Exige cambios al planeamiento de la lucha contra la criminalidad y pide que los gobernantes articulen y coordinen más con el sector privado para ejecutar obras
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, visitó Trujillo para cumplir con una nutrida agenda, pero se dio un tiempo para hablar con Correo. Reveló que, tras sostener reuniones con empresarios locales, percibió temor y preocupación en ellos por la ola de extorsiones y crímenes que les impiden seguir creciendo. Se mostró en contra de las medidas adoptadas en Pataz para frenar la minería ilegal y propuso hacer una reforma en la lucha contra la criminalidad. A continuación los detalles.
¿Cuál es su apreciación sobre la
escalada de violencia en la región La Libertad, principalmente, por este
flagelo de la minería ilegal?
Esto está afectando a las empresas, sobre todo a los sectores micro y
pequeño. Hace poco estuvimos reunidos con empresarios y es la primera
preocupación que nos han hecho llegar. Definitivamente, esto viene como
consecuencia de mafias, de economías ilegales que son la fuente del delito. La
violencia se expande y llega a todos los sectores de la ciudad, a pesar de que
se generen en zonas alejadas de la región. Es un problema complejo, un costo
para el país que hay combatir de forma más eficaz.
En Pataz hay toque de queda y se
paralizaron labores mineras. ¿Qué opina sobre este punto?
No creemos que eso sea lo más acertado. Lo peor de esto es que ni
siquiera nos han dicho cuál es el plan. Si se hubieran parado las actividades
por 30 días y nos hubieran comunicado el plan y los resultados que se esperan
tener después de eso, en fin se podría evaluar. Pero han parado sin una
estrategia y eso no tiene sentido. De otro lado, ha quedado demostrado, en
diferentes lugares, que el toque de queda no da resultados.
¿Qué hacer entonces?
Fortalecer la inteligencia policial e invertir en infraestructura,
equipamiento y logística adecuada para hacer el seguimiento oportuno a las
economías ilegales y entrar a fondo a combatir el tema de la corrupción, porque
la hay en algunos agentes del Estado.
¿El toque de queda y paralizar
actividades se tiene que descartar en Pataz?
Eso tiene que revisarse. Acá tiene que haber un plan de trabajo y la
ciudadanía, que es la más afectada y percibe a la inseguridad como el problema
más importante del país, merece que el Gobierno le diga cuál es el plan.
Paralizar actividades sin decir qué es lo que voy a hacer, eso no es dable en
un país democrático.
Ahora bien, en provincias de la
costa el problema con la delincuencia no es menor, hay pequeños empresarios y
emprendedores afectados con la ola de extorsiones que prefieren no crecer para
evitar ser tan visibles.
Los empresarios nos han manifestado lo que usted me está comentando. No
quieren crecer más, no quieren evidenciarse porque incrementa la extorsión. No
nos olvidemos de que la micro y pequeña empresa son generadoras de trabajo y
nosotros que necesitamos emprender una cruzada por la formalización estamos
haciendo todo lo contrario, porque estamos incrementando costos y riesgos. Acá
hay que hacer una reforma y revolución al planeamiento de la lucha contra la
criminalidad. Si hacemos lo mismo, tendremos los mismos malos resultados. Los
micro y pequeños empresarios están muy atemorizados por lo que está sucediendo.
¿Qué importante es el aporte de
los gobiernos locales en esta lucha contra el crimen?
Creo que los gobernadores regionales e, incluso, los alcaldes tienen
responsabilidad con su ciudadanía y votantes. Tienen que hacer todo lo posible
por disminuir esta ola de criminalidad. Hay que articular, conversar y
coordinar con el Gobierno y también con el sector privado para ejecutar obras.
Tienen que poner toda su atención en este problema.
Pero los gobiernos locales han
evidenciado que no tienen capacidad de gasto y se muestran lentos para invertir
en los diversos sectores, sobre todo en seguridad. ¿Cómo mejorar eso?
Tenemos un sistema de contratación pública que no ha funcionado. Ahora hay mejoras con una nueva ley que tiene mecanismos más ágiles y creo que eso se puede ir perfeccionando. Otro tema que debemos controlar es, precisamente, a la Contraloría, pues ha tenido demasiado injerencia en la obra pública, dando opiniones que no permiten avanzar. Ha jugado un papel nefasto que ha atemorizado a los funcionarios a tomar decisiones y ha influido en la paralización de muchas obras. Obviamente, hay corrupción, pero la forma de perseguirla no es la más adecuada. (CORREO)