viernes, 28 de agosto de 2026

Gobierno de Keiko Fujimori oficializa intención de reducir la planilla estatal con incentivos económicos para trabajadores que renuncien

Reducción de la planilla estatal: Gobierno oficializa propuesta de incentivos económicos para renuncia voluntaria de trabajadores | Fuente: RPP

El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso incluye incentivos económicos para servidores que decidan dejar el Estado. Gobierno contempla hasta 10 mil renuncias voluntarias, con compensación equivalente a una remuneración y media por cada año de servicio. 

El Gobierno de Keiko Fujimori presentó oficialmente al Congreso su pedido de facultades legislativas, en el que incluye una propuesta para establecer incentivos económicos destinados a trabajadores públicos que decidan voluntariamente dejar sus puestos como parte de una reforma de modernización y reorganización del Estado. 

La medida ya había sido adelantada en un borrador del proyecto que ahora ya ha sido presentado al Parlamento. La redacción mantiene el planteamiento de crear un incentivo económico cuyo cálculo tendrá como referencia la indemnización aplicada en el régimen laboral privado.

“Establecer incentivos económicos de carácter voluntario, equivalente en su cálculo a la protección reconocida en el régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728, dirigido a los servidores que opten libremente por su salida, según la propuesta que se realice", se lee en el proyecto del Ejecutivo. 

El texto agrega que la delegación “no comprende, en ningún caso, la facultad de disponer el despido o destitución de los trabajadores que gozan de estabilidad laboral, cuya situación jurídica permanece resguardada”.

La propuesta forma parte de las facultades solicitadas en materia de reforma estructural, organización y modernización del Estado. El objetivo es reorganizar las entidades públicas, fortalecer la meritocracia y ordenar los recursos humanos del sector público. 

Uno de los puntos planteados es reorganizar la planilla estatal y sincerar las plazas que efectivamente son necesarias, en un contexto en el que dentro de una misma entidad pueden coexistir trabajadores bajo distintos regímenes laborales.

Actualmente conviven en el Estado servidores sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 (CAS), además del régimen del Servicio Civil establecido por la Ley 30057. 

¿Cómo funcionaría el incentivo a trabajadores que renuncien al Estado? 

La propuesta plantea un incentivo económico para los servidores que decidan voluntariamente desvincularse del Estado. Según la exposición de motivos, el beneficio se calcularía tomando como referencia una remuneración y media mensual por cada año completo de servicios, con un tope máximo de 12 remuneraciones. 

Por ejemplo, un trabajador público con una remuneración mensual de S/4.000 y 5 años completos de servicio podría recibir un incentivo equivalente a 7,5 remuneraciones, es decir, S/30.000. 

Si tuviera 10 años de servicio, el cálculo alcanzaría 15 remuneraciones, pero se aplicaría el tope de 12, por lo que recibiría S/48.000.El incentivo estaría dirigido a servidores bajo el régimen CAS a plazo indeterminado, trabajadores nombrados del Decreto Legislativo 276 y trabajadores del régimen 728 a plazo indeterminado. Sin embargo, el proyecto todavía no detalla el procedimiento para acceder ni precisa cómo o cuándo se realizaría el pago. 

Estos aspectos tendrían que ser desarrollados posteriormente en la norma que se emita al amparo de las facultades legislativas. La exposición de motivos remarca que la salida sería voluntaria y que la medida no contempla despidos ni destituciones de trabajadores que cuentan con estabilidad laboral. 

Para calcular el impacto fiscal de la medida, el Ejecutivo plantea escenarios de entre 2.500 y 10.000 servidores que podrían renunciar bajo este mecanismo. En el escenario de menor alcance, el costo del incentivo sería de S/220,1 millones, con un ahorro acumulado en tres años de S/291,9 millones. 

En el escenario más amplio, el costo ascendería a S/886,9 millones, mientras que el ahorro acumulado llegaría a S/1.180,4 millones.(RPP).