LA VACANCIA PRESIDENCIAL DE PPK:
Por: Dionicio Mantilla León
“El Presidente debe dar un paso al costado por tener evidencias de actos de corrupción y por haber mentido al país”. ”Yo no voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna”. Dos declaraciones, la primera de Keiko Fujimori y la segunda del aludido, el Presidente de la República, PPK, ambas, avivando el incendio de la pradera política que de por si luce muy devastada. Un escenario, que se desea ubicar, ante la negativa de renuncia, dentro del contexto constitucional señalado en el artículo 113 que estipula la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”.
Una propuesta de vacancia (la segunda) que comenzó a gestar el Frente Amplio luego del indulto a Alberto Fujimori en momentos en que la mayoría de líderes partidos políticos son acusados de supuestas de coimas de parte de ODEBRECHT entre los que se encuentran incluidos Keiko y PPK. La primera, por haber supuestamente recibido, a través de dos de sus dirigentes y la CONFIEP, 1’200,000 dólares y, años atrás, cuando era Primera Dama del gobierno de su padre, 10,000 dólares, y , el segundo, por recibir 300,000 dólares, o sea, los dos igual de protagonistas del mismo tema.
¿Es lícita la vacancia? ¿Conviene a los intereses del país?
Nadie duda que constitucionalmente la vacancia presidencial es procedente cuando hay motivo que lo amerite. ¿En este caso, es así? Creo que no y no lo está porque si bien el Congreso tiene facultad para fiscalizar no puede sentenciar “a priori” adelantando opiniones de vacancia basadas en informaciones periodísticas, sin que la Comisión congresal Lavajato haya a arribado a conclusiones y, peor aún, sin que el Ministerio Público haya iniciado un proceso investigatorio y, menos aún, emitido sentencia judicial.
Una acción de vacancia sin el debido proceso y un debate con resultado anticipado y votos movidos por “estrategias políticas” es faltar el respeto a la Democracia. Esto procedería si hubiera falta constitucional flagrante como sí ocurrió con Alberto Fujimori que huyó al Japón robándose millones de soles y dejando al país sin rumbo; también, se aplicaría en el caso del primer gobierno de Alan García cuyos delitos fueron debidamente comprobados y, peor aún, que huyó al extranjero a la espera de la prescripción de sus delitos. Fujimori y García envueltos en la maraña de la corrupción hoy, coincidentemente, sus partidos se han convertido en los acusadores y condenadores de coimeros.
Este aserto no significa que PPK no haya incurrido en corrupción sino que hasta hoy no existen conclusiones formales del mismo Congreso ni Poder Judicial y, tal como señaló el Presidente de la Comisión Episcopal, Mons. Miguel Cabrejos, “¿Algunos de los acusadores tiene autoridad moral para acusar al Presidente?”. ¿Acaso Keiko y Alan García no han sido denunciados, últimamente, también, por Jorge Barata de haber recibido coimas? ¿Quién está libre de culpa para tirar la primera piedra? ¿No es injusto que dichos líderes sigan gozando de libertad mientras Ollanta y Nadine vienen siendo investigados en prisión preventiva por la presunción del delito de lavado de activos, del que se les imputa a aquellos?
Lo correcto hubiese sido esperar el término de las investigaciones de la Comisión Lavajato y de las investigaciones y, consecuente sentencia del Poder Judicial que daría paso a una remoción del cargo seguida de prisión. Proceder como se viene haciendo sienta un mal precedente y da paso a la sospecha de que el móvil es evadir las acusaciones de corrupción de quienes no miran las repercusiones negativas que conlleva esto para el futuro del país.
Reiteradamente hemos sostenido que PPK no es el Presidente ideal que el Perú necesita por carecer de un plan de trabajo acorde al interés nacional, falta de liderazgo para afrontar los grandes problemas nacionales, su práctica lobista, accionar pro empresarial y su carencia de cuadros de gobierno, pero la ciudadanía lo eligió a él en lugar de la otra opción, Fuerza Popular, por el temor a sufrir una nueva dictadura, con cuadros gubernativos cuestionados por corrupción, con mandos gubernativos dinásticos y un pasado muy cuestionado. Luego de transcurridos dos años, el accionar de ambos se ha visto agravado por el lodo de la corrupción destacando, empero, el manejo dictatorial de quienes lideran hoy el Congreso de la Republica.
El próximo jueves 22 será la jornada democrática en donde se decidirá el futuro de la Presidencia de la República esperando se conduzca por la vía de la verdad, el respeto mutuo y pensando en los intereses del país.
Que se vayan todos.