Por: Dionicio Mantilla León
Después de 15 horas de intenso y candente debate el Congreso de la República aprobó el miércoles último la cuestión de confianza solicitada hace unos días por el Gobierno a través del Premier Salvador del Solar. El resultado fue 77, a favor; 44 en contra y 3 abstenciones. Un debate que tuvo como marco visible los cálculos y odios políticos, y las ofensas entre congresistas y de los fujimoristas y apristas contra el gobierno. Concluyó así el clima tenso que vivió el país por la posible disolución del Congreso de no lograrse la aprobación de la referida cuestión de confianza a los proyectos de reforma política. ¿Pero, pasado el susto se respetará la esencia de las propuestas? Con los antecedentes conocidos creo que no, por ello a estar alerta.
Una reforma que estaba condensada en 2 propuestas de reforma constitucional y 4 proyectos de cambio de leyes orgánicas. En cuanto a las primeras: El primero, que prohíbe que personas sentenciadas en primera instancia por delitos comunes puedan ser candidatos y, el segundo, que sea una institución autónoma la que levante la inmunidad parlamentaria y no el Congreso para evitar así los blindajes. Los proyectos de cambio de leyes orgánicas son: El 1*, que dispone la anulación del voto preferencial; 2*.- Que los candidatos sean elegidos por militantes y ciudadanos en general en actos abiertos; 3* El registro de 14,000 afiliados como requisito para constituir un partido político y, 4* La prohibición del financiamiento ilícito a los partidos políticos.
El valor de estas propuestas que reformaría de manera sustantiva la manera de hacer política en el país es evidente; empero, por razones obvias, no podían ser aceptadas por los políticos pues perderían mucho por lo que impiden su pase dedicándose a provocar la ira del gobierno el mismo que “pisó el palito” incurriendo en varios errores formales. Es así que, según el mismo Premier, la indignación se produjo a raíz del desdén con que la Comisión de Constitución presidida por la Congresista Fujimorista Rosa Bartra trató el proyecto de Reforma Constitucional sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, comisión que, sin escuchar la respectiva sustentación del Premier, sencillamente lo archivó, pero lo que les llamó la atención es que después de esta ilógica actitud se le llamó insistentemente al Premier para que lo sustente.
El otro factor que “incendió la pradera” fue el blindaje descarado del fujimorismo y el APRA al cuestionado Fiscal Pedro Chávarry a quien la Fiscalía le imputa pertenecer una organización criminal, pero para esos políticos “no existen elementos de convicción para ser investigado”, convirtiéndose así en “más papistas que el Papa”.
Los resultados del debate de la reforma política en favor del gobierno eran fáciles de intuir si consideramos que no es sencillo tener que perder los muchos beneficios y gangas que tienen nuestros congresistas: Poder político, beneficios económicos, status social, (14 meses de sueldo (26,000 c. u.) y bonificaciones, seguro social especial, secretarios, asesores, viajes al extranjero, vacaciones, etc). Como no todo es absoluto posiblemente haya habido algunos congresistas que han votado por conciencia, pero la mayoría lo ha hecho por conveniencia incluso los 33 fujimoristas que votaron a favor.
Otros votaron en contra por razones de estrategia política como los del Frente Amplio y Nuevo Perú, pero no los del Apra que, experimentados como son, votaron en contra porque sabían que sus 5 votos no cambiarían el mapa de los resultados pues de darse la disolución hubiese significado su desaparición política.
En realidad, en esta coyuntura los dos poderes del Estado, Congreso y Ejecutivo, han incurrido en yerros el primero por poner trabas y el segundo por no emplear las formas adecuadas para tratar temas tan sensibles como la Reforma Política. Es verdad que el Congreso no está sujeto a mandato imperativo y el gobierno debía tenerlo en cuenta, pero es verdad, también, que la mayoría congresal no puede actuar como un Poder omnímodo, enmendándole siempre la plana a la Fiscalía, Poder Judicial y Poder Ejecutivo.
Nadie puede objetar, además, que en el seno del Congreso se blinda a personajes corruptos, que en su seno existen personajes mediocres, que no existen estadistas, ni líderes auténticos, que si bien se cumple con su labor de fiscalización su labor legislativa es deficiente pues varias leyes aprobadas son banales. Por ende, no le falta razón al pueblo desaprobar, a través de las encuestas, a este Congreso con un 95% lo que significaría su pérdida de legitimidad.
Por el bien del país urge elevar el nivel de desempeño de todos los poderes del Estado comenzando por el Congreso de la República.