El Ministerio Público estima que esta presunta red habría obtenido cerca de S/75 millones mediante cobros ilegales. Las pesquisas apuntan a funcionarios y personas vinculadas al control del comercio ambulatorio.
Un operativo liderado por el Ministerio Público y la Policía Nacional tuvo como objetivo a funcionarios de la Municipalidad de La Victoria por su presunta participación en una organización dedicada al cobro ilegal de dinero a comerciantes ambulantes en zonas de Gamarra. Como parte de las diligencias, las autoridades allanaron la vivienda del alcalde distrital, Rubén Cano, además de intervenir inmuebles vinculados a otros investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta red habría operado desde 2023 dentro del área de fiscalización del municipio. Desde esa oficina se habrían coordinado operativos para desalojar vendedores informales de espacios públicos ubicados principalmente en el Damero A y B de Gamarra.
Según la investigación, luego de retirar a los comerciantes, los espacios liberados eran divididos nuevamente para ser entregados a vendedores ambulantes a cambio de pagos irregulares. Este sistema habría permitido que los involucrados mantengan el control de zonas comerciales altamente concurridas.
¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía?
Las pesquisas señalan que los ambulantes debían entregar montos que oscilaban entre los mil y cinco mil soles para acceder a un espacio informal. A ello se sumaban pagos semanales y cuotas diarias de entre 10 y 20 soles, dependiendo del tamaño del área ocupada.
Una pericia contable realizada durante la investigación concluyó que esta presunta estructura habría recaudado cerca de 75 millones de soles mediante estos cobros. La Fiscalía sostiene que el dinero habría sido obtenido de forma sistemática durante varios meses.
Entre los investigados también figuran el gerente de Fiscalización, el subgerente de Fiscalización de Rentas y el jefe del Centro de Comunicaciones del municipio. Este último habría estado encargado de recopilar y revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito.
Grabaciones desaparecidas
Durante las diligencias, los investigadores detectaron irregularidades relacionadas con el sistema de videovigilancia municipal. La Fiscalía advirtió que faltaban registros de determinados días y horarios en los que se habrían producido intervenciones vinculadas a denuncias ciudadanas y operativos policiales.
Al revisar el centro de monitoreo, los agentes comprobaron que parte del material audiovisual no estaba disponible. En esas grabaciones aparecían presuntos fiscalizadores involucrados en el cobro de dinero a comerciantes.
La tesis fiscal indica que el esquema seguía una secuencia previamente establecida para mantener el control de los espacios públicos. Primero se ejecutaban desalojos, luego se redistribuían los lugares intervenidos y finalmente eran entregados nuevamente a cambio de pagos constantes.
¿Cuál es la situación del alcalde?
En el caso del alcalde Rubén Cano, el Ministerio Público sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización junto con funcionarios de su entorno de confianza. Esa presunta participación forma parte de las investigaciones en curso.
Pese a ello, el Poder Judicial rechazó el pedido de detención preliminar presentado en su contra. Sin embargo, sí autorizó el allanamiento de su vivienda y la incautación de documentos y otros bienes que podrían aportar al caso.
Durante el operativo también fue detenido Juan Manuel Núñez Castro, conocido como alias “Pulpo”. La Fiscalía lo identifica como el presunto líder de esta organización.
Las investigaciones indican que el detenido salió de prisión en 2014. Posteriormente habría integrado otras bandas vinculadas al cobro de cupos en La Victoria.
El Ministerio Público informó además que detectó presuntos desbalances patrimoniales en algunos de los investigados. Este hallazgo surgió tras el levantamiento del secreto bancario y la revisión de movimientos financieros.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Prefectura de Lima mientras continúan las diligencias. La Fiscalía aseguró que cuenta con audios, imágenes y otros elementos que respaldarían la investigación por presuntos delitos de extorsión y corrupción dentro de la administración municipal.(Correo).