el papel del estado. Es probablemente uno de los más cuestionados. Interviene cuando arde troya sostienen analistas. La falta de diálogo polariza las posiciones.
Elmer Mamani. Arequipa
El conflicto por Las Bambas estalló a fines de setiembre ante la indiferencia del Ejecutivo nacional. En cuestión de cuatro días, la violencia se desató en Cotabambas (Apurímac) en medio de un paro indefinido de comunidades que exigían que MMG Limited, dueña del proyecto minero, explique las modificaciones que realizó en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El choque entre pobladores y policías en las laderas de los cerros dejó tres muertos y más de una docena de heridos.
De igual forma, en el valle de Tambo, franja agrícola de la provincia arequipeña de Islay, la violencia creció como una bola de nieve. La protesta contra Tía María, proyecto cuprífero de la empresa Southern, se fue calentando a medida que pasaban días y meses dentro de una huelga sin tregua (3 meses de paro). El resultado fue: tres civiles y un policía muertos.
ARDE TROYA
En ninguno de estos casos, el Gobierno halló la fórmula para apagar la convulsión social. ¿Falta de reacción o puro desinterés en atender los conflictos socioambientales?
Para el analista político Carlos Timaná, el mandato de Ollanta Humala se caracterizó sólo por atender los reclamos cuando ya “ardía Troya”. “Hay una gran vocación en defender todo el tiempo a Nadine Heredia (primera dama y esposa de Humala) de acusaciones, (antes) que en solucionar los conflictos en el interior del país”, anotó.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, de setiembre de 2014 a setiembre de este año, se han registrado 18 muertes en enfrentamientos. Casi dos víctimas por mes. Además se han reportado 866 heridos. La misma entidad tiene identificado un total de 214 conflictos sociales, repartidos en las 24 regiones del país.
De esa cantidad, el 66% tienen que ver con asuntos ambiental, es decir, ligados a actividades extractivas. Las regiones de Apurímac y Áncash son las que más descontento arrastran con 22 y 20 conflictos, respectivamente.
"Los conflictos sólo son malos cuando derivan en violencia”, precisa José Luis López Follegati, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. Precisó que siempre van a existir controversias entre la población, el Estado o el empresariado.
Lo que advierte es que existe una mayor polarización porque no hay voluntad para dialogar a fin de resolver las discrepancias. “Sentarse a dialogar y negociar es lo primero a lo que debe apostar el Estado”.
Poco diálogo
Algo más. El Estado suele demorar demasiado para solucionar las protestas, sobre todo cuando se trata de comunidades alejadas. Hasta setiembre se han apagado sólo 14 conflictos, casi 2 al mes. Sin embargo, en este mismo periodo, surgen en promedio cinco nuevos conflictos.
Precisamente en setiembre han aparecido reclamos socioambientales en las regiones de Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Cajamarca y la Libertad.
En el 64% de conflictos, el Gobierno Nacional es el responsable de resolverlos directamente. Sin embargo, apenas se abrió el diálogo en 78 de los 214 existentes, es decir, en menos del 36%.
Para Timaná la frecuencia de conflictos se incrementó desde la asonada contra el proyecto Conga (2012). “Hay una preocupación y lucha de los comunidades por defender el agua y de proteger su producción agrícola y ganadera”, sostuvo.
Por su parte, López Follegati indicó que se dio un paso para resolver con más premura estos reclamos, con la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2011. Agregó que este órgano deberá diseñar estrategias para la prevención y resolución de los conflictos en ciernes. ß(la república)