El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Estado peruano no aprobar la norma impulsada por el Congreso que amplía las competencias de la jurisdicción militar-policial. El organismo advirtió que los casos de presuntas violaciones de derechos humanos deben ser investigados y juzgados por tribunales ordinarios, independientes e imparciales.
Organismos de derechos humanos cuestionan proyecto aprobado por el Congreso
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) alertó que la iniciativa representa el retorno de mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), favorecieron la impunidad durante el conflicto armado interno. En un editorial, recordó que el Informe Final de la CVR concluyó que la actuación de la justicia militar en casos de violaciones de derechos humanos permitió que numerosos procesos terminaran sin sanciones efectivas para los responsables.
La institución también cuestionó que el proyecto amplíe la definición de delito de función y permita que hechos cometidos por policías y militares durante estados de emergencia sean conocidos por tribunales militares. A juicio del IDEHPUCP, la propuesta forma parte de una serie de medidas impulsadas en los últimos años que reducen los mecanismos de control sobre agentes estatales y debilitan la rendición de cuentas.
Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la norma es inconstitucional y contradice criterios establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que desde 2004 existe un precedente que determina que delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria.
Rivera advirtió que el proyecto modifica de manera sustancial el concepto de delito de función y abre la posibilidad de trasladar a la jurisdicción militar-policial hechos que actualmente corresponden al fuero común. Para el abogado, la propuesta se suma a otras iniciativas aprobadas por el Congreso que, según indicó, favorecen escenarios de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la aprobación del proyecto en primera votación y afirmó que la jurisdicción militar tiene un carácter excepcional que no debe extenderse a delitos comunes. En un pronunciamiento público, la organización señaló que la ampliación de competencias del fuero militar-policial contradice estándares reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La CNDDHH sostuvo además que la medida debilita la rendición de cuentas y podría dificultar el acceso a la justicia para las víctimas. Según la organización, trasladar este tipo de casos fuera de la justicia ordinaria genera mayores riesgos de impunidad y afecta las garantías de protección de los derechos humanos.
Roberto Sánchez rechaza ley y afirma que no responde a estándares democráticos
Por su parte, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó su rechazo a la propuesta y cuestionó que policías y militares sean retirados de la jurisdicción civil para ser sometidos a tribunales militares. Consideró que una medida de esa naturaleza no corresponde a los estándares democráticos que deben regir en el país.
Sánchez afirmó que el Perú necesita fortalecer la protección de los derechos humanos y recuperar estándares democráticos en las instituciones públicas. "Que la Policía Nacional y el Ejército, en el marco de su actividad, sean hoy quitados del foro civil y sean sometidos al foro militar, eso no es un estándar de la democracia", declaró. Asimismo, sostuvo que la norma no contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho ni beneficia al país.(La República).