General PNP Guillermo Llerena asumió funciones en enero de este año y carga sobre sus espaldas tres atentados graves y la masacre de 13 trabajadores en una mina de Pataz. Autoridades y un sector de la sociedad civil piden su inmediata salida. Consejo Regional ya aprobó citarlo para que rinda cuentas de su cuestionada gestión
El alto oficial adquirió funciones el 3 de enero de este año y ocho meses después de ello, es su trabajo el que está siendo duramente cuestionado por un grupo de autoridades y un sector de la sociedad civil. Así las cosas, parece que quien deberá dar un paso al costado es él. “Si el general [Llerena] no da resultados, debe ser cambiado”, expresó de forma tajante días atrás Verónica Escobal Ordóñez, consejera por Trujillo y empresaria que ha vivido en carne propia las amenazas de la delincuencia.
No da la talla
Cuando el general Llerena llegó a Trujillo para hacerse cargo de la Región Policial, La Libertad apenas había dejado atrás uno de sus años más sangrientos desde que el hampa impera en esta parte del país: más de 300 homicidios en todo el 2024, según reportes periodísticos.
Desde esa fecha (3 de enero de 2025), el escenario no ha cambiado mucho en este departamento. De acuerdo también con informes periodísticos, en lo que va del año se han perpetrado más de 200 asesinatos y a falta de más de 100 días para que termine el calendario, la fotografía de ahora hace suponer que la cifra de homicidios seguirá creciendo.
“La tendencia desde hace varios años es que cada año se incrementa el número de homicidios”, comentó el abogado Alfredo Galindo Peralta, exfiscal en Ascope, la quinta provincia con más asesinatos en la región en lo que va del año: unos 19.
Para Galindo, también periodista, una de las cruces más pesadas que carga el general PNP Guillermo Llerena son los tres atentados con explosivos que han puesto a Trujillo entre las ciudades más convulsas del país: el del 20 de enero en la sede principal del Ministerio Público, el del 14 de agosto en un inmueble de la avenida Perú que dejó varios heridos y el del 4 de setiembre en la urbanización Las Quintanas que ocasionó también lesiones en algunos vecinos.
Cuando Llerena tomó el cargo, anunció la ejecución de un plan de patrullaje por cuadrantes, divididos en 70 sectores, para aumentar la presencia policial en las calles y reducir así los índices delictivos. Sin embargo, las muertes no han cesado y los ataques con explosivos son pan de cada día en la capital liberteña.
“Todo hace indicar que la estrategia policial solo está funcionando en la pizarra, pero no en la práctica. Desde ese punto de vista, si uno quiere resumir la gestión de general [Llerena], esta es ineficiente hasta la fecha. No creo que en menos de cuatro meses, tiempo que falta para que concluya el año, pueda revertir la situación que estamos viviendo”, agregó el letrado.
Crisis
Si Llerena asumió funciones en este departamento a principios de enero, eso quiere decir también que desde que él está en el cargo, el Ejecutivo ha ampliado el estado de emergencia en Trujillo, Pataz y Virú hasta en cinco oportunidades. Pese a ello, el escenario no ha cambiado mucho respecto al año pasado, pues si entre enero y agosto de 2024 se registraron unos 200 asesinatos, en el mismo periodo de este 2025 se sumaron al menos 192 homicidios, según reportes recogidos por este Diario.
Durante la gestión de Llerena, además, Pataz registró una de las imágenes más violentas que ha dejado el crimen organizado en este departamento. En mayo, 13 trabajadores fueron hallados muertos en una mina. Conforme a las investigaciones, la masacre no hizo más que confirmar la guerra por el oro que han desatado grupos criminales en esta parte de la sierra del país.
Segundo Armas Villalobos, alcalde distrital de Pataz, tiene una apreciación parecida a la del exfiscal Alfredo Galindo. Sostuvo que pese a que en su provincia militares y policías han conformado el Comando Unificado Pataz (Cupaz) para hacerle frente al crimen organizado, la “percepción de inseguridad es la misma y los enfrentamientos entre bandas por el oro tampoco se han reducido”.
“No soy especialista en seguridad, pero la percepción es negativa. [...] Si en los dos años que estamos en estado de emergencia —desde el 14 de febrero de 2024 hasta la fecha— no se ha podido resolver este problema, estamos hablando de cierta incapacidad o inoperatividad de la persona que está encargada de la seguridad en la región”, manifestó la autoridad edil.
El exconsejero regional por Ascope Greco Quiroz Díaz tampoco es ajeno a las críticas contra la gestión de Llerena. Afirmó que el oficial “ha fracasado en sus propuestas, por lo que sí debería ser removido del cargo”. “Trujillo es el origen de las organizaciones criminales y se necesita un general con otro perfil, con otras capacidades”, sostuvo.(Correo).