Ministerio Público arribó con orden judicial a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) por irregularidades en adquisición de plataforma digital. En una primera diligencia se negaron a entregar la información aduciendo que era secreta.
El fiscal anticorrupción Edison Mendoza intervino ayer por la tarde las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a fin de realizar una diligencia de exhibición forzada e incautación de documentos, autorizada por el Poder Judicial.
Pero en realidad esta era la segunda visita que realizaba el Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur a la entidad con sede en Chorrillos. Ya lo había hecho el 14 de mayo de 2021, pero el personal de la DINI –que encabeza José Luis Fernández Latorre– se había negado entonces a colaborar aduciendo que la documentación requerida tenía “carácter de secreto”. Esto fue respaldado y secundado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), adonde está adscrita la DINI.
Sin embargo, a más de un año de esa primera incursión, la Fiscalía logró que la Corte Superior de Justicia de Lima Sur le diera la razón y le autorice llevar adelante la diligencia, para lo cual acudió ayer con apoyo de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.
SIGUIENDO EL RASTRO
El despacho del fiscal Mendoza investiga presunta colusión y negociación incompatible. Ello habría ocurrido en la compra que realizó la DINI de una plataforma tecnológica a la empresa DP Comunicaciones SAC, representada por Manuel Salerno Muro.
Según informó la Fiscalía, el caso implica al exdirector Héctor Manuel Dulanto Arias, así como al jefe de apoyo de la Gestión de Inteligencia, Alfredo Flores López; al jefe de Colección de Información, Nicolás Cayo Noriega; y al especialista en Colección de Informaciones, Andrés Comina Jara.
De acuerdo con la tesis fiscal, se habría favorecido a DP Comunicaciones SAC, autorizando su contratación desde la DINI por la nada despreciable suma de S/9′879,569.
Esto “a pesar de no cumplir con las especificaciones técnicas que se requerían para la adquisición de la plataforma tecnológica para mejorar la búsqueda, colección y análisis de las informaciones”, se indicó desde la Fiscalía.
La investigación que lleva adelante el fiscal Edison Mendoza se encuentra de momento en etapa preliminar y pone un faro sobre el misterioso organismo del gobierno.
DP Comunicaciones SAC es un antiguo proveedor del Estado. Registra contratos con diferentes municipalidades, ministerios, el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría, entre otras entidades gubernamentales.
De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del MEF, ha facturado –formalmente– desde 2006 hasta la actualidad unos S/15′923,571.59.
A través de un comunicado, la DINI informó que se “cumplió con entregar al Ministerio Público la documentación requerida mediante el precitado mandato judicial”, al tiempo que hicieron incidencia en que el caso comprende a una anterior gestión a la del chotano Fernández Latorre.
“El personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú que se apersonó a la DINI en ningún momento ingresó a sus instalaciones. Se les recibió el mandato judicial y, luego de esperar hasta que se les entregue la documentación requerida, procedieron a retirarse”, indicaron.
TENGA EN CUENTA:
La DINI está en el ojo de la tormenta desde hace varios meses. Perú21 reveló el peloteo que hay entre esta entidad y el Despacho Presidencial respecto al asesor de inteligencia, Henry Shimabukuro.
Además, el semanario Hildebrandt en sus Trece informó de una sospechosa compra de equipos israelíes.
Esto serviría para geolocalización de celulares a nivel nacional, manejo de bots en las redes sociales y otro para vulnerar equipos telefónicos.(PERÚ 21)