Actividades extractivas ilegales y plantas procesadoras de minerales están afectando el agua destinada para riego y consumo de la población en caseríos de la provincia de Sánchez Carrión. Además, ponen en peligro áreas turísticas de esa zona andina.
Las actividades de minería ilegal siguen causando un gran impacto medioambiental en la zona del cerro El Toro, Huamachuco, en especial por la acelerada expansión de labores mineras que está contaminando las fuentes hídricas y depredando el medioambiente en la provincia de Sánchez Carrión.
Son los pobladores que siguen poniendo en alerta sobre la presencia de nuevos focos de minería ilegal dispersos no solo en la zona minera de El Toro,también se expanden en áreas reservadasde esta provincia andina. Estas laboresafectan las cuencas de agua usadas para los campos de sembríos, así como para el consumo de los caseríos cercanospor el uso de insumos tóxicos en el proceso de extracción del mineral.
La laguna Sausacocha es una de las zonas que sigue bajo amenaza por el avance de las obras de una operación minera que no tendría autorización. A pesar de las denuncias de los lugareños, las labores no se han detenido y la ejecución de la nueva planta procesadora llamada La Minita S.A.C sigue en marcha muy cerca a esta área turística del ande liberteño.
Los autoridades de la comunidad sindicaron a Guillermo Gonzales como uno de los propietarios y a su cuñado, el cuestionado pastor evangélico, Oswaldo Alva Polo, quien es dueño de otra planta procesadora de mineral en el caserío de Shiracmaca, zona tomada por los mineros ilegales. Sin embargo, Alva quien una y otra vez intenta ser nombrado agente municipal, niega tener vínculos con esa operación minera.
En este sector, los mineros ilegales no tendrían ningún reparo en utilizar el agua destinada al consumo humano para procesar el mineral. Incluso se explota laboralmente a menores de edad y hasta mujeres. Aquí ningún poblador se atreve a denunciar por temor a las represalias.
Esto quedó en evidencia luego que varios pobladores de Shiracmaca fueron notificados por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad por estar presuntamente vinculados a la minería ilegal. Sin embargo, estos negaron estar involucrados y aseguraron desconocer a los dueños de esas labores mineras clandestinas ubicadas frente a sus viviendas.
Al respecto, Alva Polo responsabilizó al ente regional y a una empresa minera que opera en la zona de actuar de forma arbitraria y querer apropiarse de los terrenos. Ante esta aseveración, funcionarios de la compañía minera rechazaron las acusaciones.
“La empresa no tiene ningún interés en esa zona. No hay nada que explorar sobre esos terrenos que más bien son aprovechados por los mineros ilegales. Ellos compran pases sobre esos espacios para el robo de mineral en complicidad con los propietarios. Ese es un tema de la Gerencia Regional de Minería. Nuestra concesión, otorgada por el Estado Peruano, tiene los límites debidamente establecidos y regulados por los entes correspondientes”, indicaron de Summa Gold Corporation.
La minería ilegal ha afectado a la comunidad más allá del medio ambiente. En la parte social, esta actividad también se sostiene en la zona por el respaldo de líderes locales que a cambio de dádivas manipulan a la población para resguardar sus intereses.
“Nosotros de Shiracamaca estamos preocupados porque amenazan a quien no colabora con ellos. Hace unos días han querido golpear a la teniente alcalde y han insultado a su mamá. Ellos tienen el dinero porque pagan 20 soles diarios a nuestros hijos, se llevan el resto y no pagan impuestos. Encima tiene apoyo de las autoridades y los medios locales guardan silencio. Por eso no podemos hacer nada y esperamos que las denuncias de la Gerencia Regional puedan ayudarnos a erradicar esta actividad ilegal”, dijeron pobladores que no quieren a los mineros ilegales de la zona.
En tanto, el último lunes el Consejo Regional de La Libertad aprobó el informe de la Comisión Investigadora en relación a esta problemática de la minería ilegal en el Cerro El Toro y que recoge la necesidad de intervenir la zona, la cual ha sido escenario de una serie de muertes al interior de socavones ilegales, explotación de menores, tráfico de explosivos, entre otros delitos. (LA INDUSTRIA)