Juliana Oxenford.
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En un hostal de San Juan de Lurigancho fue encontrado sin vida el suboficial PNP Darwin Condori, principal sospechoso del asesinato de la joven Sheyla Cóndor en Comas. La Policía presume que se trata de un suicidio y habría encontrado una carta en la que Condori se despedía de su familia.
El coronel PNP Víctor Revoredo explicó que organizaciones criminales captan a menores de edad y les pagan entre 100 y 160 soles por involucrarse en ataques contra empresarios locales. Asimismo, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP José Zavala, sostuvo que acceder a dinamitas es cada vez más fácil
El general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la Región Policial La Libertad, destacó que, además de los menores detenidos, realizaron 341 arrestos por extorsión durante este año, mientras que en el 2023 fueron 258.
En esa línea, el coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe del Grupo Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera, dio más detalles. El oficial explicó que los menores son reclutados principalmente en campos deportivos, lugares donde suelen reunir a adolescentes vulnerables.
“Les ofrecen pequeños obsequios, entre 100 y 150 soles, y los convierten en ‘bomberitos’, que son utilizados para dejar cartas extorsivas o incluso para llevar a cabo acciones más violentas, como la colocación de explosivos en negocios locales”, afirmó.
Este método de captación es parte de una estrategia que las organizaciones criminales emplean para expandir su influencia y generar temor en la población. Sin embargo, es una brecha que la Policía está dispuesta a romper.
El uso de explosivos, especialmente dinamita, es uno de los elementos más peligrosos que los criminales proporcionan a los menores de edad. El general Zavala resaltó la facilidad con la que se puede acceder a materiales explosivos.
“Lamentablemente, como ya se ha evidenciado, acceder a dinamita es muy fácil. Cualquier persona puede conseguirla, e incluso se oferta a través de aplicaciones como WhatsApp y otras redes sociales”, señaló Zavala, señalando la falta de control en la distribución de explosivos, en gran parte debido al tráfico ilícito de materiales para la minería ilegal, lo que agrava la situación de inseguridad en la región.
Hasta la fecha, la Policía Nacional ha incautado un total de 34,160 explosivos en La Libertad durante el año en curso, cifra que supera los 27,712 explosivos incautados en el mismo periodo de 2023. Además, se ha intensificado la incautación de armas de fuego, con 539 armas cortas y 90 de largo alcance confiscadas en los últimos meses.
El alcalde de la provincia de Virú, Javier Mendoza Torres, reiteró que es urgente fortalecer a la Policía. Lamentó que en su provincia no se haya concretado importantes capturas.
“Que implementen a la Policía, que envíen un servicio de inteligencia pero con resultados, porque hasta ahora solo permanecen dos o tres meses y no hay resultados. Se supone que si vienen es para que al final presenten un informe detallado que posibilite las capturas. Hasta ahora no hay resultados en las provincias”, indicó.
Otro aspecto que preocupa al alcalde de Virú es la centralización de recursos en la capital, lo que deja a provincias como la suya con pocas herramientas para hacer frente a la delincuencia.(CORREO)
Juez Richard Concepción ordenó la captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte y sus amigos Jorge Ortiz, Zenovia Herrera y Jorge Chingay, al imponerles 36 meses de prisión preventiva.
El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la búsqueda, ubicación y captura nacional e internacional de }e: su hermano mayor Nicanor Boluarte Zegarra, Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez.
La orden de captura dirigida contra la Policía Nacional, con carácter urgente y de ejecución inmediata, tiene alcance nacional e internacional, ante la eventualidad de que alguno de ellos haya salido del país en los últimos días.
A partir del viernes 22 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, el juez resolverá el pedido de prisión preventiva sobre el abogado Mateo Castañeda y Noriel Chingay. Los hechos que se les atribuye son similares a los cuatro procesados a los que ya dictó prisión preventiva, la diferencia estará en los arraigos y peligros procesales.
El juez dictó la orden de búsqueda y captura al declarar procedente el pedido de la fiscalía para imponer 36 meses de prisión preventiva a Boluarte, Ortiz, Chingay y Herrera como presuntos integrantes de la organización criminal “Los Waikys en la Sombra”, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Richard Concepción explicó que decidía imponer la prisión preventiva al hermano de la presidenta para evitar la obstaculización de las investigación y su posible fuga, luego que los elementos presentados por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) establecieran que se cumplían los tres elementos para realizar una investigación con privación de la libertad.
Es decir, la existencia de sospecha grave y fundada de la existencia de una organización criminal que estaría utilizando la función pública en beneficio personal y proselitista para crear el partido político “Ciudanos por el Cambio” con el que se pretendía apoyar el gobierno de Dina Boluarte.
Además, la pena a imponerse superaría los 20 años de prisión y la existencia de indicios consistentes de la existencia de una organización criminal, de actos de obstaculización -destrucción de pruebas e intimidación a testigos- y la posibilidad de que Nicanor Boluarte, utilice su vínculo familiar con la presidenta salir del país.
Precisamente, tal como reportó La República, entre el domingo 17 y lunes 18 de noviembre, Nicanor Boluarte decidió pasar a la clandestinidad y dejó de conectarse de manera virtual a las audiencias públicas, a la vez que cortó comunicación telefónica con sus abogados Luis Vivanco, en el ámbito penal, y Joseph Campos, en el área constitucional.
La orden de detención de Nicanor Boluarte crea un problema político y familiar al gobierno de su hermana Dina y al ministro del Interior, Juan José Santivañez. El presidente del Partido Político Perú Libre, Vladimir Cerrón se encuentra inubicable y con orden de detención desde hace un año, y a partir de ahora, el hermano mayor de la presidenta.
Existe la sospecha de que Cerrón habría logrado escapar utilizando un auto de la presidencia, el famoso “Cofre”. El viernes, en una audiencia judicial, se le habría escuchado a Nicanor Boluarte decir que necesitaba un nuevo vehículo.
“La Policía está en disposición del cumplimiento de su trabajo para cumplir el mandato constitucional que tiene (...) lo que yo puedo garantizar es que la Policía trabaja con idoneidad y trabaja de acuerdo al marco constitucional y nosotros teniendo conocimiento de cualquier tipo de disposición del Poder Judicial, la Policía por mandato constitucional se encuentra en la obligación”, respondió el ministro Santivañez, al ser consultado sobre la situación de la hermano de la presidenta.
Tras la decisión judicial, el abogado Jhon Campos criticó la decisión del juez Concepción Carhuancho. Indicó que “es una decisión inconstitucional y que Nicanor Boluarte está protegiendo su libertad al no participar en las audiencias” y pasar a la clandestinidad.
Campos enfatizó que es absurdo que los fiscales pidan tres años para investigar y que un juez se demore cuatro meses y tres audiencias para resolver el pedido de prisión preventiva. Las audiencias para resolver la prisión preventiva comenzaron el 7 de agosto y la lectura de la resolución comenzó el domingo a las 10:00 de mañana y concluyó el martes, a las 5:00 de la tarde.
Lo que se observó y escuchó en las audiencias es que el juez fue muy detallista en la descripción y análisis de cada uno de los indicios presentados por el Eficcop, a través del fiscal Carlos Ordaya, y los descargos de los abogados de la defensa, a partir de lo cual sustentó su decisión.
Para entender todo este debate jurídico debe tenerse en cuenta que al inicio de este caso, el 10 de mayo, el juez ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte y los otros implicados por un plazo de 15 días, decisión que fue revocada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones.
Ese tribunal superior volverá a revisar, en esta oportunidad, la prisión preventiva. Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz, Jorge Chingay y Zenovia Herrera apelaron la prisión preventiva.
Por eso, el juez habría sido tan meticuloso en su resolución para evitar otro tropiezo, aunque los abogados señalan que eso, al contrario, demostraría que tiene una opinión formada sobre la responsabilidad del Grupo de Confianza de la presidenta y que lo mejor era que se apartará del caso.
De otro lado, mientras que Concepción Carhuancho concluía la lectura de la resolución que definía la situación jurídica de Nicanor Boluarte y sus amigos, la Quinta Sala de Apelaciones revocó otra de las detención preliminares dictadas por este juez: el caso de Agustín Lozano y “Los Galácticos del Fútbol”.
En la audiencia del domingo, el juez Concepción reiteró que en base al control difuso convencional no aplicaría las leyes 32108 y 32138 sobre crimen organizado al caso “Los Waikys en la Sombra”, pues entran en colisión con la Convención de Palermo.
Mientras, en el caso Lozano, los jueces de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional si aplicaron dicha norma legal, tal como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, al considerar que no contradice la Convención de Palermo.
Un aspecto central de esas normas es que establece que para la existencia de una organización criminal se requiere que el grupo busque un beneficio económico, a la vez que establece una lista fija de delitos: asesinato, secuestro, extorsión y otra más extensa, para todo delito grave con pena mínima igual o superior a cinco años.
En el caso “Los Waykis en la Sombra” la organización se habría formado para obtener un beneficio político: la construcción de un partido político que dé soporte al gobierno de Dina Boluarte, para lo cual habría cometido delitos con pena mínima inferior a cinco años de cárcel.
Sobre este aspecto, de las tres sesiones que demoró la lectura de la resolución de prisión preventiva, las primeras horas del domingo estuvieron dedicados a establecer los argumentos para apartarse de las leyes 32108 y 32138. Luego, la mayor parte del tiempo, la tarde del domingo y todo el lunes, se utilizó para sustentar los indicios de la existencia de una organización criminal.
Recién el martes el juez entró al tema central para definir una prisión preventiva: la existencia de un riesgo para el desarrollo de la investigación y la posibilidad de fuga.
El juez consideró que estos elementos se daban en el caso de los cuatro procesados antes mencionados, de acuerdo con el sustento de la fiscalía. La Sala de Apelaciones tendrá la oportunidad de revisar todo estos argumentos.
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho determinó que el Grupo de Confianza de la presidenta Dina Boluarte persiguió un objetivo lícito: formar un partido político, pero utilizando fines ilícitos: la instrumentalización de los nombramientos de prefectos, subprefectos y cargos en el IPD para llenar las fichas de afiliación.
Igualmente se estableció que los investigados no tienen arraigo domiciliario y laboral de calidad que aseguren su sometimiento a la investigación, a la vez que existe un alto riesgo que pueda fugarse aprovechando sus vínculos con el gobierno de Dina Boluarte.
Nicanor Boluarte no se presentó a las audiencias judiciales del lunes y martes. "La Corte Suprema ha establecido en más de una oportunidad que, si la detención preliminar o la prisión preventiva que dicta un Juez es desproporcionada o innecesaria, el ocultamiento posterior del imputado o su condición de no habido no puede considerarse un comportamiento negativo o que perjudique aún más su situación", recordó el abogado Julio Espinoza Goyena.(LA REPÚBLICA)
El gobernador César Acuña, que lidera el Consejo de Estado Regional, al término de la reunión con los miembros de este organismo, informó a la prensa que 50 policías vinculados a actos de corrupción fueron rotados de la región La Libertad.
La autoridad regional saludó esa acción con la que se demuestra que ya no se quiere tener a malos elementos dentro de la institución policial y a la vez pidió seguir teniendo mano dura contra los agentes que infringen la ley.
Adelantó también que ya se encontró la base donde operarán los 200 DINOES y 40 GRECCO, en el distrito El Porvenir. “En los años 90 había una base DINOES. Pues esa misma será reactivada para que sea su centro de operaciones”, dijo el gobernador de La Libertad.
Este punto fue abordado con el coronel PNP Javier Arana Palomino, que en dos semanas hará un informe acerca de la implementación de esa base en Trujillo. Como se recuerda, los DINOES están distribuidos 40 para El Porvenir, 40 para La Esperanza, 20 para Florencia de Mora y 100 para Trujillo.
El gobernador regional de La Libertad mencionó que desde mañana la DINOES estará realizando el control de identidad de ciudadanos, sea cualquiera el espacio en que se encuentren, y se intensificará los operativos en puntos críticos de Trujillo.
Aparte, recalcó que los ronderos están incluidos en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), por lo que el GORE tiene todas las facultades para capacitarlos y equiparlos debidamente.
El gobernador regional de La Libertad informó también que en la provincia de Virú hay 50 soldados destacados para dar seguridad a la población en apoyo a la Policía Nacional, pero éstos, señaló, deben quedarse de manera permanente y no tener que retornar cada día a su cuartel. Para el efecto, señaló que coordinará con el alcalde provincial de Virú para que apoye al Ejército.
“Como ya hay lugar donde estará la base DINOES, tenemos el argumento para pedir al Comando General de la Policía Nacional, que la base permanente de Trujillo se instale lo más pronto posible, con la totalidad de sus efectivos previstos, es decir con los 200 DINOES y más 40 GRECCO”, sostuvo.
A su turno, el general PNP José Zavala informó a la prensa que, en lo que va del año, han sido trasladados 113 presos del penal El Milagro a otros de máxima seguridad, así como 41 adolescentes de La Floresta a otros establecimientos. A la vez fueron expulsados 115 extranjeros y 877 armas han sido incautadas y sacadas de circulación.
Dijo que en la semana pasada se han registrado 2 homicidios, 5 detonaciones de explosivos y se han realizado 171 operativos. Agregó que 4 bandas de extorsionadores fueron desarticuladas y 22 bandas por diversos delitos, 73 requisitoriados detenidos, 10 menores retenidos, 13 extranjeros detenidos, 12 detenidos por portar armas de fuego y 12 detenidos por extorsión. En total 270 personas fueron intervenidas, de las cuales 14 llegaron al penal El Milagro.(NOTICIAS TRUJILLO)
El jefe del Grupo Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera le dijo que aproveche las fiestas de fin de año para que se despedida de su familia
En esta ocasión, el oficial le dio un ultimátum a Cruz Torres y dijo que lo atrapará cueste lo que le cueste.
“Jhonsson Cruz Torres, nuevamente, donde estés, aprovecha las fiestas (de fin de año) para despedirte de tus hijos. Donde estés te vamos a capturar”, indicó.
Revoredo Farfán le pidió a alias “Jhonsson” que se arrepiente y conviva en paz con la población.
“Nuevamente, Jhonsson Cruz Torres, reconcíliate con la sociedad, a quien has hecho tanto daño. Es hora de que le des un panetón a los tuyos no manchado de sangre, de violencia, no a costa de los trujillanos y de los peruanos. Aprende a convivir en paz, porque donde estés te vamos a capturar”, puntualizó.
“Los Pulpos” habrían encargado a sicarios de nacionalidad venezolana atentar contra la vida de Revoredo Farfán y por ello ofrecieron una recompensa de 100 mil soles.
Además, alias “Manquito” le confesó a Revoredo Farfán que planeaban también secuestrar a su hijo por orden de “Jhonsson”.
Jhonsson Cruz Torres se encuentra entre los cinco criminales más buscados del país y por ello, el Ministerio del Interior decidió ofrecer una recompensa de S/ 500.000 por su ubicación.
De acuerdo con la Policía, Cruz Torres estaría implicado en diversos secuestros registrados en los últimos años, entre ellos los de Alam Ríos Guevara, Manuel Rodríguez Cruzado, Santos Guillermo Sánchez Vera, Emilio Julca Huamán, Kristell Cotrina Cruz, Robert Quezada Crisólogo, Yessi García López, entre otros.(CORREO)
Es inaudito que un hecho como este no se traiga abajo al gabinete y, en particular, al ministro del Midis.
Cuesta creer que los niños más pobres, precisamente aquellos que deben estar más protegidos por el Estado por su gran vulnerabilidad, sean sometidos a este tipo de discriminaciones y sujetos a una afrenta de tal calibre. Una empresa que es proveedora del programa social Qali Warma ha distribuido carne de caballo en latas entre los escolares que reciben este “beneficio” por parte del Gobierno.
Son conservas de la marca Don Simón, de la empresa Frigoinca, que servían para dos propósitos: para albergues de perros y para niños pobres. Debido al pésimo control del programa social, este producto fue distribuido y se consumió entre los beneficiarios. Asimismo, se ha podido establecer que junto con la carne de caballo también se entregaban otros productos cárnicos en mal estado. Por tal motivo, la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso ayer la incautación de más de 54.000 latas de conservas de cinco tipos de productos cárnicos de la marca Don Simón de un almacén de Lima norte, perteneciente a la empresa Frigoinca. La fiscal a cargo investiga los presuntos actos de corrupción cometidos entre funcionarios de Qali Warma y los propietarios de la empresa.
Hay que acotar que el caso se pudo conocer debido a la declaración de un colaborador eficaz que puso en marcha la investigación. Hay que añadir que los programas dominicales han incidido en esta denuncia, que muestra la desidia de un equipo ministerial al que la gente y, en especial, los más pobres no le merecen el más mínimo respeto. Más indignante aún si consideramos que la creación del Midis obedeció a la necesidad de un sector de la población de luchar contra el hambre y la pobreza, y que uno de sus principios básicos fue el respeto al ser humano, sea cual sea su condición. Sin usos políticos y con un marcado carácter técnico.
Ahora que ese sector de pobres y pobres extremos ha crecido consistentemente bajo este régimen, es doblemente grave que se atente contra la salud de los más vulnerables y que se muestre ese nivel de negligencia.(LA REPÚBLICA)