Por: Mg. Jorge Apolitano Rodríguez
El caso de corrupción en el Gobierno Regional de Ancash han salido al descubierto, luego de las muertes en serie por los protagonistas (autoridades y funcionarios) que han cometido actos de corrupción para entornillarse en el poder y para esto sus tentáculos han venido operando desde hace años como si nada hubiese pasado, sobre valorizando los precios en las obras publicas y compras, así como planillas fantasmas, etc.
Sin embargo la pregunta nos hacemos que hubiera pasado, sino hubiesen ocurrido estos hechos de sangre y violencia. Todo hubiese ha sido convalidado. Que paso con la Oficina de Control Interno (OCI) de esta región que depende de la Contraloría General de la Republica, nunca detectaron nada, ni siquiera un indicio de corrupción.
Lo que pasa, que este organismo no vienen cumpliendo su labor de prevención y de fiscalización, porque la mayoría que trabajan son personal contratado que dependen de los presidentes regionales y alcaldes que muchas veces ponen a su gente para que no hagan nada y más bien se hagan amigos de los responsables de las OCI, el único funcionario que es pagado con dinero de la CGR.
La Contraloría General de la República (CGR) debe asumir el pago directo de los funcionarios de control interno de las municipalidades, para que haya una independencia en el accionar contra la corrupción y debe evitar que los funcionarios que trabajen en dichas oficinas no dependan de los presidentes regionales y alcaldes.
Al interior de cada municipalidad existe un funcionario que depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República, pero depende económicamente de la propia municipalidad y de las decisiones del alcalde. Así no se puede avanzar en nada para combatir este flagelo de la corrupción.
Existen 2,329 entidades del estado, con más de un millón de empleados y con más de 100 mil millones de soles de presupuesto, donde hay más 200 mil licitaciones y contratos anuales, pero el control es poco por parte de la CGR y de las OCI. El estado debe dotar más personal e independizar dichos organismo con los políticos y funcionarios.
Mientras continúe esta dependencia económica los problemas de corrupción continuarán, por eso la Contraloría debe asumir las remuneraciones de estos funcionarios. La CGR ha reconocido que anualmente por actos de corrupción el estado pierde alrededor entre 8 mil a 10 mil millones de soles anuales.
Finalmente, no se puede permitir que en la región La Libertad los pagos a los empleados públicos contratados que tienen más de 10 años de servicios se los maltrate al pagarles sueldos míseros (1,000 soles), sin embargo allegados de los funcionarios les pagan sueldos fabulosos y dorados (3,000 hasta 20 mil soles), este caso, también es corrupción porque el dinero es del estado y no privado. Sin embargo la OCI, la CGR, y la defensoría del pueblo, su deber es prevenir y denunciar estos hechos, son mutis y oídos sordos.