Por: Dionicio Mantilla León
Nuevamente la minería huamachuquina hace noticia a nivel nacional. En esta oportunidad, no se trató de un daño al medio ambiente, sino de un accidente como resultado de una negligencia cometida que dejara un saldo de 8 muertos y varios heridos. El escenario, el cerro El Toro el cual, en su superficie, pareciera ya un lugar fantasmal, pero por dentro, aún se viene extrayendo sus últimos recursos mineros como decir que “se le está sacando las últimas gotas de sangre al muerto”.
Según las primeras investigaciones el fatídico accidente se habría producido el sábado último por la explosión realizada en la superficie por la empresa minera Los Andes Perú Gold SAC mientras en los socavones de la parte interior del mismo cerro mineros artesanales se encontraban trabajando sin ninguna medida de protección. La referida explosión habría producido el afloramiento de gases tóxicos en lo socavones produciendo la muerte de 8 mineros.
Como es conocido las desgracias en el cerro El Toro son muy frecuentes y se viene produciendo por la negligencia de las mineras formales existentes en el lugar y el accionar de los mineros informales quienes laboran al margen de los lineamientos preventivos señalados por la ley lo que deviene en el uso indiscriminado de sustancias tóxicas como el cianuro, pero los mineros informales no lo hacen directamente sino que trabajan para mafias que han instalado cientos de pozas de cianuro, explotan a sus trabajadores y no les proveen de los implementos de protección.
Todos somos conscientes de las consecuencias negativas que trae en nuestra región el accionar minero irresponsable en la contaminación ambiental sobre todo en las aguas por los relaves que en el caso de nuestra región afecta varios pueblos de nuestra provincia y contamina las aguas de los ríos y, consecuentemente, perjudican el agro, ganadería, piscicultura y la salud de los habitantes de los pueblos aledaños.
La minería constituye una fuente importante de ingresos de nuestra economía y nuestro deber como peruanos es fomentarla siendo un deber del Estado incentivar la inversión privada; sin embargo, hasta la saciedad se viene reclamando que los grupos mineros ilegales e informales se legalicen y formalicen siendo motivo para no hacerlo, según afirman los engorrosos trámites impuestos por el gobierno.
Nuestra zona andina (Bolívar, Pataz y Sánchez Carrión) es pródiga en recursos mineros, pero resulta indignante que existan 20,000 mineros informales y que no exista una filial de la Fiscalía del Medio Ambiente cuya presencia serviría para enrumbar mejor la labor minera dejándose extrañar, asimismo, la presencia de los funcionarios de la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad que sólo aparecen cuando hay conflicto o accidentes como el presente.
Aparte de la formalización de la minería informal mucho se ha hablado del Ordenamiento Territorial (OT) impulsado por el gobierno de Ollanta Humala el cual se encuentra detenido por la exigencia de la elaboración de una Zonificación Ecológica Económica y la elaboración de estudios especializados. Dicho Ordenamiento Territorial serviría para lograr un modelo de desarrollo minero sostenible en armonía con los proyectos de desarrollo económico y de infraestructura así como de la conservación del medio ambiente; empero, esto es solo una ilusión.
Ojalá que esta tragedia sirva para que nuestras autoridades despierten y tomen mayor interés en atender este importante sector de nuestra economía. En este sentido, las autoridades regionales encabezadas por el Gobernador Regional, Manuel Llempén, han acordado solicitar al gobierno nacional la interdicción del cerro El Toro, es decir, una sumaria Investigación, sanción a los mafiosos y la eliminación de los insumos nocivos. Los liberteños estaremos a la espera de respuesta.