Jueces de paz, notarios y registradores se prestan para accionar delictivo. Por detectar casos, grupo criminal colocó granada de guerra y secuestró al jefe de Odecma.
Jefe de Odecma alertó sobre presencia de grupo cercano a funcionarios.
Trujillo. Se trata de una mafia que opera a todo nivel, tal como la que encabezó en Lima el prófugo abogado Rodolfo Orellana. Como un pulpo, desde hace dos años, una organización criminal viene [censurado]trando en diversas instituciones del Estado para apoderarse de bienes muebles e inmuebles que no le pertenecen. Las actividades ilícitas las ejecutan de la manera más burda: falsificando la firma de personas fallecidas o desahuciadas. Para ello cuentan con aliados de toda calaña, como delincuentes; pero también de saco y corbata, como abogados, funcionarios de los Registros Públicos y jueces quienes le han permitido hacerse de cuantiosas propiedades.
La alerta sobre este accionar hamponesco la dio el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Manuel Luján Túpez, quien a través de las inspecciones que ejecuta a diario ha podido detectar a jueces de paz no letrados que se han prestado para estas ilegalidades.
Explicó que, a través de estas autoridades locales, la banda ha podido obtener documentos que le han permitido “legalizar” las pertenencias usurpadas. “Buscan un juzgado de paz y convencen a los jueces para que hagan desde contratos privados hasta escrituras públicas de la compra o venta de diferentes bienes. Los jueces hacen esto a pesar que no son competentes, de acuerdo a ley, para hacer este trabajo. En algunos casos recurren a las notarías”, indicó.(la industria)