Son profesores y también trabajadores administrativos que laboraban en 790 instituciones educativas públicas y 125 privadas.
Entre el 1 de abril de 2024 hasta el 8 de mayo de 2025, un total de 915 docentes y trabajadores administrativos fueron separados de instituciones educativas en Perú por tener condenas o procesos judiciales en curso por delitos graves como violación, terrorismo y narcotráfico. Según cifras del Ministerio de Educación (Minedu), se trata de 781 docentes y 134 trabajadores administrativos que estaban en actividad en 790 colegios públicos y 125 instituciones privadas.
De este total, 155 trabajadores con condenas emitidas por el Poder Judicial fueron retirados de manera definitiva. Los otros 760, que tienen procesos judiciales en curso, han sido separados preventivamente de sus cargos mientras se resuelve su situación legal. Del total de 915 personas separadas, la gran mayoría —772 casos— corresponde a delitos de violación a la libertad sexual.
Dentro de este grupo, 665 son docentes y 107 administrativos. Las separaciones se aplicaron tanto a personal con sentencia como a aquellos con procesos abiertos. Además, 63 personas (52 docentes y 11 administrativos) fueron apartadas por delitos vinculados al terrorismo o a la apología del terrorismo. Otro grupo de 22 personas (18 docentes y 4 administrativos) fue retirado por estar involucrado en casos de tráfico ilícito de drogas.
La separación del personal docente y administrativo se enmarca en la Ley N° 29988, que establece medidas excepcionales para quienes estén implicados en delitos como terrorismo, violación a la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas. Esta norma fue promulgada con el objetivo de proteger a los estudiantes y garantizar entornos educativos libres de riesgos.(N60)