El Ministerio Público recibió 463 denuncias por secuestro durante septiembre, el registro mensual más alto del año. Entre enero y ese mes, los casos sumaron 3.910. El incremento se refleja en raptos de empresarios y trabajadores, con exigencias económicas y transferencias bancarias durante el cautiverio.
Rescates y exigencias económicas
Los casos registrados en Lima durante septiembre permiten observar cómo se manifiesta este delito. El empresario pastelero Hermerson Carrasco Elises fue secuestrado frente a su negocio, en Los Olivos, y permaneció retenido unas 16 horas. La Policía lo encontró en un inmueble de Lima Norte. Durante el cautiverio, los delincuentes realizaron operaciones bancarias con dinero de la víctima, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.
En esos mismos días, un operario minero fue interceptado en San Juan de Lurigancho. Sus captores exigieron S/70.000 a sus familiares. Otro caso involucró a un trabajador de una distribuidora de gas, secuestrado en San Martín de Porres y rescatado posteriormente en Punta Negra. En este último hecho, los delincuentes habrían exigido S/100.000.
Los tres casos tuvieron lugar en un periodo breve y compartieron un elemento central: la búsqueda de dinero mediante el secuestro. En dos de ellos, las investigaciones policiales identificaron posibles coincidencias entre los responsables. Sin embargo, establecer si los ataques forman parte de una misma organización requiere pruebas que vinculen a los implicados con cada hecho.
La violencia también aparece en otros casos de gran repercusión. En Trujillo, el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado el 30 de agosto, en un ataque en el que asesinaron a cuatro personas que lo acompañaban. La investigación tuvo avances durante septiembre. Aunque este caso no forma parte de los secuestros ocurridos en ese mes, ilustra el nivel de violencia que puede acompañar a estos delitos.
El año podría cerrar con más de 5.000 denuncias
El aumento de septiembre también se reflejó en el balance trimestral. Entre julio y septiembre, el Ministerio Público registró 1.345 denuncias por secuestro, por encima de las 1.295 del primer trimestre y las 1.270 del segundo. El tercer trimestre concentró así el mayor número de reportes de este año.
A partir de esta tendencia, Carbajal plantea dos escenarios para el cierre de 2026. Si el ritmo se mantiene, el país terminaría con 5.213 denuncias, un 6% más que las 4.918 registradas en 2025. Si el último trimestre experimenta un aumento estacional, el total podría llegar a 5.299, un incremento de 7,7%.
Ambas cifras son proyecciones, no resultados confirmados. Su importancia radica en que anticipan que el registro anual podría superar el de 2025 y convertirse en el más alto desde 2020, según la serie analizada por Carbajal.
El balance de septiembre plantea, así, dos dimensiones del problema: el crecimiento de las denuncias y la persistencia de secuestros en los que los delincuentes buscan obtener dinero mediante amenazas y retención de personas. Los registros fiscales permiten medir la magnitud de los reportes, mientras que las investigaciones de cada caso deben establecer quiénes participaron, cómo operaron y si existen conexiones entre los ataques.(La República).