REGIÓN LA LIBERTAD: Al 99.415 %
EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN: AL 99.766 %
La iniciativa que modifica el Código Penal Militar Policial fue aprobada en primera votación con 60 votos a favor, 34 votos en contra y 10 abstenciones.
La iniciativa generó posiciones encontradas durante el debate en el Pleno del Congreso. El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que la propuesta era positiva debido a la naturaleza de la jurisdicción encargada de juzgar a los policías o militares involucrados en presuntos delitos.
“Creo que es pertinente que, cuando un policía sea procesado por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, sea juzgado por el fuero militar-policial. De esta manera, se puede garantizar una justicia objetiva y especializada. Sobre todo, una justicia que comprenda la labor que nuestros efectivos vienen realizando”, señaló.
Por su parte, la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático) cuestionó la iniciativa al considerar que vulnera el principio de igualdad ante la ley entre civiles y miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. En ese sentido, sostuvo que no existen razones para que quienes cometen delitos comunes sean juzgados fuera de los fueros ordinarios.
“Delincuente es delincuente, tenga uniforme o no. Aquí se está faltando el respeto a los jueces y fiscales. ¿Un militar que forma parte de una organización criminal debe ser juzgado por el fuero militar? Ha cometido un delito común. Esto es darle un paraguas y un estatus especial que no corresponde. Porque delincuente es delincuente, tenga corbata y terno o tenga uniforme. Como abogada y ciudadana, al pan, pan; y al vino, vino. Delincuente es delincuente y debe ir al fuero común”, afirmó.
En conversación con La República, el abogado Carlos Rivera, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que esta ley responde a una lógica que el Congreso viene impulsando mediante iniciativas que, a su juicio, favorecen la impunidad en materia de derechos humanos. Además, advirtió que, de promulgarse la norma, podrían verse afectados casos en los que estén involucrados policías o miembros de las Fuerzas Armadas, como la reciente matanza de Colcabamba, donde cinco jóvenes perdieron la vida.
“Me da la impresión de que esta norma no está siendo pensada para el futuro, sino porque quieren afectar la mayor cantidad de casos del presente, como los relacionados con el Conflicto Armado Interno o las protestas sociales. Esta no es una norma de carácter penal, por lo tanto, su vigencia no se proyecta únicamente hacia el futuro. (...) Probablemente, la intención de quienes promueven esta norma es que se sostenga que se trata de una disposición procesal y que, por lo tanto, se aplique a todos los casos vigentes. Es una estrategia propia de los años 90, algo totalmente repudiable”, afirmó.
Para Rivera, el proyecto de ley abre la puerta a que delitos que actualmente son competencia exclusiva del fuero común pasen a ser vistos por la jurisdicción militar-policial: “La redacción de la modificatoria señala que el delito de función comprende toda conducta ilícita por acción u omisión. En realidad, se les está otorgando una amplitud que excede los límites establecidos para tipificar un hecho delictivo como delito de función. El objetivo es abarcar la mayor cantidad posible de hechos delictivos que, técnicamente, hoy no son considerados delitos de función, pero que a partir de esta norma podrían recibir esa denominación”.
Según los promotores de la ley, la iniciativa busca evitar una doble persecución judicial contra efectivos policiales o militares. Sin embargo, Rivera afirmó que esa controversia ya fue resuelta hace años y que existe jurisprudencia al respecto.
“La última contienda de competencia entre el fuero común y el fuero militar, debido a que ambos juzgaban los mismos hechos, ocurrió en 2004. En el caso de Indalecio Pomatanta, un joven asesinado por marinos en 1995 en Pucallpa, la Corte Suprema emitió una sentencia que se convirtió en precedente vinculante y estableció con claridad qué casos corresponden al fuero militar y cuáles al fuero común”, explicó.
El proyecto de ley también establece que la Corte Suprema deberá privilegiar la jurisdicción militar-policial cuando un caso sea conocido en ambas instancias. Al respecto, Rivera consideró que esta disposición carece de sustento jurídico: “Es una medida absolutamente atentatoria contra la independencia del Poder Judicial. Están buscando crear un mecanismo de impunidad distinto a los que han venido desarrollando”.
Finalmente, Rivera sostuvo que la iniciativa contradice abiertamente la Constitución: “Se está desnaturalizando el concepto de delito de función, se está ampliando indebidamente el ámbito de intervención de las Fuerzas Armadas y, además, se está atropellando y vulnerando la independencia y autonomía del Poder Judicial, específicamente de la Corte Suprema de Justicia”
Ruth Luque (Cambio Democrático) también conversó con La República sobre esta iniciativa. Para la parlamentaria, las justificaciones esgrimidas para una medida de esta naturaleza no se sostienen en la realidad.
“Actualmente, un efectivo policial que comete delitos de función responde ante los tribunales correspondientes. Sin embargo, a raíz de experiencias que ha vivido el país, en las que efectivos han cometido delitos como violaciones u homicidios, estos deben responder ante el fuero común. Lo que hacen con esta propuesta es retroceder en todo lo avanzado. Es una medida inconstitucional. El mensaje absurdo es que supuestamente están intentando proteger a la ciudadanía y brindar herramientas para ello. En realidad, lo que están haciendo es modificar el contenido del delito de función. Eso significa que, en la práctica, se tendrá además una Policía o un Ejército que puede actuar con impunidad, sabiendo que podría no responder por sus actos”, indicó.
La congresista recordó casos como los asesinatos de Marcelino Valencia y Zacarías Pasco, ocurridos en septiembre de 1990 en el puesto policial de Santo Tomás, en Chumbivilcas, para ejemplificar situaciones en las que policías terminaron siendo juzgados por la jurisdicción policial pese a estar involucrados en delitos comunes. Asimismo, sostuvo que una demanda de inconstitucionalidad sería plenamente procedente si el proyecto llega a ser aprobado de manera definitiva.
“Tiene que realizarse una segunda votación, por eso se ha ampliado la legislatura hasta el 24 de junio. Si esta iniciativa supera esa etapa, estaremos ante una ley inconstitucional. Corresponde presentar una demanda de inconstitucionalidad y eso puede hacerse por distintas vías. Espero que muchos parlamentarios reflexionen sobre lo que esto representa. ¿Cómo se atreven a hablar de reconciliación si promueven una ley de esta naturaleza? Es una norma similar a las leyes procrimen que han generado rechazo y protestas. Espero que sean honestos y no generen una mayor injusticia, una injusticia que finalmente terminan sufriendo los ciudadanos”, afirmó.(La República).
Así lo dijo el exregidor de la MPT tras enterarse de que el líder de APP se fue, en medio de la crisis, a disfrutar del Mundial de fútbol en México
Esta vez no fue la excepción. César Acuña publicó la noche del último jueves una serie de fotografías en las que se le ve en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, y las opiniones no se hicieron esperar, sobre todo porque APP está sumido en una crisis sin precedentes.
Por ejemplo, José Miranda Prado, exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), señaló que César Acuña se está corriendo de todo proceso electoral y ha abandonado a sus “hijos políticos”.
“Yo pienso que los ha dejado desamparados de cara a las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre”, apuntó.
El exconcejal maneja una teoría y considera que César Acuña está pagando a sus militantes, candidatos y dirigentes políticos con la misma moneda.
“Me explico: no trabajaron para que reciba el respaldo que él esperaba el 12 de abril. César Acuña debe estar muy incómodo y molesto, porque esperaba más de aquellos a los que toda la vida apoyó y acá me refiero a Martín Namay (renunció a su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad) y a Mario Reyna (no define aún si postulará a la Alcaldía por APP)”, manifestó Miranda.
Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, comentó que las fotos de César Acuña en México solo muestran que está viviendo “sin ninguna preocupación” por lo que pasará con APP y con sus candidatos para las elecciones del 4 de octubre.
En esa misma línea, Miguel Rodríguez Albán dijo que César Acuña está disfrutando de su fortuna y su poco interés por lo que sucede en el Perú con su partido político. “Se debe a que ya aceptó que no volverá a la política”, agregó.
Sin embargo, Ever Cadenillas Coronel, antiguo militante de APP y actual vicegobernador de La Libertad, mencionó que no hay sorpresa en el viaje hecho por César Acuña a México, pues ya había informado que se alejaba de manera definitiva de la política.
“Ahora hay nuevos dirigentes que están viendo todo lo relacionado a APP y están afrontando la problemática”, acotó.(Correo).
El burgomaestre de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, manifestó a los periodistas que le es indiferente la renuncia de Martín Namay a postular por el Gobierno Regional La Libertad y, en su caso, aseguró que no le preocupa la alcaldía provincial.
Al parecer, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, sigue deshojando margaritas y “reflexionando” sobre si postulará a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por Alianza Para el Progreso (APP). Más aún, acaba de decir que “ni siquiera le importa la alcaldía”.
“Si pretendiese la alcaldía estaría viendo … me importa poco eso. Ni siquiera pienso en la alcaldía. Yo ando más ocupado en mis temas, aquí, de trabajo que andar en postulaciones. Eso para la gente que, de repente, nunca ha pisado administración pública o que tiene alguna intención política”, expresó Reyna.
En todo caso, la autoridad siguió siendo ambiguo, pues cuando los hombres de prensa le preguntaron si él postularía este 4 de octubre a la MPT, ya que ha pedido licencia, refirió: “No se sabe, en todo caso se sabrá después de Fiestas Patrias. MIren su mundial (de fútbol) tranquilos, celebren Fiestas Patrias, preocúpense por trabajar en lugar de preocuparse por si yo postulo. Si ni yo siquiera me preocupo”, acotó.(Noticias Trujillo).
#ArdeTroya con Juliana Oxenford | La página web del Jurado Nacional de Elecciones mostró a Keiko Fujimori como presidenta electa, pese a que el procesamiento de votos aún no ha concluido al 100%. En paralelo, Roberto Sánchez convoca a una plenaria para este sábado 13 de junio, a la espera de los resultados oficiales.
El plan piloto que permitió el estacionamiento de vehículos menores en una zona habilitada sobre la pista del jirón San Román, en la Plaza de Armas de Huamachuco, fue dejado sin efecto por la municipalidad local debido a los resultados negativos obtenidos durante su aplicación.
La medida generó controversia desde su implementación. Mientras algunos ciudadanos consideraban que era una alternativa adecuada para los visitantes que llegan a la ciudad y necesitan un espacio temporal para estacionar sus unidades, otros cuestionaban su funcionamiento y las consecuencias que podía generar en el ordenamiento del tránsito.
Con el paso de las semanas, se comprobó que varios conductores aprovecharon este espacio como una cochera pública, dejando sus vehículos estacionados incluso durante varios días, situación que desnaturalizó el objetivo inicial del proyecto.
Ante este panorama, la municipalidad local decidió cancelar el plan piloto y anunció que en los próximos días se retomará la prohibición de estacionamiento en dicho sector de la Plaza de Armas.
Asimismo, vecinos y ciudadanos señalaron que con frecuencia se observaba a inspectores de tránsito concentrando esfuerzos en el control de este estacionamiento cuestionado, mientras que otros puntos de la ciudad, donde sí se requiere una mayor supervisión del tránsito vehicular, permanecían sin la atención necesaria.
Mantener libre de vehículos la Plaza de Armas representa un desafío debido a su amplitud y al constante flujo de conductores que se detienen por breves momentos, una situación que muchos consideran comprensible. Sin embargo, diversos sectores coinciden en que la municipalidad deberá evaluar nuevas estrategias para ordenar el tránsito y el estacionamiento en el centro histórico de Huamachuco sin afectar la movilidad ni la imagen de la ciudad.
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¡SOL TV EN TODO EL PERÚ! Claro TV – Canal 26 l Movistar TV – Canal 553 l DGO – DIRECTV l Win TV – Canal 12Fuerza Popular, con Fernando Rospigliosi a la cabeza, se niega a poner a debate una ley que reitera la prohibición de la extracción de especies marinas a gran escala en zonas protegidas, como Paracas. Pescadores artesanales de la bahía relatan cómo los afecta este tipo de faena pesquera respaldada por los poderosos.
'Mira a los pobres, hasta ahorita no calan. Siguen bajando, más millas adentro. Buscan y buscan', dice un pescador mientras observa las embarcaciones.
'¿Por qué crees que ya no hay? Ya todo se lo han levantado. Antes no teníamos que entrar tanto para encontrar pesca. Se gasta gasolina, a veces ya no se encuentra nada. Por lo menos sacan un par de pescados para la comida del día'.
La República estuvo en Paracas y acompañó a pescadores artesanales que denuncian las afectaciones de la pesca industrial en la zona. El reclamo ocurre mientras en Lima el Congreso se resiste a debatir el proyecto de ley que busca prohibir de forma definitiva la pesca industrial en áreas naturales protegidas, como Paracas.
La paradoja es que el Congreso discute si debe prohibirse de manera expresa la pesca industrial en zonas que son áreas naturales protegidas desde 2001. Un candado sobre otro. Para pescadores y dirigentes de Paracas, esa insistencia tiene una explicación: cada vacío normativo o administrativo termina convertido en una herramienta para que los abogados de las pesqueras industriales disputen espacios donde la actividad extractiva debería estar prohibida.
UNA LUCHA DESIGUAL
'Al mar se le respeta. Miedo no se le tiene, se le respeta', dice Agustín Franco Neira.
Agustín Franco Neira pesca desde los 18 años y hoy tiene 77. Lleva casi seis décadas entrando en el mar casi todas las noches. 'En este trabajo no hay horas. A veces se sale a la medianoche, o a la ua, dos o tres de la mañana. Ya se regresa en la tarde. Depende de lo que se encuentre', relata.
Su historia se repite en San Andrés, Lagunillas y Paracas. Son pescadores artesanales que heredaron el oficio de sus padres y abuelos, y que hoy dicen enfrentar una pesca más escasa, más lejana y más cara. En este lugar, buscan anchoveta, jurel, caballa, bonito o pejerrey.
La diferencia con la pesca industrial es el volumen de lo que se extrae del mar. El presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, José Hernández Mundini, explica que una embarcación industrial puede tener una capacidad de bodega promedio de 800 toneladas, mientras que un pescador tiene una capacidad de 10 toneladas.
'Lo que pesca una embarcación industrial en un día es lo que pescarían 100 embarcaciones artesanales', precisa Hernández.
Durante el recorrido, La República encontró una chata vinculada a Austral Group. En la pesca industrial, esta plataforma flotante recibe el pescado de las embarcaciones y lo bombea hacia plantas de procesamiento. Su presencia en Paracas muestra la diferencia entre la infraestructura industrial y la pesca artesanal.
TRATO PREFERENTE
El presidente del Sindicato de Pescadores de San Andrés, Manuel Barrientos, afirma que los artesanales reciben controles constantes por tallas, redes, permisos y desembarques, mientras que los industriales operan con ventajas económicas y políticas.
'Como se dice: al grande, se le da la ventaja; al chico, que lo mate el diablo. ¿Por qué? Por el poder económico, por el poder político', señala Barrientos.
Otro pescador entrevistado cuestiona que, cuando un artesanal llega con anchoveta, Produce mide, decomisa y multa. Pero pregunta quién mide lo que cargan las bodegas de las embarcaciones industriales. 'Al artesanal lo golpean duro. Pero si fuera el industrial, ¿quién mide ahí ese pescado?', dice.
La República reveló anteriormente que Once empresas pesqueras industriales acumularon 99 sanciones por actividades extractivas en la Reserva Nacional de Paracas. Entre las compañías sancionadas figuran Austral Group, Corporación Pesquera Inca, Pesquera Diamante, Pesquera Exalmar, Pesquera Hayduk y Tecnológica de Alimentos, pertenecientes a la Sociedad Nacional de Pesquería. Las multas sumaban alrededor de S/11 millones.
Luego, en julio del 2024, el Congreso aprobó un beneficio excepcional para reducir hasta un 90% de las multas pesqueras anteriores al 2021. La medida fue impulsada por el congresista Jorge Morante Figari, elegido por Fuerza Popular, durante el debate de un crédito suplementario.
Morante pidió incorporar una disposición para que pescadores pudieran acceder a un descuento del 90% en multas impuestas por el Ministerio de la Producción antes del año 2021. Sostuvo que el sector había sido afectado por la pandemia y que la medida serviría para 'mejorar la recaudación'.
En la Comisión Permanente votaron a favor seis congresistas fujimoristas: Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Martha Moyano. También apoyaron la medida los exmarinos Jorge Montoya y José Cueto.
Consultado por La República, José Jerí, quien presidía la Comisión de Presupuesto cuando se incorporó la reducción de multas, dijo no recordar el detalle. 'Seguramente quien lo propuso lo puede esclarecer con detenimiento', respondió.
En aquella sesión, Jerí solicitó un cuarto intermedio de cinco horas para evaluar propuestas antes de la aprobación. Al recordárselo, sostuvo: 'No creo que solamente haya sido ese tema. Habría que ver exactamente el contexto. No recuerdo, pero particularmente considero que las reservas tienen que ser protegidas. Ese es mi concepto y mi creencia'.
Sin embargo, las evidencias del 'lobby' pesquero industrial en el Congreso son contundentes (continúa). (La República).
