domingo, 14 de septiembre de 2014

Ocho implicados en caso "narcocarbón" van a la cárcel


Trujillo.- Las ocho personas -dos mexicanos y seis peruanos- detenidas por estar involucradas en el decomiso de 7 toneladas y media de clorhidrato de cocaína el pasado 25 de agosto, en un depósito del sector Valdivia Baja (Huanchaco), ya se encuentran en la cárcel.

Esto luego de que el Poder Judicial aceptara el pedido del Ministerio Público de que se les interne como medida preventiva, por un periodo de 18 meses.

La audiencia tuvo lugar el último jueves al mediodía y duró hasta las 8:30 de la noche, es decir más de ocho horas, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Nacional, a cargo de la jueza Mercedes Caballero.

LOS DETENIDOS. Como se recuerda, como parte del operativo "Carbonero" se detuvo a los compatriotas y secuaces del prófugo narcotraficante Rodrigo Torres, alias "Lic" o "El Duro". Estos son Rubén Larios Cabadas (33) y Josef León Gutiérrez.

El letrado que lleva el caso, Manuel Castro, quien forma parte del equipo especial contra el crimen organizado de la Fiscalía de la Nación, expuso sus argumentos para solicitar los 18 meses de cárcel preventiva. Los extranjeros manifestaron en su momento su inocencia. Rubén Cabadas aseveró que arribó a nuestro país para unirse en matrimonio con la joven trujillana Vania Ximena Orrego Cruz (22), y su compatriota indicó que vino al Perú para asistir a la boda en cuestión.

Respecto a ello, cabe indicar que en la edición del pasado 27 de agosto se publicó en Correo el edicto matrimonial del mexicano y la trujillana, no obstante, ambos señalaban que residían en un inmueble ubicado en la manzana 66, lote 4, del sector Gran Chimú (Huanchaco). Cuando buscamos dicha casa resulta que en la cuadra en cuestión no existe a simple vista el lote 4.

LOS PERUANOS. Entre los detenidos peruanos se hallan Carlos Manuel Mendoza Rodríguez y José Luis Tinta Jara, quienes figuran como los gerentes de las empresas utilizadas por la red de narcotráfico para exportar la droga a Europa: "Alfa y Omega Comercializadora y Distribuidora - Perú S.A.C" y "Betas Andinas del Perú S.A.C.". A estos sujetos se les decomisó un vehículo de placa C2A-388 y de M1V-179, respectivamente.
Cabe referir que en un inicio el gerente de la empresa "Alfa y Omega" era nada menos que el prófugo Rodrigo Torres.

Completan la lista, los hermanos Néstor Porfirio y Tadeo Uriel Herrera Villanueva, David Ishar Pantoja Campos y Cornelio Villanueva Melendres. Cabe indicar que a excepción del trujillano Carlos Mendoza Rodríguez, el resto de peruanos provienen de Huacrachuco (Huánuco), zona donde prolifera el tráfico de cocaína.

La Fiscalía basó sus argumentos en el trabajo de inteligencia y seguimiento que realizó un grupo de agentes de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) para desbaratar a la organización, en el que se comprueba la relación existente entre los detenidos con el capo Rodrigo Torres, los envíos de dinero para poner en marcha la operación, la ridícula ganancia que genera la exportación de la piedra de carbón (300 dólares por tonelada), las grabaciones, etc.

CLAMA SU INOCENCIA. Delia Elizabeth Rodríguez, viuda de Mendoza, madre del trujillano implicado en el caso "Narcocarbonero", Carlos Mendoza Rodríguez, manifestó formalmente (a través de una carta) que hasta el momento aún no se ha demostrado fehacientemente que su hijo sea culpable del delito de tráfico de drogas, y en otras palabras, que sea parte de la organización que pretendió exportar droga de alta calidad a España y Bélgica.

Refiere que se está perjudicando la imagen de su familiar al mencionar su nombre y mostrar su fotografía en las noticias relacionadas al caso. La madre indica que tal circunstancia pone en riesgo la integridad física de Carlos Mendoza y de sus familiares, puesto que el caso es muy delicado.

En procura del bienestar personal y familiar solicita que los medios se abstengan de realizar o propagar informaciones, comentarios, o videos de la investigación, puesto que aún se encuentra en etapa indagatoria.

Para tal pedido se ampara en el artículo II del código procesal penal, el que precisa: "Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada".(correo)