¿Quién es Óscar Mollohuanca?
El alcalde de Espinar, sindicado por el gobierno como instigador de la violencia registrada allí y hoy recluido en el penal de Cachiche, es un líder representativo y respetado en su provincia, por lo que la ‘mano dura’ del gobierno entrampa el conflicto cusqueño. Las medidas judiciales para encarcelarlo también son cuestionadas por organismos de derechos humanos.
Por RAÚL MENDOZA/
La señora Judith Mollohuanca ha viajado más de 800 kilómetros desde el Cusco para poder ver a su hermano Óscar, el alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, recluido en el penal de Cachiche, en Ica. Él fue llevado tan lejos que, por ahora, esta mujer es la única de la familia que permanece en esta ciudad para dejarle alimentos, estar presente en cuanto trámite se deba hacer junto a los abogados y demandar su liberación. No tiene problema en pararse en las afueras del presidio con un cartel que dice: “Óscar Mollohuanca, Libertad”, bajo un sol inclemente y sobre un terral de arena muerta que se pega a los zapatos y la ropa.
En los exteriores del penal no hay prensa buscando novedades por estos días. Parece que después de todo el revuelo y conmoción causados por las protestas de la población de Espinar contra la minera Xstrata Tintaya, hoy importa poco el hecho de que el alcalde cusqueño esté recluido ahí. Él ocupa una celda de poco más de veinte metros cuadrados en el pabellón de reos primarios, compartida con otros tres presos de edad avanzada. Puede ser visitado por familiares y amigos los jueves y sábados, o hablar con sus abogados cualquier día entre las 9 y las 4 de la tarde. Su “prisión preventiva” de cinco meses es considerada “excesiva, desproporcionada e irrazonable”, según la apelación presentada por los abogados de la Comisión de Derechos Humanos de Ica al Poder Judicial el último miércoles.
Menudo y de maneras tranquilas, Óscar Mollohuanca está en el centro del conflicto de Espinar por ser la autoridad más representativa de la provincia. Quien convocó el paro fue el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (Fudie), en una decisión tomada desde abril pasado. El alcalde siempre trató de mediar entre la población y la minera en cuanto al diálogo sobre daños al medio ambiente. “El paro se convoca después de meses de no ser escuchados ni por la minera ni por el gobierno. Tenemos cartas que lo prueban”, cuenta por teléfono Sergio Sulca, asesor del alcalde, desde Espinar. Son varias las voces que señalan que Mollohuanca es un líder reconocido, respetado y de posiciones moderadas. “No encabezó marchas, no estuvo en las acciones de violencia o instigó a la violencia. “¿Dónde están las imágenes que prueban eso?”, se pregunta su asesor. Lo detuvieron solo por ser el alcalde y vocero notorio de la población.
El camino de Mollohuanca
Judith, pintora y hermana de Mollohuanca, dice que a su hermano lo respetan en su provincia precisamente por sus maneras democráticas y su honradez. Desde que asumió funciones en su actual gestión atendía a los pobladores desde las nueve de la mañana y podía dar audiencias de dos o tres horas. “Si no estaba reunido con personas que lo buscaban, estaba visitando los proyectos que la alcaldía estaba iniciando. No entiendo cómo ahora dicen que instigó a atacar a la minera”, cuenta. Mollohuanca fue alcalde de Espinar por primera vez entre 1999 y 2002 y fue quien negoció el convenio-marco que se firmó al año siguiente –por su sucesor- con Xstrata Tintaya y consiguió incrementar los fondos que el municipio tenía. Antes de su paso por el concejo de Espinar, no había posibilidad de hacer obra pública.
Medios y voceros críticos de la protesta social han querido satanizar a Mollohuanca haciendo hincapié en su pasado izquierdista y a que en la actualidad militaba en Tierra y Libertad, de conocida posición ambientalista. En efecto, el alcalde militó en el Partido Unificado Mariateguista (PUM) entre 1988 y 1994; después se mantuvo en la política regional como presidente del Movimiento de Integración K’ana (Minka), de ámbito local y desde hace dos años milita en Tierra y Libertad. Lo que olvidan decir quienes lo atacan es que el 2006 también postuló a la alcaldía respaldado por el Partido Nacionalista, el partido de Ollanta Humala.
A decir de Ruth Luque, directora de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, hoy su liderazgo va más allá de Tierra y Libertad por su larga trayectoria en la provincia. “Él hubiera ganado la alcaldía en representación de cualquier partido o movimiento”. Además Mollohuanca trabajó muchos años con la Prelatura de Sicuani en distintos proyectos de desarrollo –es bachiller en economía– y realizó labores de tipo pastoral. Algunos medios opuestos a la protesta social han sugerido que trabajó con la Iglesia para ayudar a una hermana presa acusada de terrorismo, pero el argumento no tiene asidero. De entonces viene su posición moderada, su estilo dialogante y ahora su sintonía con el sacerdote Marco Arana.
Mollohuanca también se ha caracterizado durante su mandato por el respeto a las decisiones de la población. Es costumbre que en las audiencias públicas que se realizan cada cierto tiempo en la plaza de Espinar las comunidades señalen su desacuerdo con algún funcionario por no haber cumplido con algún proyecto o por su mala gestión. “En una de esas reuniones, él separó a un funcionario de su puesto por no cumplir con el cronograma planteado. Así funciona la democracia en Espinar”, cuenta Martín Libandro, gerente de recursos humanos de la municipalidad. En la provincia las comunidades tienen mucha fuerza como organización.
Un caso político
Las dos primeras personas que pudieron ver y conversar con Óscar Mollohuanca cuando ya estaba recluido en Cachiche fueron sus hermanos Judith y Julio, quien vive en Lima. “Él estaba tranquilo, pero considera una injusticia lo ocurrido”, cuenta Julio. Él pudo ir porque Lima no está lejos de Ica, pero considera un abuso el hecho de trasladar a su hermano tan lejos del Cusco porque así se entorpece su defensa y su familia no puede visitarlo. También dice que hace muchos años que Xstrata Tintaya es cuestionada por la población, pero que eso se conocía poco por la labor de imagen que la empresa realiza desde siempre en la zona. Por su parte, Judith dice que su hermano está encarcelado para servir como advertencia a otros dirigentes. “Es algo así como: mira lo que te va a pasar si protestas”.
Todo indica que Mollohuanca es el chivo expiatorio que el gobierno buscaba para atemorizar con el ejemplo. En su oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Ica, la abogada Mercedes Alcántara, señala que se cometieron varias irregularidades en el caso del alcalde de Espinar. Por ejemplo, se le detuvo cuando aún no había una orden judicial para ello. Además se le trasladó al Cusco, donde pudo ser juzgado porque había las garantías para ello, pero no fue así. Finalmente se le trasladó a Ica, donde se le juzga ahora gracias a una resolución emitida por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que justifica llevarlo tan lejos. “Es inconstitucional e ilegal”, señala IDL. La norma permite ahora juzgar en Ica lo que pasó en Espinar y en Lambayeque lo que pueda ocurrir en Cajamarca. Es justo lo que el gobierno necesita contra la protesta social. ¿Y no es un caso político?
Hoy la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de su asociada de Ica y abogados de IDL, coordina la defensa de Mollohuanca y el respeto a sus derechos humanos. El alcalde les ha hecho llegar documentación que prueba sus esfuerzos por lograr el diálogo que nunca se logró. Por ejemplo, existe una carta dirigida al premier Óscar Valdés fechada el 27 de mayo –un día antes de los sucesos más violentos– firmada por Mollohuanca y todos los alcaldes distritales de Espinar, donde le piden su presencia en una mesa de diálogo asegurando “el clima adecuado de seguridad para la comisión”. Valdés nunca respondió. “El 30 lo detienen en la municipalidad de Espinar antes de una reunión con el presidente regional Jorge Acurio, mientras buscaba el diálogo con la PCM”, dice su asesor Sergio Sulca.
En la apelación presentada el último miércoles por la defensa se cuestiona que el juez decidiera su detención preventiva por cinco meses amparado en que “dada su alta representatividad (Mollohuanca) pondría en peligro las investigaciones y podría perturbar la actividad probatoria”. Es decir, se le detiene basado en una percepción subjetiva del juez. “Con ese razonamiento cualquier líder, incluso religioso sería un perturbador de la actividad probatoria”, dice la apelación.
El último jueves una comisión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos visitó a Mollohuanca en el penal de Cachiche, y comprobó que se encuentra bien de salud. La apelación recién será vista esta o la próxima semana, por lo que seguiría detenido. La impresión es que lo político pesa más que lo jurídico, y que del gobierno depende si el alcalde de Espinar sale antes o si cumple cinco meses en prisión. Hace unos días su hermana Judith nos contó en la puerta del penal que muchos pobladores de Espinar viajan hasta Ica a interesarse por su hermano, a llevarle alguna cosa, o simplemente para intentar verlo. “Ahí se demuestra cuánto lo quieren y respetan”, dice. Mientras tanto, no es posible abrir una mesa de diálogo en Espinar. Encerrando a Mollohuanca el gobierno se ha cerrado la puerta.
ESPINAR (No) PUEDE ESPERAR
La población de Espinar ha mantenido la posición de que no habrá diálogo con el gobierno ni con Xstrata Tintaya si su alcalde no es liberado. “El sentimiento en la provincia es que el gobierno no actúa como árbitro sino que respalda a la minera y no tiene un real interés en discutir cómo atender los daños ambientales que la minera ha provocado en la zona”, señala Martín Libandro, gerente de recursos humanos de la Municipalidad de Espinar. A pesar de que existe la percepción de que la minera Xstrata ha venido realizando un buen trabajo en la zona, el descontento se ha ido incubando durante años en los distritos de la provincia, según un informe de la Prelatura de Sicuani. Desde entonces hay denuncias de daños ambientales, enfermedades en las personas y malformaciones en los animales. Incluso hay denuncias de abusos contra los derechos humanos causados por la Policía Nacional cuando ha habido movilizaciones sociales. También la población cuestionó que el convenio marco firmado el 2003 no se haya cumplido en todos sus términos, por lo que estaba en camino a reformularse. Por el momento no hay un líder que pueda asumir el papel que Mollohuanca jugaba.
(la república)