La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios imputa a los altos mandos haber montado una organización dedicada a vender a terceros petróleo y gasolina de uso exclusivo del instituto militar. Capturas se ejecutaron en unidades castrenses en Lima, Arequipa, Cusco y San Martín.
Dos generales de división y dos generales de brigada del Ejército fueron arrestados como parte de un megaoperativo de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, además de otros 17 oficiales y subalternos de la misma institución castrense, a quienes atribuyen formar parte de una organización criminal dedicada a la sustracción y reventa de combustible.
Las capturas se produjeron menos de un año después que fueron condenados a prisión los ex comandantes generales del Ejército César Reinoso Díaz y Edwin Donayre Gotzch por el mismo delito de robo de combustible y venta a grifos privados en beneficio propio y de sus cómplices.
El nuevo caso denominado por las autoridades 'Los Capos del Diésel', que se originó por investigaciones propias de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, y no por el sistema de control interno del Ejército, revela que no obstante la experiencia de los generales Reinoso y Donayre, el sistema de malas prácticas ha continuado en el instituto militar.
El general de división Augusto Villarroel Rossi se desempeñaba como comandante general del Comando Especial del Vraem desde enero de este año, hasta que en noviembre último fue pasado al retiro por renovación de cuadros. Miembro de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, a la que también pertenece Ollanta Humala Tasso, fue precisamente durante el gobierno de este que ascendió primero al grado de general de brigada y luego a general de división.
El general de división Carlos Mayca Vásquez asumió en la primera semana diciembre de este año la comandancia general de la III División del Ejército con sede en Arequipa. Es compañero de la promoción Héroes de Concepción de Antauro Humala Tasso. Durante el régimen de Ollanta Humala ascendió a general de brigada, y en 2017, en el gobierno del presidente Martín Vizcarra, alcanzó el grado de general de división.
Otro de los arrestados en la madrugada del domingo fue el general de brigada Moisés Chávez Farfán, quien actuaba como comandante general de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales, con sede en Tarapoto, San Martín. Y el general de brigada Jaime Llanos Barrón, quien actuaba como jefe del Estado Mayor de la IV División del Comando Especial del Vraem, en Pichari, Cusco.
De acuerdo con fuentes relacionadas con la investigación fiscal, el caso se remonta a 2013 cuando fueron identificados oficiales de mando medio y subalternos al mando de estos, quienes fueron sorprendidos sustrayendo combustible de dependencias militares de Lima, quienes sistemáticamente lo vendían a dueños de grifos confabulados.
Como el Ejército es una estructura vertical castrense, las autoridades entendieron que los oficiales de mando medio y los subalternos no actuaban solos sino en función del mandato de sus superiores, por lo que la investigación alcanzó a los niveles más elevados de la cúpula militar.
Mediante filmaciones, escuchas telefónicas y las declaraciones de colaboradores eficaces, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios pudo determinar que el esquema de corrupción alcanzaba otras reparticiones del Ejército en el país, lo que explica la detención de altos mandos de Arequipa, Tarapoto y el Vraem.
“Es un esquema de corrupción que se ha reproducido durante muchos años. Cambian las personas, pero el sistema se mantiene. Por eso el delito se repite una y otra vez. Es probable que las detenciones permitan descubrir si el robo de combustible también se ha registrado en otras divisiones o reparticiones militares. Es muy probable que sí”, dijeron fuentes vinculadas con la investigación.
Para la Fiscalía se trata de una organización criminal enquistada en el Ejército. El principal delito que se atribuye a los implicados es peculado doloso.
La operación se produjo a la víspera de la celebración del Día del Ejército, por lo que el alto mando se había desplazado a Ayacucho para cumplir con las actuaciones protocolares por la fecha.
En un comunicado oficial, el Ejército informó que la Comandancia General había dispuesto todas las facilidades para que las autoridades de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, por mandato judicial, cumpliera con las intervenciones, decomisos y detenciones.
Fue el 28 de noviembre último que el fiscal provincial titular Hugo Minaya Paulino requirió a la jueza Katya Cabanillas, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, la detención de los militares involucrados y el descerraje de sus respectivos domicilios. La juez Cabanillas dispuso el mandato el 5 de diciembre. El cumplimiento de la orden judicial estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor).
Este nuevo caso arrancó el 18 de abril del 2018, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur y agentes de la Dircocor sorprendieron al técnico EP Javier Culca Chate, y a los ciudadanos Armando Toro Oblitas y Daniel Martínez Oscorima, saliendo del grifo del Comando de Doctrina y Educación del Ejército (COEDE), en Chorrillos, en un vehículo que tenía acondicionado un tanque para 500 galones de combustible. Trasladaban el petróleo al grifo privado La Inmaculada, cuyos dueños lo comprarían.
Este incidente fue el hilo de la madeja que permitió destapar esta práctica corrupta que se repite al menos desde el 2013.
Una vez que las autoridades identificaron a la organización la denominaron 'Los Tíos del Diésel', pero al comprobar que estos actuaban en coordinación y complicidad con sus superiores, los rebautizaron como 'Los Capos del Diésel'.
También fue reportada la aprehensión del subteniente PNP Luis Chafloque Neciosup, asignado a la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila). Como toda organización criminal, los implicados tenían un infiltrado en la Policía.
La lista original comprende a 27 implicados, pero hasta al momento han sido atrapados 22: 21 del Ejército y uno de la Policía Nacional. También se intervino 55 domicilios. Se espera en el corto plazo más detenciones.(LA REPÚBLICA)
Los detenidos
