Víctimas de esa política de Estado aplicada durante el régimen de Alberto Fujimori esperan que las jueces sancionen a todos los responsables que estaban en lo más alto de la cadena de poder.
Consuelo Alonzo.
"Ahora vas a poder tener cinco o seis maridos", le dijo una enfermera con sorna a la piurana Laura Manchay (39), cuando apenas tenía 21 años y aún no sabía que la habían esterilizado.
Con dolor, recuerda que médicos y enfermeras la subieron a una camilla so pretexto de eliminarle los dolores de cabeza que la ampolla anticonceptiva le generaba, para luego aplicarle una "inyección" en la columna que la dejó "muerta de la cintura para abajo".
Inmediatamente le hicieron firmar un documento que no entendió por ser analfabeta, y minutos después vió cómo le cortaron su barriga para "hacerle un lavado de la sangre".
Por más que preguntó una y otra vez a los profesionales que la intervinieron en el Centro de Salud de Huancabamba nunca recibió respuesta.
Recién, seis meses después, se dio cuenta de que no podía ser madre otra vez, que la operación a la que la sometieron se trató de una ligadura de trompas, y por eso hoy desconfía tanto de los médicos que jamás ha regresado a una posta u hospital para aliviar sus dolores.
"Tengo miedo", se justifica la mujer que ya bordea las cuatro décadas.
A su lado, la cusqueña Micaela Flores (56), recuerda que hace 18 años una enfermera llegó hasta la puerta de su casa en Anta, hasta en tres oportunidades, y le dijo que fuera a la posta porque unos médicos llegarían de Lima para atender a los niños.
Así, creyendo que hacía bien, acudió con su hijo pequeño y su esposo al puesto de salud de Zurite y la subieron a una ambulancia con todas las mujeres que pudieron meter.
Su destino final fue el centro de salud Pampa Izcuchaca. Allí, Micaela y otras 30 mujeres fueron retenidas en contra de su voluntad en una sala a la que le "metieron candado".
Hasta ese momento no sospechaba nada, pero los gritos de las otras mujeres y su curiosidad la llevaron hasta uno de los ambientes en los que vio como "les cortaban la barriga".
Cuando quiso huir, dos hombres la arrastraron, la amarraron a una camilla, le pusieron un suero y horas después despertó sobre una frazada en el suelo y con dolor en el vientre. Sin que eso importara mucho, la subieron nuevamente a la ambulancia y la llevaron de regreso.
"Tienes que darle gracias a Fujimori. Más hijos ya no vas a tener", le dijeron.
Impugnación
Por esos hechos que consideran violatorios a sus derechos humanos, ambas esperan que el Poder Judicial actúe eficazmente y les otorgue "justicia, verdad y reparaciones".
Por ello, junto con la parlamentaria andina, Hilaria Supa, y el abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL), Sigfrido Florián, presentaron un recurso de impugnación, ante la Segunda Fiscalía Penal Supranacional.
Rossy Salazar, abogada de DEMUS, refiere que esperan que el fiscal superior formule una denuncia penal contra todos los responsables de esa práctica delictiva y dolosa; es decir, que incluya a los ministros de salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, así como al ex presidente Alberto Fujimori.
En caso de que ocurra todo lo contrario y se decida el archivamiento definitivo del proceso, la abogada explicó que a nivel de fiscalía todo ha concluido y por eso recurrirían de inmediato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para encontrar justicia.
Supa repudia archivamiento
La parlamentaria andina Hilaria Supa lamentó que esta sea la quinta vez que se pretende archivar el caso de las esterilizaciones forzadas que afectaron a las mujeres más pobres del pais.
"Repudio que esto ocurra a pesar de que hemos presentado 57 evidencias. Esto es discriminación. Hasta ahora no hay justicia y muchas mujeres víctimas siguen muriendo", subrayó.
El informe final de la Comisión Especial sobre las actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), en el que participó Supa, presentó como indicios de delito oficios que el ex ministro Marino Costa dirigió a Fujimori para manifestarle "las cifras con tendencia creciente" en la producción del servicio de AQV.
También señala que en Cusco se esterilizaron mujeres jóvenes con uno, dos hijos y hasta sin ellos.
Determinaron también que las esterilizadas eran –principalmente– mujeres analfabetas o con primaria incompleta. Tras las esterilizaciones forzadas fallecieron 18 mujeres por esa práctica en pésimas condiciones.(la república)
