al titular del municipio de Víctor Larco, Enrique León Clement.
En diciembre, hubo tres extorsiones. En la casa del alcalde de Sinsicap (Otuzco), Miguel Polo Reyes, detonaron explosivos para que pague S/ 50 mil. Además, les exigieron cupos a Daniel de la Cruz, de Cachicadán (Santiago de Chuco), y a Santos Ruiz Guerra, del municipio provincial de Sánchez Carrión.
Santos Ruiz Guerra señaló que criminales le enviaron mensajes extorsivos y le piden 30 mil soles
El burgomaestre relató que el 24 de este mes, antes de Navidad, y el miércoles 27 recibió los mensajes extorsivos a su número de WhatsApp.
“He recibido amenazas de extorsiones. Antes de Navidad me llegó un mensaje y bloquee el número. El día de ayer (miércoles) reviso mi celular y encuentro otro mensaje. No he contestado nada y le he puesto en conocimiento al fiscal lo que está pasando contra mi persona”, indicó la autoridad edil de la provincia de Sánchez Carrión.
Los maleantes le dijeron a Ruiz Guerra que pertenecen a una peligrosa banda, que tienen el control de Pataz y Trujillo, y sobre todo que conocen sus movimientos. Además, si en caso de no acceder a pagar la suma de dinero que le exigen, buscarán atentar contra su integridad.
“He sido varios años autoridad y nunca he tenido amenazas, ni extorsiones”, dijo.
Asimismo, en el último mensaje, acompañado de un video donde se muestra un arma de fuego y le dicen que llame a dar solución.
“Ahí lo dice en el mensaje (Piden 30 mil soles). Ojalá se llegue a detectar de donde vino el mensaje”, resaltó.
El alcalde de Sánchez Carrión señaló que conversó con el coronel PNP Francisco Vargas, jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, y le pidió que envíen mayor números de agentes a su provincia.
“Conversé con el coronel Francisco (Vargas) y le pedí más afectivos para Huamachuco. Vamos a construir un nuevo local para la Policía Nacional y que estará cerca de la quebrada del diablo, a la salida de Trujillo”, puntualizó.