El caso expone las dificultades de los colegios para prevenir y atender situaciones de violencia entre adolescentes. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 1.198 reportes de violencia sexual entre escolares, un 32,6% más que el promedio del mismo periodo entre 2023 y 2025.
León aseguró que anteriormente había advertido sobre situaciones de bullying, hostigamiento y violencia dentro del entorno escolar. “Investiguen”, reclamó, al señalar que quienes intentan alertar sobre estos problemas no siempre son escuchados. La docente sostuvo que su preocupación no se limita al hecho denunciado esta semana, sino a la necesidad de revisar cómo se están abordando las situaciones de violencia que involucran a estudiantes.
“Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz (…) somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Lamento mucho que esto suceda, pero a veces uno habla y no nos escucha”, manifestó.
La preocupación también llegó a las familias. Un grupo de aproximadamente 20 padres permaneció este jueves en los exteriores del colegio, a la espera de reunirse con algún representante de la institución. Una madre manifestó que su hija tiene temor de acudir al plantel y cuestionó las medidas que, según su percepción, pueden adoptarse frente a los estudiantes involucrados en situaciones de violencia. “Mi hija me dice que tiene miedo de venir”, señaló otra madre de familia.
Los padres también expresaron su desacuerdo con las actuales disposiciones que regulan la convivencia escolar y anunciaron que un grupo de padres evalúa acudir al Ministerio de Educación para solicitar modificaciones a las normas que, según consideran, dificultan la suspensión de estudiantes involucrados en hechos de violencia. Estas afirmaciones corresponden a la posición de los padres y no constituyen una conclusión sobre el marco normativo ni sobre la responsabilidad de los adolescentes investigados.
Violencia sexual escolar registra un nuevo pico en 2026
La denuncia ocurrida en el Liceo Naval se produce en un contexto de incremento de los reportes de violencia sexual entre escolares. Según los registros de la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes, una cifra que representa un incremento de 32,6% frente al promedio registrado durante el mismo periodo de 2023, 2024 y 2025.
Los datos muestran además una tendencia ascendente desde mayo de este año, con agosto como el mes que alcanzó el mayor número de reportes dentro del periodo analizado. El comportamiento de esta estadística coloca nuevamente bajo discusión la capacidad de los colegios para detectar situaciones de violencia entre adolescentes, activar oportunamente los protocolos de protección y brindar acompañamiento psicológico tanto a las víctimas como a los estudiantes involucrados.
La plataforma SíseVe recoge reportes de presuntos hechos de violencia escolar, por lo que sus registros no equivalen necesariamente a casos con responsabilidad determinada por una autoridad judicial. Sin embargo, permiten dimensionar la cantidad de situaciones que llegan al sistema educativo y que requieren intervención institucional.
En este escenario, las declaraciones de padres y docentes del Liceo Naval plantean una preocupación que trasciende la investigación por el hecho ocurrido el 15 de septiembre: qué mecanismos de prevención y atención psicológica están funcionando dentro de los colegios y qué ocurre cuando las señales de violencia son advertidas antes de que una situación escale.
Para el caso específico del Liceo Naval, además, la UGEL 7 San Borja registra 763 casos de violencia escolar durante 2026, con 448 reportes concentrados entre junio y agosto y un pico de 159 casos en agosto. Esto sitúa la denuncia actual dentro de un escenario de violencia escolar que ya presenta una cantidad significativa de reportes en la jurisdicción educativa donde funciona el colegio.
Tres adultos acompañaban el traslado
En el caso del Liceo Naval, uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación entre las familias es que el hecho denunciado habría ocurrido durante el traslado de estudiantes en un bus escolar.
Sandra Ramos Flores, defensora adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, señaló que en el vehículo se encontraban tres adultos: el chofer, un docente y el entrenador que acompañaba a los menores. La entidad informó que viene supervisando las actuaciones de la Policía y del Ministerio Público, así como las medidas adoptadas dentro del colegio.
“Se van a evaluar más casos”, señaló Ramos Flores al referirse también a las denuncias planteadas por docentes.
La presencia de adultos durante el traslado será uno de los elementos que deberán ser esclarecidos por las autoridades. No corresponde, mientras la investigación se encuentra en curso, establecer responsabilidades a partir de este dato.
Diez adolescentes bajo investigación
La denuncia fue presentada luego de un hecho ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval. La familia de un adolescente de 16 años comunicó el presunto ataque y la Policía intervino posteriormente a diez estudiantes de quinto año de secundaria.
La Sétima Fiscalía de Familia de Lima Centro abrió una investigación preliminar por la denuncia de una presunta violación sexual en agravio del adolescente. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso, entre otras diligencias, que la víctima declare mediante cámara Gesell y que se recojan los testimonios de los diez menores retenidos, quienes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre.
La Fiscalía deberá establecer qué ocurrió dentro del vehículo y determinar la participación que habría tenido cada adolescente. La investigación se encuentra en una etapa preliminar y la intervención policial no equivale a una determinación de responsabilidad.
El caso también requiere preservar la identidad de los menores involucrados y evitar la difusión de información que pueda revictimizarlos o afectar el desarrollo de las diligencias.
El colegio anuncia medidas y la Marina separa a autoridades
El Liceo Naval Almirante Guise comunicó el 16 de septiembre a los padres de familia que tomó conocimiento del hecho y que viene realizando coordinaciones con las autoridades competentes. La institución calificó inicialmente lo ocurrido como un grave hecho de presunta agresión física y señaló que se produjo durante el traslado de una actividad deportiva.
El colegio aseguró que la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato no tienen cabida dentro de su comunidad educativa y que, de comprobarse responsabilidades, aplicará las medidas disciplinarias previstas en la normativa y su reglamento.
Sin embargo, un día después, la Marina de Guerra del Perú anunció una medida de mayor alcance. A través del Comunicado N.° 004-2026, informó que dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval mientras continúan las investigaciones.
La Marina sostuvo que rechaza cualquier acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de los estudiantes y precisó que la medida fue adoptada por la Dirección de Bienestar mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos. También indicó que colaborará con las investigaciones y que no tendrá injerencia sobre su desarrollo.
La separación anunciada tiene carácter preventivo mientras se determina lo ocurrido y no constituye una conclusión sobre la responsabilidad de las personas apartadas.
Protección para la víctima y seguimiento institucional
Mientras avanzan las diligencias, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que, mediante el programa Warmi Ñan, brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente de 16 años y a su familia.
El equipo multidisciplinario también participará en las diligencias que programe la Fiscalía. El MIMP exhortó a las autoridades a actuar con celeridad y debida diligencia.
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana también acudió a la dependencia policial para activar los protocolos de protección correspondientes. Su director, Cornelio Gonzales, señaló que la institución mantiene una posición de protección hacia todos los adolescentes mientras se esclarecen los hechos.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha puesto el foco en la atención de la víctima y en las condiciones que permitieron que el presunto hecho ocurriera dentro de un espacio bajo supervisión escolar.
Más allá de un caso policial
La investigación determinará si existió un delito, qué ocurrió dentro del bus y quiénes participaron. Pero la preocupación expresada por las familias y docentes coloca el caso en un escenario más amplio: el de la capacidad de las instituciones educativas para detectar, prevenir y atender oportunamente la violencia entre adolescentes.
Los 1.198 reportes de violencia sexual entre escolares registrados entre enero y agosto de 2026 representan una señal que trasciende un colegio específico. El incremento de 32,6% frente al promedio del mismo periodo de los tres años anteriores y la tendencia ascendente observada desde mayo plantean interrogantes sobre la capacidad de respuesta del sistema educativo.
El problema no termina necesariamente con la identificación de los responsables de un hecho concreto. También alcanza a los mecanismos de convivencia escolar, los canales de denuncia, el acompañamiento psicológico, la supervisión de estudiantes y la capacidad de docentes y directivos para advertir señales de violencia antes de que estas escalen.
En el Liceo Naval, las advertencias formuladas por una docente y la preocupación expresada por los padres colocan además el foco en la convivencia escolar y en el acompañamiento que reciben los adolescentes. La atención psicológica, los canales para comunicar situaciones de violencia y la capacidad de docentes y autoridades para identificar señales de alerta forman parte de una cadena de protección que debe funcionar antes de que un conflicto termine en una situación de mayor gravedad.
Mientras la Fiscalía esclarece los hechos y determina las responsabilidades que correspondan, el desafío para la comunidad educativa será evitar que la respuesta termine únicamente con la investigación de este caso. La magnitud de los reportes registrados este año plantea la necesidad de reforzar la prevención y la protección de los escolares como una tarea permanente, no solo como una reacción frente a una denuncia.(La República).