Por: Dionicio Mantilla León
El martes último el Jurado Nacional de Elecciones emitió una Resolución por la cual declaró improcedente, por serias infracciones a la normatividad electoral, la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional y el Tribunal Electoral Nacional del partido “Todos por el Perú” entidades que designaron de manera irregular a Julio Guzmán como su candidato a la Presidencia de la Republica lo cual significaría que la postulación de este quedaría invalidada. Resolución que fuera ratificada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Esta situación pone en jaque la postulación del autodenominado “outsider” de la derecha, que en la actualidad viene ocupando el segundo lugar en las encuestas, y, consecuentemente, provocaría un serio desequilibrio en el esquema de las preferencias electorales.
El incumplimiento de las normas que rigen la presente jornada electoral por parte de Julio Guzmán y su absurda protesta con la que pretende hacer creer a la opinión pública, a pesar de tener culpa, que con esto se estaría cometiendo un gravísimo atentado a la democracia constituye un hecho criticable que se une a otros, que vienen enturbiando como verdaderas tormentas el presente proceso electoral y en los que el J.N.E. viene demostrando una visible pasividad.
No otra cosa significa el hecho de permitir que se haya dado pase a la postulación de 52 candidatos corruptos al Congreso pertenecientes a la casi totalidad de partidos políticos participantes en el proceso electoral sentenciados por cometer 34 delitos graves, como: peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita para delinquir, incumplimiento de pensión alimentaria, lavado de activos, usurpación de funciones, corrupción de funcionarios, falsificación de sellos, colusión, entre otros. (Diario La República: Martes 16 _ 02 _ 16)
A esta criticable actitud de “dejar hacer y dejar pasar,” sin ningún pudor a semejantes postulantes a “padres de la patria” todos ellos tipificados como delincuentes se une la actitud “blandengue” de no actuar con la severidad respectiva con los candidatos a la presidencia de la república con un pasado y un presente repudiables señalados por el Congreso, Poder Judicial y la opinión pública por sus actos dolosos, como: Es el caso del candidato del Apra, Alan García, que conmutó e indultó a 5,500 peligrosos narco traficantes y sanguinarios jefes de bandas delincuenciales, etc; que hoy siembran el terror en el país y que, para salir libres, pagaron cuantiosas coimas. Indultos que fueron autorizados por Alan García, según dijo: “tuvo el consejo de Dios”. De otro lado, durante su primer gobierno, se cometieron las más execrables matanzas: 300 personas en el Frontón, Luringancho y Santa Bárbara; 69, en Accomarca y otros más y, se formó el siniestro Comando, “Rodrigo Franco”, responsable de decenas de asesinatos de dirigentes sindicales.
Ni que decir de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cómplice, cuando fue Primera Dama, de los latrocinios y crímenes de lesa humanidad, así como de miles de esterilizaciones forzadas a humildes mujeres campesinas analfabetas, cometidos por su padre, Alberto Fujimori, así como de los robos de las donaciones extranjeras por parte de sus familiares, razón por la cual se encuentran prófugos. Ni que decir de Alejandro Toledo, cuyo caso, Ecoteva, lo presenta envuelto en un típico caso de enriquecimiento ilícito.
A esto se añade el caso del candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, envuelto en presuntos plagios de tesis y libros, así como de tratos con Vladimiro Montesinos, actos que aún son materia de investigación, pero que extrañamente salen en pleno proceso electoral desprestigiando no sólo a sus universidades sino a nuestro país a nivel mundial. ¿Empero, por qué estas denuncias no aparecieron en los años en que se cometieron?
Con este ennegrecido panorama creado por la inconducta de algunos de los postulantes al Congreso y a la Presidencia de la República facilitada por la actitud contemplativa de las autoridades electorales que actúan con severidad por irregularidades administrativas, pero con una incomprensible indiferencia con otros, el presente proceso electoral se muestra desde ya envilecido provocando el desconcierto del electorado, que posiblemente, estará pensando en el candidato que sea “el mal menor”.
AUNQUE MUCHOS NO VACILARAN EN VOTAR EN BLANCO O ANULAR SU VOTO PARA OBLIGAR ASÍ A LA ANULACIÓN DE ESTE PROCESO ELECTORAL Y LA CONVOCATORIA INMEDIATA A NUEVAS ELECCIONES CON NUEVOS CANDIDATOS AL CONGRESO Y A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, TODOS ELLOS CAPACES, HONESTOS, SIN SENTENCIA JUDICIAL Y QUE CUMPLAN RESPONSABLEMENTE LAS NORMAS ELECTORALES.