El informe de un perito experto contratado por la Fiscalía para validar las firmas que aparecen en decretos emitidos durante la recuperación estética de la presidenta Dina Boluarte, presenta omisiones y fallas metodológicas que debilitan la acusación constitucional.
Aunque se le encargó revisar 91 decretos firmados entre junio y julio de 2023, el especialista analizó solo una parte y evitó justamente los documentos que podían poner en duda la versión oficial. La Fiscalía buscaba probar que Boluarte firmó mientras estaba incapacitada tras una operación estética, pero el informe terminó favoreciendo su versión.
El Ministerio Público tenía como objetivo sustentar una acusación por abandono de cargo, omisión de funciones y falsedad genérica, siendo este último el más grave. Sin embargo, debido al retraso y deficiencias del informe pericial, la acusación se presentó incompleta ante el Congreso, lo que debilitó la posición del equipo fiscal.
Actualmente, el despacho del fiscal Hernán Mendoza evalúa posibles sanciones contra el perito Huapaya, mientras que otra unidad fiscal investiga si hubo coordinación irregular con el entorno de la presidenta para desactivar la imputación más comprometedora. Esta situación abre la puerta a una eventual reapertura del caso con nuevos elementos.
Peritaje incompleto y una cuestionable selección 'aleatoria' de decretos
El peritaje entregado por Huapaya no solo fue parcial, sino que fue realizado bajo criterios discutibles. En lugar de priorizar los documentos firmados en fechas críticas, eligió una muestra que evitó los días más controversiales, como el 29 de junio, cuando la presidenta estaba bajo cuidados postoperatorios.
Además, la muestra seleccionada fue justificada como “aleatoria”, un término que no suele usarse en análisis forenses de esta naturaleza. La elección de decretos de días en que Dina Boluarte sí estuvo en funciones sugiere una selección dirigida a validar su versión, más que a esclarecer dudas.
Los fiscales involucrados en la recolección de documentos señalaron que el informe final no reflejó el esfuerzo inicial por acopiar evidencia original de los ministerios. La expectativa era contar con un análisis exhaustivo que permitiera sustentar la hipótesis de falsificación, algo que finalmente no ocurrió.
Pericias privadas contradicen la versión oficial
Paralelamente, el cirujano Mario Cabani, también investigado en el caso, encargó peritajes independientes para reforzar su defensa. Estos informes, elaborados por peritos con experiencia judicial, concluyeron que al menos una de las firmas atribuidas a Boluarte en un decreto del Ministerio de Salud no le pertenece.
Los documentos cuestionados fueron firmados en fechas en las que la mandataria no se encontraba en condiciones físicas de hacerlo, según los propios testimonios recogidos por la Fiscalía. En uno de ellos, figura como lugar de suscripción la “Casa de Gobierno”, aunque la mandataria permanecía fuera de Palacio, en recuperación.
Además, otro informe detectó que una carta enviada por Boluarte a Cabani en abril, en la que se le entregaban 4.500 dólares, también contenía una firma presuntamente falsificada. Este hallazgo ha motivado a los fiscales a considerar una nueva línea de investigación que podría derivar en una denuncia adicional.(LA REPÚBLICA)