El paquete comprende las leyes que modifican las pensiones de maestros jubilados y cesantes y de militares y policías, la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores del régimen 276 y la norma que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS.
Cuba ha señalado que estas son, entre las numerosas disposiciones aprobadas por el Parlamento anterior, las que pueden “mover la aguja” de las finanzas públicas. Dos ya fueron llevadas al TC por el Colegio de Economistas del Perú y el MEF respaldará esas demandas. Las otras dos serán cuestionadas directamente por el ministerio.
La controversia tiene una segunda lectura. Las cuatro leyes fueron respaldadas por Fuerza Popular cuando tenía bancada en el Congreso. Ahora, desde el Ejecutivo, el mismo partido busca frenarlas por su impacto fiscal.
Pensiones de maestros, militares y policías concentran el mayor costo
La primera norma cuestionada corresponde a los maestros jubilados y cesantes. Establece que sus pensiones sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala de la carrera magisterial, cuyo monto bordea actualmente los S/3.500.
El Consejo Fiscal calcula que esta medida tendría un costo de al menos S/8.000 millones anuales. Además, advierte que el mecanismo podría generar un esquema similar a una “cédula viva”. En términos sencillos, esto significa que las pensiones podrían quedar vinculadas al aumento de las remuneraciones de los docentes en actividad, haciendo crecer también el gasto del Estado en los jubilados.
La segunda norma modifica el régimen pensionario de militares y policías. Su impacto fiscal neto asciende a S/46.000 millones en valor presente, según el Consejo Fiscal. El valor presente permite calcular cuánto representan hoy obligaciones que el Estado deberá asumir durante varios años.
Ambas normas ya fueron llevadas ante el TC por el Colegio de Economistas del Perú. El MEF ha anunciado que respaldará las acciones y podría presentar sus propias demandas si estas no prosperan.
La cuarta es la Ley N.° 32563, que reconoce a los trabajadores CAS gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de CTS. El beneficio se aplicará progresivamente: durante 2026 equivale al 10% de la remuneración mensual y aumentará hasta llegar al 100% en 2030. El costo fiscal estimado bordea los S/3.000 millones anuales.
Elmer Cuba ha advertido que, si estas obligaciones se incorporan al presupuesto sin medidas correctivas, el déficit fiscal podría pasar de 1,8% del PBI en 2026 a 3% en 2027 y mantenerse en ese nivel durante el resto del mandato.
Fuerza Popular apoyó las cuatro leyes que ahora busca frenar
El antecedente político aparece con claridad cuando se revisan las votaciones del Congreso anterior. Fuerza Popular aportó 12 votos a favor de la reforma pensionaria de militares y policías; 10 en la ley que reconoce gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS; 6 en la homologación del CAFAE; y 2 votos a favor y una abstención en la norma sobre pensiones de maestros jubilados.
No se trata, por tanto, de leyes frente a las cuales el fujimorismo parlamentario haya sido un espectador. La bancada participó de su aprobación y, en algunos casos, sus votos fueron parte de la mayoría que permitió sacarlas adelante.
El impacto fiscal de estas medidas tampoco era desconocido. En marzo de 2026, el Consejo Fiscal alertó sobre 11 leyes y autógrafas aprobadas por el Congreso que podían generar obligaciones permanentes de gasto por al menos S/11.400 millones anuales.
El MEF ha optado ahora por concentrar su ofensiva constitucional en cuatro de esas normas. Pero el problema fiscal del Congreso anterior no se limita a las leyes que aumentan el gasto. También hubo medidas que reducen los ingresos del Estado mediante beneficios tributarios.
Una de ellas es la Ley N.° 32434, conocida como “Ley Chlimper 2.0”, que establece un régimen tributario especial para determinadas empresas del sector agrario y agroexportador.
Uno de sus principales beneficios es la reducción del Impuesto a la Renta de 29,5% a 15% para empresas con facturación anual superior a S/8,4 millones que se encuentren comprendidas en el régimen. La tasa reducida se mantendrá hasta 2035 y el retorno a la tasa general está previsto para 2036.
La norma también contempla depreciación acelerada para determinadas obras de riego, deducciones vinculadas con compras a pequeños productores y otros beneficios tributarios.
El impacto sobre las cuentas públicas tampoco es menor. Una estimación del MEF recogida por el Consejo Fiscal calcula un costo fiscal de S/1.170 millones para la norma. Otros cálculos oficiales han situado el impacto en alrededor de S/1.880 millones anuales, dependiendo de los componentes considerados.
La diferencia se explica porque no todas las estimaciones consideran los mismos componentes del régimen. En cualquier caso, el efecto fiscal es concreto: el Estado deja de recaudar recursos que habría obtenido bajo el régimen general.
Pese a ello, la Ley 32434 no forma parte de las cuatro normas que el Gobierno ha anunciado que llevará al TC.
Ley Agraria: ¿por qué el MEF no la llevará al Tribunal Constitucional?
La Ley Agraria tampoco es ajena a Fuerza Popular. En septiembre de 2024, la bancada presentó el Proyecto de Ley N.° 8924-2024-CR, una de las iniciativas que luego fueron acumuladas y terminaron formando parte del dictamen que dio origen a la Ley N.° 32434.
La norma fue aprobada finalmente con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones.
Ahora, desde el Ejecutivo, Fuerza Popular busca cuestionar cuatro leyes que su propia bancada ayudó a aprobar por el impacto que tendrán sobre el gasto público, pero deja fuera, al menos en esta primera ofensiva, una norma que reduce la recaudación tributaria durante una década y que también nació de una propuesta fujimorista.
No son medidas iguales. Las cuatro leyes cuestionadas crean obligaciones directas para el Estado, mientras que la Ley Agraria reduce los ingresos tributarios mediante un régimen especial. Pero ambas terminan afectando el espacio que tiene el Estado para financiar sus obligaciones.
Por eso, la discusión no pasa únicamente por cuánto cuesta cada ley, sino por qué criterio está utilizando el MEF para determinar cuáles pueden “mover la aguja” de las finanzas públicas y ameritan una acción ante el Tribunal Constitucional.(La República).
