Robert de la Cruz Rosas ejerció la defensa legal de Teófilo Cruz Álvarez, conocido como el “abuelo Pulpo”, según documentos judiciales
Robert de la Cruz Rosas, candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Trujillo, se encuentra en el centro de cuestionamientos por su trayectoria como abogado defensor de personas investigadas por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Documentos judiciales difundidos en un reportaje del programa periodístico Panorama lo relacionan con procesos vinculados a “Los Pulpos”, “Los Malditos de Chicago” y “Alianza del Valle”.
Entre los casos figura la defensa de Teófilo Cruz Álvarez, conocido como el “abuelo Pulpo” y señalado como uno de los fundadores de “Los Pulpos”. De la Cruz habría asumido su defensa en un proceso iniciado en 2016, además de representar a otras personas procesadas junto a Cruz Álvarez y vinculadas a la facción denominada “Los Injertos de K y K”.
Asimismo, documentos judiciales muestran que el candidato defendió a Juan Ramírez Abanto, alias “Canilla”, señalado como integrante de “Los Malditos de Chicago” y quien llegó a figurar en el programa de recompensas del Ministerio del Interior.
También aparece, junto con su pareja y abogada Lourdes Paredes Alva, como defensor de investigados por el caso “Alianza del Valle”, según el dominical.
Ante los cuestionamientos, De la Cruz sostuvo que su actuación corresponde al ejercicio profesional de la defensa y recordó que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia.
El candidato cuenta además con experiencia política como consejero regional, cargo al que llegó con Alianza para el Progreso, y ahora busca dirigir Trujillo, una ciudad afectada por la extorsión y el crimen organizado.(Correo).
Maestros cesantes y jubilados reciben entre S/400 y S/1.200, según el SUTEP. La ley plantea elevar sus pensiones hasta S/3.500,70, pero sigue sin reglamentarse y enfrenta una demanda ante el TC.
La ley plantea elevar las pensiones de los profesores cesantes y jubilados comprendidos en la Carrera Pública Magisterial hasta el monto correspondiente a la primera escala magisterial, cuya Remuneración Íntegra Mensual (RIM) asciende actualmente a S/3.500,70. Además, enfrenta una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Después de décadas dedicadas a la enseñanza, los maestros cesantes y jubilados reciben pensiones que resultan insuficientes para afrontar el costo de vida. Félix Soto, secretario nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), señaló que estos pagos pueden oscilar entre S/400 y S/1.200, mientras que en el caso de las AFP pueden ser de apenas S/150 a S/400.
La Ley 32581 recoge el reclamo que el SUTEP venía impulsando mediante el proyecto de ley 4786 para mejorar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados. Para el sindicato, corresponde al actual Gobierno ponerla en marcha y la falta de reglamentación refleja una ausencia de voluntad política.
"Nosotros queremos que se cumpla la ley", sostuvo Soto al rechazar la posibilidad de que el monto establecido sea reemplazado por un incremento menor.
La discusión se trasladó al terreno económico luego de que el MEF cuestionara la viabilidad de aplicar la norma en los términos aprobados por el Congreso. El titular del sector, Elmer Cuba, afirmó en agosto que el Gobierno buscaría impedir su aplicación porque considera que la ley vulnera la Constitución.
"Vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal", declaró Cuba.
El ministro sostuvo que el Congreso no puede tener iniciativa de gasto y advirtió sobre los efectos que tendría la medida en las cuentas fiscales. También señaló que el Gobierno buscaría negociar un incremento pensionario, aunque por un monto inferior al establecido en la ley.
El cuestionamiento del MEF coincidió con una acción presentada por el Colegio de Economistas de Lima (CEL) ante el Tribunal Constitucional. La institución interpuso una demanda de inconstitucionalidad para que la Ley 32581 sea expulsada del ordenamiento jurídico y planteó que cualquier reforma pensionaria considere su sostenibilidad financiera y estudios actuariales.
Uno de los principales argumentos de la demanda es la presunta vulneración del artículo 79 de la Constitución, referido a la iniciativa de gasto del Congreso. El CEL sostiene, además, que la aplicación de la norma generaría una obligación fiscal permanente.
Según los cálculos presentados en su demanda, el costo sería de al menos S/5.670 millones al año y podría elevarse a S/18.837 millones si otros pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones reclaman un beneficio similar. Se trata de estimaciones planteadas por el Colegio de Economistas de Lima en el proceso constitucional y no de un monto determinado por el Estado.
La demanda generó, además, una controversia dentro de la propia orden profesional. El Colegio de Economistas del Perú, a través de su Consejo Directivo Nacional, aclaró el 22 de agosto que no ha presentado ni tiene previsto presentar una demanda contra las normas referidas a las pensiones de maestros y otro personal público.
El organismo nacional precisó que las acciones y declaraciones del decano del Colegio de Economistas de Lima corresponden a su ámbito departamental y no representan la posición institucional del Consejo Directivo Nacional ni de todos los colegios departamentales.
Añadió que el debate técnico sobre las reformas pensionarias será abordado en la Asamblea Nacional de Delegados y en el XXXII Congreso Nacional de Economistas del Perú, previsto del 9 al 11 de septiembre en Oxapampa, Pasco.
La controversia constitucional no es el único cuestionamiento. Para el abogado laboralista Christian Sánchez, el problema también debería analizarse desde la perspectiva del financiamiento del sistema pensionario y de las obligaciones de seguridad social que, según explicó, mantiene el Estado peruano.
"Si nos restringimos en los gastos, lo hacemos todos, no solo algunos en perjuicio de otros", sostuvo.
Sánchez consideró que la discusión no debería limitarse a determinar cuánto costaría la medida, sino abordar también cómo incrementar los recursos destinados al sistema de pensiones. En ese contexto, cuestionó beneficios tributarios otorgados a determinados sectores económicos que, según su análisis, reducen los ingresos públicos.
Para el sindicato, la falta de recursos no debe convertirse en un argumento para desconocer una ley ya aprobada. Soto sostuvo que existen alternativas para financiar la mejora pensionaria y planteó revisar tanto los ingresos tributarios como las exoneraciones que benefician a determinados sectores económicos.
El dirigente también cuestionó el tratamiento que recibe el magisterio frente a las mejoras pensionarias aprobadas para policías y miembros de las Fuerzas Armadas. A su juicio, no resulta coherente que el Estado plantee restricciones fiscales para los maestros mientras aprueba beneficios para otro personal público.
Soto señaló que el SUTEP cuenta actualmente con unas 380.000 personas afiliadas y que cerca de 200.000 corresponden a maestros cesantes y jubilados. Para el dirigente, la defensa de una pensión digna involucra tanto a quienes ya dejaron las aulas como a los docentes que permanecen en actividad.
La organización sostiene que no existe un conflicto entre ambos grupos. Soto señaló que los maestros activos también mantienen demandas salariales y que la organización busca defender los derechos del conjunto del magisterio.
Mientras la demanda constitucional sigue su curso, el SUTEP busca que el Ejecutivo cumpla con la norma. El sindicato solicitó una reunión con el ministro de Economía y, tras una movilización frente al MEF, sus representantes fueron recibidos por funcionarios técnicos debido a la ausencia de Cuba. Según Soto, todavía no se ha concretado una nueva reunión con el titular del sector.
El titular de Educación, José Antonio Chang, afirmó el 3 de septiembre que el Gobierno buscará cumplir la Ley 32581, aunque consideró que no es financieramente viable asumir de inmediato el pago completo de S/3.500,70.
"Ese tema es un tema de una ley que hay que cumplirla, obviamente", declaró.
Chang planteó que el pago de las obligaciones pueda programarse en el tiempo y advirtió que destinar todo el presupuesto del sector a la deuda social limitaría la capacidad del Ministerio de Educación para atender otras necesidades, como infraestructura y tecnología.
La posición contrasta con la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que cuestiona la aplicación de la norma en los términos aprobados por el Congreso.
Para el SUTEP, una aplicación gradual no reemplaza el mandato de la ley. Soto señaló que el sindicato espera una respuesta del Ejecutivo y que, si no encuentra una solución mediante el diálogo, las bases podrían evaluar nuevas medidas de fuerza.
"Si en el gobierno no nos da soluciones, entraremos a una medida de fuerza de lucha", advirtió.
El sindicato ha planteado como posibles escenarios un paro de 24, 48 o 72 horas, una huelga de hambre o una huelga nacional, aunque cualquier decisión deberá ser adoptada por sus bases.
Por ahora, la Ley 32581 permanece en el centro de una disputa entre el reclamo de los maestros cesantes y jubilados por mejorar sus ingresos, el cuestionamiento sobre la capacidad del Estado para financiar el beneficio y la demanda constitucional presentada por el Colegio de Economistas de Lima.
Mientras el Tribunal Constitucional debe resolver la demanda, el Ejecutivo mantiene pendiente la reglamentación que permitiría avanzar en la aplicación de la norma.(La República).
Cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta de los vehículos utilizados durante el ataque en Trujillo
Nuevas imágenes de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la ruta que habría seguido la organización criminal “Los Pulpos” tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas, ocurrido en Trujillo.
Los videos difundidos por el programa Panorama muestran una camioneta blanca polarizada que trasladaba a la víctima, escoltada por otros vehículos durante la madrugada del 30 de agosto.
Según los investigadores, el convoy realizó diversas maniobras para evitar ser detectado por las autoridades. Posteriormente, los delincuentes habrían cambiado de vehículo y abandonado los uniformes policiales utilizados durante el ataque.
En la zona de Cortijo Bajo y el cañaveral de Víctor Larco Herrera, la Policía encontró chalecos y prendas policiales, cascos, esposas, portaplacas y un documento de identidad del empresario.
La investigación apunta a que la última etapa del secuestro ocurrió en una vivienda de la urbanización San Isidro, donde la Policía identificó un presunto búnker utilizado para mantener cautivas a las víctimas, según io cuenta el dominical.
El inmueble contaba con un sótano acondicionado y balones de oxígeno. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar cómo operaba esta estructura y establecer la responsabilidad de los implicados.(Correo).
Arriola venía siendo criticado por su trabajo como jefe de la institución policial. Fredy López Mendoza, jefe del Estado Mayor de la PNP, será su sucesor.
Tanto Arriola como Galarreta señalaron que el puesto de comandante general de la PNP será asumido por Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la institución. López Mendoza también estuvo presente en la conferencia.
La designación de López Mendoza como jefe de la PNP ya venía siendo comentada. El diputado Harvey Colchado, representante de Ahora Nación, consideró que podría ser una buena opción para reemplazar a Arriola en el cargo.
“He conversado con varios suboficiales superiores que han trabajado con él en diferentes unidades, me dicen que es una persona honesta, metódica, responsable y yo, cuando estudié en la Diviac, he tenido con él algunas coordinaciones. Él fue jefe de la policía contra la corrupción como general, hizo varios megaoperativos también impecables. Y también estuvo como jefe de la policía aérea. En los operativos que hicimos, nunca me puso reparos. (…) En lo que he preguntado a varios, parece ser un policía honesto que representaría bien. Habría que darle la oportunidad, pero ya depende del Ejecutivo”, señaló a RPP.
El jefe de la PNP venía siendo altamente cuestionado debido al elevado número de homicidios registrados desde el inicio del nuevo gobierno. De acuerdo con datos recopilados por Juan Carbajal, analista de datos, a partir de las cifras registradas por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), solo entre el 28 de julio y finales de agosto se registraron 151 homicidios a nivel nacional. Según Carbajal y otros analistas, estas cifras serían incluso mayores.
El ataque registrado en Trujillo —presuntamente perpetrado por la banda criminal ‘Los Pulpos’— también generó un aluvión de críticas contra el manejo de la institución policial. A raíz de este hecho, bancadas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, como Ahora Nación y Renovación Popular, pidieron que Arriola diera un paso al costado.
Al ser consultados sobre la salida de Arriola, figuras del Gobierno, como César Astudillo, señalaron que esto era imposible debido al Decreto Legislativo N.° 1267, conocido como Ley de la Policía Nacional del Perú. La norma establece que el comandante general de la PNP debe permanecer dos años en el cargo. Luego de que Astudillo anunciara esta situación ante el Congreso, aseguró que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para modificar la norma. Sin embargo, dicha iniciativa no ha sido presentada y la modificación tampoco fue incluida en el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.
Quienes sí plantearon modificar la norma para permitir la salida de Arriola fueron los diputados. Tres proyectos de ley —presentados por Catherin Palomino y Analí Márquez, de Juntos por el Perú, y Harvey Colchado, de Ahora Nación— proponían modificar el artículo de la ley que impedía la salida de Arriola debido al plazo establecido para su permanencia en el cargo.(La República).
Versión celular:
El cabecilla de “Los Pulpos” ordenó cortarle los dedos a víctima si no pagaban rescate
“Jhonsson (Cruz Torres) me levanta a las 3 de la mañana a decirme que su trabajo le salió bien. Me quedo en la sala y recibe una llamada donde le dicen que se les había pasado la mano: aseguraron a dos chicas y con los seguros (seguridad)”, dijo Mendocilla Gómez en el interrogatorio policial difundido en Domingo al Día.
Asimismo, reveló que el propio “Jhonsson Pulpo” coordinó el cobro del rescate del empresario minero.
“Escuché que decía: ‘que lo asegure bien tu garante’ [...]. Estaba preocupado, si la familia no le pagaba a tiempo, le iba a comenzar a volar dedo por dedo”, manifestó.(Correo).
Presentación del Plan de Gobierno Municipal de Sandro Rodríguez Arteaga por Podemos Perú.
VIDEO EN:
https://www.facebook.com/ADNHuamachuco/videos/1088869286929411
Versión celular:
Un nuevo crimen en Trujillo. Esta vez un gallero fue asesinado cuando salia de local de pelea de gallos Toro Mata tras un último evento en el distrito de La Esperanza.
Segun la Policia, la víctima ha sido identificada como Roy de la Cruz, quien era conocido en el mundo gallístico en la ciudad y el cual fue aparentemente baleado por personas aún sin identificar
Al momento en La Libertad ya son más de 170 homicidios registrados en diferentes circunstancias. El anterior caso criminal en Trujillo fuel del cuádruple homicidio y secuestro que se reportó a solo unas cuadras de la plaza de Armas.(Noticias Trujillo).
Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de música sanjuanera rindiendo homenaje a organizaciones delictivas durante un concierto en la provincia de Bolívar.
Un grupo de música sanjuanera ha desatado una fuerte ola de rechazo e indignación tras la difusión de un video donde se les observa haciendo evidente apología a las peligrosas organizaciones criminales ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’. Las polémicas imágenes, reveladas por el medio local Macronorte.pe, corresponden a una presentación en vivo realizada días atrás en la provincia andina de Bolívar, en la región La Libertad. En el material audiovisual, se escucha claramente al animador de la orquesta lanzar enérgicos saludos y arengas a favor de estas bandas delictivas, mientras el espectáculo musical continúa desarrollándose con total normalidad frente al público.
Este repudiable episodio ocurre en un momento de máxima tensión en el norte peruano, una zona que viene siendo severamente golpeada por la violencia extrema y las extorsiones. Pese a la gravedad de los mensajes emitidos durante el evento público, hasta el momento la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Cabe recordar que no es la primera vez que estas mafias logran visibilidad en espacios artísticos; en ocasiones anteriores, sus logotipos han sido proyectados en pantallas de otros conciertos, sumado al uso de plataformas como TikTok para exhibir su poderío e infundir terror en la población.
La exaltación pública de estas organizaciones resulta especialmente alarmante debido a la ferocidad de sus crímenes más recientes. Precisamente, a ‘Los Pulpos’ se le atribuye el sonado secuestro de un empresario minero y el cruel asesinato a sangre fría de cuatro de sus acompañantes en Trujillo durante el último fin de semana. La red criminal ha vuelto a concentrar la atención policial tras la reciente captura en Bolivia de su máximo cabecilla, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, quien fue extraditado a Lima bajo estrictas medidas de seguridad para cumplir una condena de cadena perpetua.(N60).
La Contraloría General de la República detectó graves deficiencias para afrontar un probable incremento de demanda de pacientes como consecuencia de enfermedades asociadas al fenómeno El Niño en los nosocomios Regional Docente de Trujillo y Santa Isabel en el distrito de El Porvenir. Exigen prevenir
En efecto, de acuerdo al Informe de Visita de Control N°008-2026-OCI-3882-SVC, Contraloría detectó tres situaciones adversas que pueden afectar el logro de los objetivos en el Hospital Regional Docente de Trujillo.
Los inspectores constataron que determinados productos para la atención del mal del dengue, leptospirosis y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), presentan niveles de disponibilidad insuficientes.
Además, hay productos pendientes de nuevas convocatorias para adquirirlas. Esta situación podría limitar la capacidad de respuesta del Hospital Regional Docente ante un eventual incremento de demanda por El Niño.
El órgano de control también realizó una inspección en los techos, canaletas y sistema de drenaje pluvial y se advirtieron deficiencias que podrían afectar la infraestructura hospitalaria y la continuidad de la atención en los servicios de salud ante la ocurrencia de lluvias.
Otro punto observado por Contraloría fue el hecho de que el hospital no ha culminado la aprobación y difusión del plan actualizado para afrontar los efectos del fenómeno El Niño. Esto, a pesar de haber identificado la necesidad de adecuar dicha estrategia ante lluvias intensas al nuevo escenario de riesgo, situación que limita una respuesta institucional organizada, oportuna y articulada ante un evento natural de magnitud.
A través del Oficio N°000230-2026, el órgano de control notificó de este informe al director del Hospital Regional Docente de Trujillo, Víctor Salazar Tantaleán, a fin de que el plazo de cinco días hábiles comunique qué acciones se tomarán para subsanar las observaciones realizadas.
Ahora bien, mediante el Informe de Visita de Control N°012-2026-GC-06/40-SVC, la Contraloría puso en evidencia cuatro situaciones adversas en la continuidad operativa de los servicios de salud del Hospital Distrital de El Porvenir, Santa Isabel.
Se constató el deterioro y deficiencia en el estado de conservación de la infraestructura de dicho nosocomio como presencia de humedad y desgaste de pintura en cielorasos y paredes en diferentes áreas del hospital.
Además de ello, el equipamiento médico de la unidad de emergencia, hospitalización, centro obstétrico y quirúrgico están deteriorados y en algunos casos inoperativos. Esta situación genera el riesgo de afectar la oportunidad del diagnóstico y tratamiento comprometiendo la continuidad y calidad de la atención ante eventuales precipitaciones pluviales.
Sumado a todo eso, Contraloría también observó que en el área de Emergencia no se cuenta con el personal médico suficiente para brindar atención durante las 24 horas.
Finalmente se verificó desabastecimiento, subestock y sobrestock de productos farmacéuticos, lo que afecta la oportunidad y continuidad del tratamiento de los pacientes.(Correo).
