Documentos del Ministerio de Salud y de las direcciones regionales del sector de los años 90 señalan que programa fue planificado con metas mensuales y anuales y el número de mujeres que debían ser intervenidas, aún sin consentimiento.
Elízabeth Prado
De acuerdo con la denuncia elevada por las víctimas de esterilizaciones forzadas ante la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima, existen pruebas contundentes que demuestran que esta práctica ejecutada durante el gobierno de Alberto Fujimori fue una política estatal de reducción de la población a través de la violación de derechos fundamentales.
Se trata de documentos oficiales del Ministerio de Salud y de las direcciones regionales de Salud que señalan hasta las metas mensuales y anuales que debían alcanzar.
A estas pruebas documentales se añaden múltiples pruebas de carácter testimonial, como las declaraciones que dieron médicos, enfermeras y técnicas. Además de los testimonios de las víctimas.
carta al presidente
Uno de estos documentos es la carta SA-DM-Nº0818/97 que el entonces ministro de Salud Marino Costa Bauer envió al ex presidente Alberto Fujimori y en la que le informa el cumplimiento del mencionado plan nacional.
"Para los primeros siete meses del año se ha alcanzado un acumulado total de 64,831 AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria), lo cual nos estima en 43% de la meta fijada en 150,000 para el 2007. Solo julio asciende a 12,635, ligeramente inferior a la de junio, que fue de 13,485, disminución que se explica por las semanas de Fiestas Patrias en las que no se hicieron campañas", le refería el ex titular de Salud.
presión para las metas
Otro documento habla sobre la captación de candidatas a la esterilización.
Es el oficio Nº97-CS.CH/salud reproductiva y planificación familiar que el Centro de Salud de Chiquián, en Áncash, cursa al director del Hospital de Apoyo de Recuay: "...se le hace llegar la programación de salida concerniente a la captación de candidatas AQV que se vienen realizando durante el mes de junio para la próxima campaña que se realizará el 17 de junio del presente año...".
En Piura se encontró el Memorándum Múltiple Nº036-1997-CTAR-RG-DRS-H-D de la Dirección Regional de Salud, que conmina al personal a llevar pacientes.
"...Se les comunica que deben captar dos pacientes para AQV durante el presente mes de octubre con el carácter de obligatoriedad. En caso contrario, se hará el informe correspondiente para rescindir su contrato, suspender su ampliación de horario e incluir todo en su legajo personal...", es la orden amenazante emitida en el documento oficial.
El plan nacional de esterilizaciones forzadas fijaba hasta el número de pacientes que los servidores de Salud debían llevar, tal como se lee en un comunicado de la Sub Región de Salud de Huancavelica: "...el personal nombrado deberá captar dos pacientes para AQV, el personal focalizado deberá captar tres pacientes para AQV mensual, personal CLAS deberá captar tres pacientes para AQV mensual...".
Estos documentos evidencian la existencia de decisiones superiores, que van descendiendo hasta instancias inferiores del sistema de Salud, para el cumplimiento de las disposiciones ministeriales.
La defensa legal de las víctimas de esta práctica violenta considera que estas y otras pruebas documentales permitirán al Ministerio Público determinan exactamente quién tomó la decisión y de qué manera se ejecutó esa decisión.
pruebas testimoniales
La aplicación forzada de este método anticonceptivo quirúrgico también se demuestra con pruebas de carácter testimonial. Se trata de declaraciones entregadas por los médicos, enfermeras y técnicos de los centros de Salud del interior del país, quienes se encargaron de ejecutar el plan de reducción de la población peruana.
Ellos precisan, sin espacio a las dudas, que fue una imposición que venía desde Lima.
Otras pruebas testimoniales son las que manifestaron las propias víctimas de la esterilización inconsulta.
En sus declaraciones se advierte que estas mujeres res fueron engañadas, coaccionadas, y amenazadas para llevar a efecto el proceso de esterilización.
Es notorio también que este plan de control de la natalidad fue dirigido hacia ámbitos donde había pobreza e ignorancia. El perfil determinado de personas-objetivo es claro.
Los delitos que el Ministerio Público investigará en adelante son secuestro, coacción, omisiones y lesiones seguidas de muerte.
De otro lado, ayer el Ejecutivo aclaró que no es una política actual del Estado la promoción de las esterilizaciones.
Los denunciados por las víctimas
La denuncia formulada ante la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima alcanza al ex presidente Alberto Fujimori y los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco, y Eduardo Yong Motta.
También a Jorge Parra, ex director del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1997-2000, y los que resulten responsables por la comisión del delito de lesiones graves en la modalidad de crimen de lesa humanidad.
Las denunciantes son Hilaria Huamán Huillca, Rudecinda Quilla Huamán, Serafina Ylla Quispe, Guillermina Huamán Hanampa, Victoria Huamán Hanampa, y otras.
Claves
En 1995, el Congreso de la República, a pedido del Ejecutivo, modificó la Ley general de Población para introducir la esterilización como método de planificación familiar.En el 2002, la comisión investigadora del Congreso determinó que las esterilizaciones se efectuaron desde 1995 sin normatividad acerca de cómo, cuándo, y por quién debían ser ejecutadas.
(la república)
