"Gana Perú planteará un pedido de reconsideración de proyecto gubernamental bloqueado también por pepecistas que dispone que paguen impuestos."
La bancada de Gana Perú adelantó ayer que pedirá a la Comisión de Constitución la reconsideración del rechazo y archivamiento de un proyecto de ley del Ejecutivo que derogaba la Ley 29766 que eximió retroactivamente del pago de impuestos a las universidades y otros centros educativos privados, particulares, lo que impidió al Estado cobrar tributos por más de 200 millones de soles.
El rechazo fue impuesto por las bancadas de Fuerza 2011 (Fujimorista), Alianza por el Gran Cambio y Concertación Parlamentaria, ante lo cual el parlamentario de Gana Perú, Javier Diez Canseco, miembro de la comisión, dijo que es inconcebible que las universidades que han hecho de la Educación un negocio y no un servicio, y reciben utilidades, eviten pagar Impuesto a la Renta como lo hacen los bodegueros, agricultores y otros sectores.
Sostuvo que la obligación de pago de estos centros es clarísima y condenó el carácter retroactivo de la norma que prorroga ese privilegio y que buscaba derogar el proyecto gubernamental, defendida por el apro-Fujimorismo-pepecismo y dictada por el gobierno de García al final de su gestión.
Denunció que la norma otorga el privilegio de no pagar el Impuesto a la Renta de las utilidades que tienen a grandes grupos empresariales metidos en materia educativa “que manejan la Educación como un negocio y no como un servicio”.
Preguntó por qué no se procedió a exonerar del pago de Impuestos a la Renta a los bodegueros o a los pescadores por ejemplo.
Diez Canseco, además, opinó que deben darse otras medidas que dejen muy en claro este tema y trajo a colación que el ministro de Economía Fujimorista Carlos Boloña, ligado a una universidad privada, estableció estos beneficios.
La decisión de rechazar el pedido de derogatoria de la cuestionada norma fue adoptada durante la sesión de ayer de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el parlamentario nacionalista Freddy Otárola y ante la cual se presentó la viceministra de Economía y Hacienda, Laura Calderón.
Las exoneraciones tributarias a favor de las instituciones educativas privadas fueron implementadas durante el Fujimorismo mediante el Decreto Legislativo 882.
Sin embargo, fueron extendidas por el gobierno aprista a través de la Ley 29766 hasta el 2008, lo que es considerado inconstitucional por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autor de la propuesta legislativa desestimada, que exigía el cobro.
Al sustentar el proyecto del Ejecutivo, la viceministra de Economía y Hacienda explicó que el Decreto Legislativo 882 estableció el beneficio tributario a partir del 1 de enero de 1997 a favor de las instituciones educativas particulares, consistente en un crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido.
Sin embargo, precisó que la norma no establecía fecha de caducidad del beneficio, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Tributario entonces vigente, en esos casos el beneficio se extendía solo por tres años, es decir, vencía a fines de 1999.
Posteriormente, el gobierno aprista emitió el Decreto Legislativo 1087, aprobado en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que dispuso que esos beneficios tuvieran carácter permanente para los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) e Institutos Superiores Tecnológicos Privados (ISTP).
Luego dio la Ley 29766 que señaló nuevos plazos de vigencia del beneficio tributario, estableciendo su vigencia hasta el 2008 para el caso de las IEP, manteniendo su carácter permanente para los CETPRO e ISTP.
Vilma Escalante
Redacción (la primera)