Culminada la procesión, los negritos bailan alegremente, meciendo el anda del Tayta Pancho.
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Culminada la procesión, los negritos bailan alegremente, meciendo el anda del Tayta Pancho.
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La Contraloría advirtió que la Municipalidad Distrital de Sarín, en la provincia de Sánchez Carrión, no cuenta con un Plan de Gestión Reactiva, situación que pone en riesgo la implementación oportuna y efectiva de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación frente a emergencias o desastres.
Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 18844-2026-CG/PCCS-SOO, al 16 de septiembre de 2026, la comuna distrital no contaba con el referido plan. Además, el documento señala que este no se encontraba publicado en la plataforma Gob.pe ni en el portal institucional de la municipalidad, situación que se mantenía a la fecha de emisión del informe.
La ausencia de este instrumento representa un riesgo para la capacidad de la entidad de planificar y ejecutar medidas destinadas a enfrentar situaciones de emergencia, así como para restablecer las condiciones de normalidad después de un desastre.
En ese sentido, la Contraloría advirtió que la falta de este instrumento podría afectar la capacidad institucional de la Municipalidad Distrital de Sarín para prevenir, atender y restablecer las condiciones de normalidad ante la ocurrencia de dichos eventos.
Esta situación fue informada a Richar Yoran Polo Cabrera, alcalde de la Municipalidad Distrital de Sarín, para que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, dentro del marco de sus competencias y obligaciones.
Es de señalar, que el Plan de Gestión Reactiva permite articular las acciones que deben desarrollarse antes, durante y después de una emergencia o desastre. Su formulación requiere considerar los peligros con mayor incidencia, como lluvias intensas, huaicos, heladas y sequías, así como sus posibles impactos en la población, las viviendas y la infraestructura pública.(Macronorte).
Entre sus reclamos figuran: mayor presupuesto para el sector educación, atención a las negociaciones colectivas y cumplimiento del pago de bonos excepcionales y CTS para el magisterio
Entre sus reclamos figuran: mayor presupuesto para el sector educación, atención a las negociaciones colectivas y cumplimiento del pago de bonos excepcionales y CTS para el magisterio.
También piden que se desactive la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu).
“Llamamos a todo el magisterio, docentes, directivos y auxiliares, a esta paralización de 24 horas el 29 de octubre”, agregó Sergio Pinedo.(Correo).
La cárcel sigue siendo una coladera
Identificado. El sicario Luis Obispo Díaz identificó a su compatriota Adrián Solís Ruíz como la persona que lo contrató por S/15 mil para atentar contra la vida de Susy Aponte Polo. Estaba oculto en el estado de Guárico.
Solís aparece en los videos de los hoteles de Huaraz y Caraz junto con el sicario Luis Obispo Díaz, su pareja Alexandra Toro Montezuma y un tercer sujeto conocido como Ricardo Morocho, quien se presume era el segundo sicario, en caso de que fallara Obispo.
Adrián Solís encabezó al grupo de criminales que partió de Lima para apoyar a Luis Obispo en la misión de matar a Susy Aponte Polo, 'China Polo', crimen que se consumó el sábado 19 de septiembre en la localidad de Caraz.
Después de perpetrar el homicidio, el sicario Luis Obispo fue herido y capturado. Durante los interrogatorios no solo identificó a Adrián Solís Ruíz como la persona que lo contrató para liquidar a la comunicadora por un pago de S/15 mil. También reveló que Solís le dijo que la orden para perpetrar el crimen provino de un sujeto denominado el 'Pure', o el 'Viejo', residente en Lima.
Fuentes de la Interpol Perú confirmaron a La República la detención de Adrián Solís Ruíz, quien huyó del país junto con su pareja y cómplice, Alejandra Toro Montezuma. Regresaron a Venezuela, pero cuando recorrían una carretera principal en el estado de Portuguesa, el vehículo chocó y volcó, el miércoles 30 de septiembre. Por el impacto murieron Alexandra Toro y su hija de dos años de edad.
Solís fue evacuado con politraumatismo y otras heridas a un hospital local, pero a sabiendas de que era buscado por la policía peruana, huyó del nosocomio con rumbo desconocido, abandonando los cuerpos de su mujer e hija, el mismo día del accidente.
A pedido de la Interpol Perú, la Policía Bolivariana buscó en el hospital a Adrián Solís, pero este había escapado. No por mucho tiempo.
El nueve de octubre, diez días después de la fuga, fue encontrado en el estado de Guárico. El criminal fue sorprendido cuando concurría a la casa de un familiar en el centro de la ciudad de Calabozo, en el mismo estado.
Al momento de la intervención, la Policía Bolivariana encontró entre las pertenencias de Adrián Solís Ruíz municiones de armas de fuego de diferente calibre.
En un primer momento, el sorprendido Adrián Solís trató de oponer resistencia, pero al final fue neutralizado y conducido a un establecimiento del circuito judicial penal de Calabozo.
Fuentes de la División de Investigación de Homicidios de Lima informaron a La República que la detención de Adrián Solís Ruíz es de “extrema relevancia”, porque es la persona que fue contratada por los autores intelectuales del asesinato de 'China Polo'.
“Las personas que lo contrataron sabían que dirigía una organización criminal dedicada al sicariato. Y esa persona es la que pagó por el encargo, una cifra que supera largamente los 15 mil soles que le prometieron al sicario Luis Obispo”, dijeron las fuentes consultadas.
“Hasta el momento tenemos identificados a los cuatro que viajaron a Caraz, y al sujeto Ronald Toro Ardila, que operaba desde Lima. Para movilizar a todas esas personas se requiere de mucho dinero. Quien los contrató es alguien con muchos recursos”, explicaron las fuentes.
Del contratista solo se tiene la referencia que dio el asesino material Luis Obispo Díaz, quien señaló a la División de Investigación de Homicidios que Adrián Solís le manifestó que quien pagaba todo era un tal el 'Pure'. Los agentes estiman que Solís terminará por delatar al autor intelectual del homicidio de la periodista 'China Polo'.
El 53,6% de los encuestados desaprueba su gestión, en comparación con el 40,3% del mes anterior. La desaprobación se acentúa entre hombres (60,2%) y quienes tienen educación superior (67,8%)
Autoridades y padres de familia del centro poblado de Quilcha Grande, ubicado en el distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, denunciaron que el director de la I. E. N.° 80785 presuntamente estaría haciendo un uso indebido de los productos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Alison Mendoza, servidora de la UGEL Sánchez Carrión, señaló que la entidad recibió una alerta en la que se informó que se habrían encontrado alimentos del PAE en la oficina de la dirección del referido colegio, los cuales presuntamente estarían siendo destinados al consumo personal del director, situación que podría perjudicar a los estudiantes beneficiarios.
“Hemos recibido una alerta por parte de las autoridades de Quilcha Grande, de la I. E. N.° 80785, en la cual nos mencionaban que el director de dicha institución habría tenido los alimentos en la dirección, presuntamente para consumo personal”, manifestó a Prensa Libre Sánchez Carrión.
Asimismo, precisó que una comisión de la UGEL Sánchez Carrión visitará la institución educativa para investigar los hechos, verificar la veracidad de la denuncia y, de corresponder, determinar las responsabilidades y adoptar las medidas pertinentes.
“Es por ello que nosotros, como comisión, ya hemos programado una visita inmediata a la institución educativa, con la finalidad de constatar los hechos y recabar los elementos de convicción que permitan esclarecer este presunto caso”, declaró Mendoza.
Las autoridades educativas deberán verificar lo ocurrido antes de establecer eventuales responsabilidades, a fin de garantizar que los alimentos destinados a los estudiantes beneficiarios cumplan con su finalidad.
La población del centro poblado de El Pallar, ubicado en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, exige transparencia y seguridad en torno a la infraestructura de la I. E. N.° 80915 Miguel Grau Seminario.
A través de un pronunciamiento, los pobladores solicitan que la infraestructura educativa sea sometida a una evaluación técnica antes de su inauguración y puesta en funcionamiento. El objetivo es identificar posibles deficiencias y garantizar que todas las observaciones sean subsanadas antes de entregar la obra a la comunidad educativa.
La principal preocupación de los habitantes es la seguridad de los estudiantes, quienes necesitan ambientes adecuados y seguros para desarrollar sus actividades escolares.
En ese sentido, la población pide que los actos protocolares de inauguración no se prioricen por encima del cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad que debe reunir la infraestructura educativa.
El pronunciamiento se hizo público luego de que la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión anunciara que la inauguración de la obra de reconstrucción de la institución educativa se realizará el próximo 15 de octubre.(Macronorte).
Un presunto sicario identificado como "Rafa" detalló cómo operó una alianza de secuestradores en Trujillo y planteó que el asesinato de la periodista costó hasta 30 mil soles.
Un presunto exintegrante de la organización criminal «La Jauría», identificado bajo el alias de «Rafa», ha sacado a la luz los oscuros hilos del hampa en Trujillo. Según su testimonio, entre los años 2019 y 2022 existió una temible alianza entre Jolín Bazán Valderrama, alias «Jolín», y el cabecilla «Jhonsson Pulpo». Esta unión habría sido el motor de una violenta ola de secuestros en la región; sin embargo, el pacto de sangre se quebró tras el rapto fallido de una empresaria. «Rafa» aseguró que, tras la captura de uno de los miembros de la banda, «Jolín» habría negociado con malos agentes policiales para entregar a «Jhonsson Pulpo», aunque este último logró enterarse del presunto acuerdo y escapó a tiempo.
Fraccionamiento de ‘La Jauría’ y graves acusaciones contra la PNP
En sus declaraciones, el informante radiografió la compleja estructura actual de «La Jauría», señalando que la organización se ha fragmentado en aproximadamente cuatro grupos con distintos líderes, un factor que dificulta enormemente su desarticulación total. No obstante, la acusación más grave de la jornada apuntó directamente a la integridad de las fuerzas del orden: «Rafa» afirmó categóricamente que «Jolín» contaba con influencias y protección oficial, llegando a asegurar que el cabecilla criminal «tenía a la Divincri de la mano».
El precio por silenciar a Susy Aponte
El testimonio también arrojó nuevas luces sobre uno de los crímenes políticos que más ha conmocionado: el asesinato de la candidata y comunicadora Susy Aponte, conocida como ‘China Polo’. Según la hipótesis del exsicario, el móvil del brutal ataque habría sido «por hablar de más», ya que sus constantes denuncias públicas perjudicaban a las organizaciones delictivas locales. «Rafa» señaló que, en el mundo del hampa, el encargo para silenciar a una persona de su perfil se cotiza entre 20 mil y 30 mil soles. Las autoridades han precisado que, si bien estas revelaciones exponen el modus operandi criminal, deberán ser rigurosamente corroboradas en las investigaciones en curso.(N60).
Sergio Pinedo, secretario regional del Sutep, saludó nuevos lineamientos disciplinarios y aseguró que con las actuales normas los profesores son denunciados por llamarles la atención a estudiantes indisciplinados. Afirmó que solo este año hay entre 250 y 300 maestros con procesos administrativos
Sergio Pinedo, secretario regional del Sutep, dijo que es indispensable que los profesores cuenten con herramientas disciplinarias firmes para frenar conductas irrespetuosas en las aulas.
Aseguró que con las restricciones que tuvieron los docentes para sancionar a alumnos, emitidas entre el 2011 y 2012, los profesores se volvieron “presas” de estudiantes indisciplinados que los acusaban de maltrato psicológico si se les llamaba la atención por portarse mal en clase.
Solo este año, según dijo, hay entre 250 y 300 maestros denunciados por alumnos o padres de familia en la plataforma SíseVe del Minedu. Por ello, también pidió desaparecer esa aplicación.
“Todo ha sido catalogado como acciones para bajar el autoestima, acoso, maltrato psicológico. A nivel regional, hay entre 250 y 300 docentes en comisión de procesos administrativos. Ha habido casos, incluso, de docentes que iban a desaprobar a estudiantes y por eso crearon una denuncia; otros casos porque el estudiante dice que pasó (el profesor) y lo rozó o porque le llamaron la atención de forma verbal”, indicó.
El secretario del Sutep agregó que la mayoría de las personas acusadas son retiradas de las aulas y llevadas a realizar labores administrativas a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). “El 90% de los docentes denunciados son inocentes, pero ya degradaron su imagen y el ganador fue el estudiante indisciplinado”, acotó.
Los lineamientos contemplan medidas correctivas proporcionales a la gravedad de la conducta cometida por el estudiante. Entre las faltas consideradas se encuentran los daños a la propiedad escolar, la posesión o el consumo de sustancias prohibidas, el acoso escolar, la violencia sexual, el hurto o robo de bienes y los actos de discriminación, entre otras conductas que afectan la seguridad y la convivencia en la comunidad educativa.
Las medidas disciplinarias comprenden amonestaciones, suspensiones y la separación definitiva del estudiante.
En materia de presentación personal se incluyen disposiciones relacionadas con la higiene y el aspecto de los estudiantes. Entre las pautas expuestas se plantea que los alumnos varones asistan con el cabello corto, así como restricciones al cabello teñido y al uso de maquillaje por parte de las estudiantes.
El gerente de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, también saludó las nuevas normas disciplinarias. Recordó que este año se reportaron casos de consumo de drogas o estudiantes portando estupefacientes y armas de fuego, los que no pudieron ser sancionados severamente. “Casos como estos, que son de extrema gravedad, van a ser expulsados de la institución educativa”, aseveró.
El funcionario, asimismo, anunció que en la región han dispuesto la restricción del uso de celulares en instituciones educativas públicas y privadas. La medida busca favorecer el rendimiento escolar, fortalecer la socialización y el desarrollo integral de los estudiantes, así como contribuir a la generación de ambientes educativos seguros y reducir la exposición a contenidos inadecuados durante la jornada escolar.(Correo).
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Sánchez Carrión, a través del área de Procesos Administrativos y la Coordinación de Programas de Alimentación Escolar, informó sobre un presunto caso de uso indebido de alimentos destinados a los estudiantes de la Institución Educativa N.° 80785, ubicada en el caserío de Quilcha Grande, distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión.
Según lo comunicado, las autoridades de la comunidad alertaron que el director del plantel presuntamente habría tenido productos del programa de alimentación escolar en su oficina o dirección para un supuesto consumo personal.
Al respecto, Silvia Asmat señaló que estos alimentos están destinados exclusivamente al consumo de los estudiantes y advirtió que, de comprobarse que son sustraídos o utilizados para fines distintos, se podrían configurar responsabilidades legales.
Por su parte, la doctora Alisson Mendoza Benites, responsable de Procesos Administrativos, informó que se ha programado una visita inmediata a la institución educativa para recabar información y constatar los elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos denunciados.
Asimismo, precisó que el director se encuentra actualmente en calidad de investigado y que, una vez culminadas las diligencias correspondientes, se determinará si existen responsabilidades y si corresponde aplicar alguna sanción.
Finalmente, la responsable exhortó a directores y docentes a respetar el destino de los productos de alimentación escolar, recordando que estos son exclusivamente para los alumnos. También destacó la importancia de que las comunidades educativas conozcan sus derechos y contribuyan a vigilar el correcto uso de estos recursos.
La investigación continuará para determinar lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan, respetando el debido procedimiento.
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Un colectivero de 23 años fue asesinado a balazos en SJL por un falso pasajero. Sus compañeros denuncian extorsiones de bandas criminales y paralizarán sus actividades por temor.
Un colectivero informal de 23 años fue asesinado a balazos por un sujeto que se hizo pasar por pasajero en San Juan de Lurigancho (SJL). Tras el crimen, sus compañeros denunciaron que varias bandas criminales los extorsionan y anunciaron que suspenderán sus actividades ante el temor de convertirse en nuevas víctimas.
El ataque ocurrió cerca de las 7:50 p. m. de ayer, en la cuadra 15 de la avenida Central, cuando el conductor cubría su ruta habitual desde el Mercado 10 de Canto Grande hasta Jicamarca. Las cámaras de seguridad captaron los movimientos del presunto sicario, quien vestía un buzo color vino, una polera oscura, una gorra blanca y llevaba una mochila.
Según las imágenes, el sujeto descendió de una miniván azul y se acercó a la ventana del copiloto, desde donde disparó hasta en tres oportunidades contra el conductor. Tras perpetrar el ataque, huyó corriendo por un pasaje, mientras la víctima permanecía gravemente herida dentro de la unidad.
Otra cámara de vigilancia registró la presunta fuga de los implicados. El atacante llegó hasta el cruce de las calles Los Abogados y Cirujanos, donde lo esperaba un cómplice que había llegado minutos antes en bicicleta. Ambos se encontraron en el lugar y, presuntamente, el segundo sujeto le entregó el arma de fuego utilizada en el asesinato.
Posteriormente, el autor de los disparos dejó caer su mochila, tomó la bicicleta y huyó por la calle Cirujanos, mientras que su presunto cómplice se retiró caminando. En tanto, la víctima, identificada como Santiago Rodríguez Hinostroza, fue trasladada al hospital 10 de Canto Grande, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
Los compañeros de Santiago Rodríguez denunciaron que son víctimas de extorsiones por parte de más de tres bandas criminales, cuyos integrantes les exigen pagos de dinero para permitirles continuar trabajando. Asimismo, señalaron que el asesinato ha incrementado el temor entre los conductores, algunos de los cuales ya habrían abandonado sus labores por las amenazas.
Uno de los trabajadores indicó que los conductores de la ruta C, un grupo de aproximadamente 25 choferes, paralizarán sus actividades al día siguiente del crimen. La decisión busca expresar su rechazo a la inseguridad y evitar que más trabajadores pierdan la vida por negarse a pagar las sumas exigidas por los delincuentes.
"Nosotros íbamos a seguir saliendo, pero vamos a parar, realizar nuestras actividades. Casi la mayoría hemos pensado dejar de trabajar desde la vez pasada que pasó algo similar. Unos ocho o 10 ya se han retirado porque hay un tema de extorsión. A ellos no les interesa si les pagas o no, si te piden un poco más y te niegas, te mandan a matar", declaró.
El crimen también ha generado preocupación entre los vecinos y pasajeros que utilizan diariamente esta ruta. Los usuarios exigieron mayor seguridad y denunciaron sentirse abandonados por las autoridades ante el avance de la delincuencia.
"Se vive muy triste en el Perú porque ya no hay defensas. Ya no podemos quejarnos a nadie porque la misma justicia lo están comprando, todos los días matan", manifestó una pasajera.
Es así que, el asesinato del chofer evidencia la creciente vulnerabilidad de los colectiveros frente a las extorsiones y la violencia criminal en San Juan de Lurigancho. La paralización anunciada por sus compañeros refleja la desesperación de quienes arriesgan sus vidas para trabajar. Mientras tanto, los vecinos exigen acciones concretas para recuperar la seguridad ciudadana.(Exitosa).
El Ministerio Público recibió 463 denuncias por secuestro durante septiembre, el registro mensual más alto del año. Entre enero y ese mes, los casos sumaron 3.910. El incremento se refleja en raptos de empresarios y trabajadores, con exigencias económicas y transferencias bancarias durante el cautiverio.
Los casos registrados en Lima durante septiembre permiten observar cómo se manifiesta este delito. El empresario pastelero Hermerson Carrasco Elises fue secuestrado frente a su negocio, en Los Olivos, y permaneció retenido unas 16 horas. La Policía lo encontró en un inmueble de Lima Norte. Durante el cautiverio, los delincuentes realizaron operaciones bancarias con dinero de la víctima, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.
En esos mismos días, un operario minero fue interceptado en San Juan de Lurigancho. Sus captores exigieron S/70.000 a sus familiares. Otro caso involucró a un trabajador de una distribuidora de gas, secuestrado en San Martín de Porres y rescatado posteriormente en Punta Negra. En este último hecho, los delincuentes habrían exigido S/100.000.
Los tres casos tuvieron lugar en un periodo breve y compartieron un elemento central: la búsqueda de dinero mediante el secuestro. En dos de ellos, las investigaciones policiales identificaron posibles coincidencias entre los responsables. Sin embargo, establecer si los ataques forman parte de una misma organización requiere pruebas que vinculen a los implicados con cada hecho.
La violencia también aparece en otros casos de gran repercusión. En Trujillo, el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado el 30 de agosto, en un ataque en el que asesinaron a cuatro personas que lo acompañaban. La investigación tuvo avances durante septiembre. Aunque este caso no forma parte de los secuestros ocurridos en ese mes, ilustra el nivel de violencia que puede acompañar a estos delitos.
El aumento de septiembre también se reflejó en el balance trimestral. Entre julio y septiembre, el Ministerio Público registró 1.345 denuncias por secuestro, por encima de las 1.295 del primer trimestre y las 1.270 del segundo. El tercer trimestre concentró así el mayor número de reportes de este año.
A partir de esta tendencia, Carbajal plantea dos escenarios para el cierre de 2026. Si el ritmo se mantiene, el país terminaría con 5.213 denuncias, un 6% más que las 4.918 registradas en 2025. Si el último trimestre experimenta un aumento estacional, el total podría llegar a 5.299, un incremento de 7,7%.
Ambas cifras son proyecciones, no resultados confirmados. Su importancia radica en que anticipan que el registro anual podría superar el de 2025 y convertirse en el más alto desde 2020, según la serie analizada por Carbajal.
El balance de septiembre plantea, así, dos dimensiones del problema: el crecimiento de las denuncias y la persistencia de secuestros en los que los delincuentes buscan obtener dinero mediante amenazas y retención de personas. Los registros fiscales permiten medir la magnitud de los reportes, mientras que las investigaciones de cada caso deben establecer quiénes participaron, cómo operaron y si existen conexiones entre los ataques.(La República).