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Las motos y trimotos eléctricas deben tener placa, SOAT y licencia para circular, aclaró la AAP.
La Asociación Automotriz del Perú (AAP) aclaró que las motos y trimotos eléctricas no son consideradas vehículos de movilidad personal (VMP), por lo que deben contar obligatoriamente con placa de rodaje, SOAT y licencia de conducir para circular en el país.
El gremio explicó que los vehículos de movilidad personal solo comprenden unidades eléctricas que no superan los 25 kilómetros por hora y que están diseñadas para trasladar a una sola persona. Estas características, según la AAP, no corresponden a las motos ni trimotos eléctricas que actualmente se comercializan en el mercado peruano.
Por ello, la asociación remarcó que estos vehículos deben cumplir con los mismos requisitos básicos de identificación, seguro y autorización de conducción, a fin de garantizar una circulación segura y ordenada.
La aclaración busca evitar confusiones entre los usuarios que adquieren este tipo de unidades creyendo que pueden circular sin placa, sin SOAT o sin licencia, cuando en realidad están obligados a cumplir con dichas disposiciones.(N60).
ENCUESTA IEP. A 10 días de la segunda vuelta, Keiko Fujimori tiene 36% de intención de voto y Roberto Sánchez, 30%. La opción del voto blanco y nulo pierde respaldo, pese a la posición marcada por partidos como El Buen Gobierno. Un 65% ya decidió su voto.
A nivel de macrozonas, la candidata de Fuerza Popular lidera Lima Metropolitana (51%) y el norte del país (32%). En el ámbito rural registra 21%, mientras que en el centro y sur, 26% y 29%, respectivamente.
En edad, los votantes de entre 18 y 29 años la prefieren (41%), al igual que los de 50 años a más (38%). Quedan por debajo los del rango de 30 a 49 años (32%).
A nivel socioeconómico, Fujimori no tiene llegada en el sector D/E (27%), pero sí en A/B (50%) y C (40%).
Un 41% de sus posibles electores cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 40% está muy interesado en política y el 60% se identifica ideológicamente con la derecha.
Por su parte, Roberto Sánchez tiene afinidad con los electores del centro (40%), sur (35%) y oriente (38%) del país. En el ámbito rural registra 42% y en el urbano, 31%.
En edad, encuentra un mayor respaldo entre los ciudadanos de 30 a 49 años (34%).
A nivel socioeconómico, Sánchez tiene más llegada en el sector D/E (34%).
Un 29% de sus posibles votantes cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 42% está muy interesado en política y un 64% asume una postura ideológica de izquierda.
El 65% de los encuestados ya tiene decidido su voto y no lo cambiará. El mayor porcentaje de este grupo está en Lima Metropolitana (71%).
Un 75% de quienes se consideran de izquierda ya definió su voto y un 71% de los de derecha hizo lo propio.
Finalmente, un 9% cree que podría cambiar de decisión.(La República).
La exaspirante a la Alcaldía de Trujillo rompió su silencio y ahora sostiene que la agrupación política de César Acuña “necesita arreglarse”
“No voy en fórmula regional por Alianza para el Progreso con Martín Namay. Está clarísimo, y lo digo ahora y lo ratifico”, aseveró Verónica Torres en una entrevista con Línea Directa, que emite Sol TV Perú.
La también exmilitante de Fortaleza Perú explicó que tomó esta decisión luego de que altos dirigentes de APP entraran a “un silencio pasmoso” tras conocerse los resultados de las elecciones generales del 12 de abril. “[Esto] a mí me ha llevado a pensar que [APP] es un partido que necesita ahora arreglarse por dentro. Ese silencio a mí me ha dejado claro que efectivamente ellos tienes sus objetivos, su línea de trabajo”, declaró.
Días antes de las últimas elecciones, Torres Bravo remeció el escenario político regional al expresar de forma pública su respaldo a la candidatura presidencial de César Acuña Peralta, a quien siempre había cuestionado por su forma de gobernar y los presuntos actos de corrupción denunciados contra varios militantes de su partido.
Incluso, en redes sociales se publicaron fotos de ella junto con el líder de APP y otros candidatos de la misma agrupación en diferentes actividades proselitistas.
Para no dejar dudas de su acercamiento al partido de Acuña, esta semana Martín Namay aseguró que la exaspirante al sillón edil iría como candidata a vicegobernadora regional de La Libertad.
Según Torres, las declaraciones del precandidato a la Región la sorprendieron.(Correo).
José Domingo Pérez, actual integrante del equipo legal de JP, rechazó haber tenido motivaciones políticas en contra del fujimorismo durante su etapa como fiscal del Equipo Especial Lava Jato.
En declaraciones a Exitosa, José Domingo Pérez rechazó las críticas sobre una supuesta motivación política durante su etapa como fiscal. El actual vocero de Juntos por el Perú aseguró que su trabajo en el Ministerio Público se realizó dentro del marco de la ley y negó haber actuado con una postura "anti Keiko" o antifujimorista.
En conversación con Nicolás Lúcar, Domingo Pérez, actual integrante del equipo legal de Juntos por el Perú descartó tener motivaciones políticas en contra de Keiko Fujimori ni de su partido Fuerza Popular durante su etapa como fiscal del Equipo Especial Lava Jato.
En este contexto, señaló que dichas acusaciones forman parte de una "narrativa falsa" impulsada por ciertos sectores que pretenden negar "hechos innegables" como la entrega de dinero ilícito a la campaña de Fujimori en 2011 por parte la constructora brasileña Odebrecht.
"En mi tiempo como fiscal nunca he tenido ningún tipo de compromiso político. El caso Lavajato es mucho antes de que Pedro Castillo pueda salir a la palestra pública, mucho antes de que Juntos por el Perú pudiera tener un tipo de participación política nacional", dijo.
Consultado por su adhesión al equipo legal de Juntos por el Perú, partido que lleva como candidato presidencial a Roberto Sánchez, Domingo Pérez justificó su decisión indicando que no puede ser "una persona tibia, indiferente e indolente a lo que está pasando".
Como parte de este apoyo político, el exfiscal del caso Lava Jato contó que recientemente ha regresado a Iquitos, ciudad en donde inició su carrera profesional. En ese sentido, recordó que cada 24 de octubre se celebra el "Día de la Dignidad Loretana", en conmemoración a una protesta del pueblo loretano en contra de un tratado con el Ecuador firmado por el gobierno de Alberto Fujimori y que dejó varios muertos.
"¿Qué mérito puede tener alguien que mandó a matar peruanos y peruanas? Creo que poner en la balanza cuestiones que son materiales frente a lo que es la vida humana no tiene comparación", señaló.
En conclusión, José Domingo Pérez, actual integrante de Juntos por el Perú, justificó su salto a la política activa al asegurar que no puede ser indiferente ante la coyuntura, marcando una postura firme en contra del legado de Alberto Fujimori.(Exitosa).
#ArdeTroya con Juliana Oxenford | Keiko Fujimori busca que el Tribunal Constitucional revalúe la iniciativa de gasto del Congreso de la República. En paralelo, renuncia la presidenta del TC, Luz Pacheco. Además, Roberto Sánchez anuncia que convocará a elecciones si enfrenta un Parlamento obstruccionista.
Consejo Regional aprobó iniciativa legislativa que dispone expropiar la casa del prócer ubicada en Huamachuco
La presidenta del Consejo Regional, Leyla Espir Calderón, presentó la iniciativa que establece la expropiación de los inmuebles signados como lotes 17, 18 y 19, ubicados en la manzana 70 del distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, los cuales forman parte de la vivienda del también tribuno de la República.
Espir Calderón resaltó la importancia de revalorar a este personaje histórico del país y promover la creación de un espacio cultural que contribuya al fortalecimiento del turismo en la provincia de Sánchez Carrión y en toda La Libertad.(Correo).
La nueva ley incrementa pensiones y beneficios para viudez y orfandad, elevando el gasto público. Se estima que, a largo plazo, el impacto adicional anual superará los S/16.000 millones.
Según el análisis técnico, el incremento del gasto estatal asociado a esta reforma ascendería a S/38.900 mil millones, mientras que el aporte adicional del Estado al sistema previsional representaría otros S/14.400 mil millones. Aunque los aportes de los propios efectivos también aumentarán, estos solo compensarían parcialmente el impacto fiscal.
La entidad advierte que, para que el régimen resulte sostenible financieramente, la tasa total de aporte debería elevarse hasta el 42% de la remuneración, con una participación estatal cercana al 27%. En la práctica, esto implicaría que el Tesoro Público termine financiando alrededor del 64% de las pensiones bajo el nuevo esquema.
El informe también señala que el gasto anual adicional podría oscilar entre S/1.300 millones en los próximos años y superar los S/16.000 millones dentro de cinco décadas.
El documento del Consejo Fiscal cuestiona además la fuerte desigualdad entre los distintos sistemas pensionarios del país. Aunque los regímenes militar y policial representan apenas el 9% de los pensionistas, concentran cerca del 50% de los subsidios estatales destinados a pensiones.
Actualmente, el gasto anual para sostener este régimen supera los S/5.600 millones y beneficia a aproximadamente 160.000 personas.
Las diferencias también se reflejan en el monto de las pensiones. Mientras un coronel afiliado a una AFP podría recibir una pensión cercana a S/1.182 bajo un esquema privado tradicional, con la nueva ley el monto podría superar los S/10.000 mensuales, ampliando la brecha frente a jubilados de sectores como salud y educación.
El Consejo Fiscal también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para aprobar la norma. Según el informe, la ley fue aprobada sin contar con un estudio actuarial integral y dejando de lado observaciones técnicas del Ejecutivo. Además, advierte posibles 'indicios de inconstitucionalidad' por crear obligaciones permanentes de gasto sin identificar fuentes de financiamiento.
La Dirección de Estudios Macrofiscales alertó que esta ley forma parte de una tendencia creciente en el Congreso. Entre 2024 y 2026 se aprobaron 268 normas con impacto fiscal adverso, cifra que representa más del doble del promedio registrado en los últimos 15 años.
De acuerdo con el análisis consolidado del Consejo Fiscal, varias de estas iniciativas podrían generar una presión equivalente a un déficit fiscal adicional de hasta 3% del PBI anual.(La República).
Fiscalía solicitó que se le dicte 5 años y 4 meses de prisión a Maricsa Alfaro por arrollar y matar a Juan Martínez en la urbanización Las Palmas del Golf. También exige S/ 300 mil de reparación
La audiencia en donde se debatirá la solicitud de prisión contra la procesada por el delito de homicidio culposo iniciará a las 10 de la mañana.
La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, a cargo del fiscal Joan Balladares, solicitó que se le imponga una condena de 5 años y 4 meses de prisión. Además, ha pedido que sea inhabilitada de por vida para conducir un vehículo y que pague una reparación civil de S/ 329 mil 280 a favor de los familiares de la víctima.
El requerimiento del Ministerio Público se sustenta en las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron cuando la joven arrolló a su víctima y el resultado del dosaje etílico que se le realizó después de la tragedia, que arrojó que tenía 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre cuando manejaba la camioneta con la que atropelló a Juan Martínez.
A esto se suma que la conductora tenía la licencia de conducir vencida desde 2022.
La tragedia ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando, de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, Maricsa Alfo arrolló con su camioneta a Juan Martínez, mientras se encontraba sentado frente a una vivienda, en cumplimiento de sus labores de seguridad.
La víctima fue trasladada al Hospital Belén de Trujillo, donde murió cinco días después, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Desde el día del accidente, sus familiares exigieron justicia para su pariente y que Alfaro sea enviada a la cárcel. Incluso, la noche del último lunes realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público para pedir prisión para la conductora.
“Fiscal Joan Balladares y juez Manuel Pajuelo, necesitamos que se haga justicia el día 28 para mi hermano Juan Martínez Torres”, dijo su familiar a través de un megáfono.
Para mañana, familiares, amigos y colectivos ciudadanos han anunciado una manifestación en los exteriores de la Unidad de Flagrancia.(Correo).
Policía los sindica de integrar la banda “Los Miserables de Trujillo”. General Ricardo Espinoza dice que pretendían posesionarse de un terreno ilegalmente
El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó en Cosmos Noticias que los detenidos cayeron cuando pretendían tomar posesión de un terreno de manera ilegal.
“Los detuvimos por estar bajo la figura de banda criminal, que solamente exige que un grupo de personas se reúna con una finalidad criminal, y en este caso a nadie le queda duda de esto, al intervenirlos en ese espacio de terreno, con las armas dispuestas y reunidas personas con antecedentes graves. Además, en los teléfonos, en el contenido (mensajes), aparecen las comunicaciones y la finalidad criminal”, aseguró el oficial.
La Policía informó que varios de los detenidos cuentan con antecedentes policiales y fiscales por delitos como robo agravado, homicidio, extorsión, tenencia ilegal de armas y usurpación.
Precisó que entre los capturados están: Brandon Alexander Soto Inga, alias “Brandon”; Paulo Eduardo Vallejos Cruzado, apodado “Diablo”; y Edson Antonio Visitación Sabogal, conocido como “Gordo”, quienes cuentan con “registros vigentes por actividades delictivas vinculadas al crimen organizado”.
En el operativo, que contó con el apoyo aéreo del Escuadrón de Drones de la PNP, se incautaron dos pistolas abastecidas con municiones de punta hueca, 40 cartuchos calibre 9 milímetros, 8 municiones calibre 380, seis artefactos explosivos y un paquete de marihuana.
También nueve celulares, más de 9,300 soles en efectivo y seis vehículos, algunos con reportes de robo o vinculados a hechos delictivos.
Según la Región Policial La Libertad, los detenidos estarían presuntamente implicados en delitos contra la seguridad pública porte ilegal de armas, municiones y material explosivo, y contra la salud pública, por tráfico ilícito de drogas.
Todos los involucrados, así como los bienes y sustancias incautadas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones de ley.(Correo).
