En un minucioso informe elevado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, la fiscal especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto Rivera, sustenta por qué tiene en la mira al ex fiscal Mateo Castañeda, a los magistrados Juan Matta y Abel Gutiérrez, y al fiscal en actividad Guillermo Arellano.
Doris Aguirre
Dos jueces y un fiscal en ejercicio, además de un ex fiscal superior, son sometidos a investigación por parte de la titular de la fiscalía especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto Rivera, bajo la sospecha de haber pertenecido a la red de corrupción que encabezaba Rodolfo Orellana Rengifo.
Según fuentes relacionadas del caso, el "aparato legal" de Orellana no podría haber funcionado eficientemente cometiendo actos ilícitos, sin el concurso de las cuatro autoridades que Barreto tiene bajo estricto escrutinio.
Como parte de la operación "Tempestad", cuya ejecución se inició en esta semana, la fiscal Barreto ha detenido a 10 personas que integraban el "aparato legal" de la organización criminal de Orellana.
En un principio el Ministerio Público contempló la decisión de ordenar el arresto preventivo de dos jueces y dos fiscales. Pero la iniciativa tropezó con un inconveniente: tres de los cuatro imputados se encuentran investigados por la Oficina de Control de la Magistratura y por la Oficina de Control Interno del Ministerio Público.
Sin embargo, los cuatro están comprendidos en la investigación de la fiscal Marita Barreto a la mafia de Orellana.
Los sospechosos son los siguientes:
* El fiscal especializado en Crimen Organizado, Guillermo Arellano Martínez, archivó hasta tres denuncias por presunto lavado de activos contra Rodolfo Orellana.
* El juez de Chimbote, Juan Matta Paredes, extendió un hábeas corpus a favor de Ludith Orellana Rengifo para impedir que un tribunal la procesara por usurpación agravada de un terreno en Lurín.
* Otro juez de Chimbote, Abel Gutiérrez Aponte, otorgó también un hábeas corpus esta vez en beneficio de Rosalía Vargas Schaus, testaferro de Rodolfo Orellana, para que no la investigara una fiscal por un caso de lavado de activos.
* Y a Mateo Castañeda Segovia se le atribuye –cuando cumplía funciones como coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado–, haber supuestamente influenciado al fiscal Guillermo Arellano para que desestimase una investigación a Orellana por lavado de activos.
Este diario intentó repetidas veces comunicarse con todos los investigados, pero solo pudo contactar al fiscal Guillermo Arellano (ver recuadro).
EL LADO OSCURO
La fiscal especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto Rivera, fundamentó, en un voluminoso informe dirigido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por qué sometía a investigación a los jueces Juan Matta y Abel Gutiérrez, y a los fiscales Guillermo Arellano y Mateo Castañeda.
"De acuerdo con las declaraciones de los colaboradores eficaces se advierte que Rodolfo Orellana y Ludith Orellana, en su condición de líderes o cabecillas de una organización criminal, contaron con la participación de funcionarios públicos (...) (que intervinieron) en presuntas actividades ilícitas, a cambio de pagos que aparecen en los registros contables de la red. (Los sobornos eran para que estas autoridades) emitieran pronunciamientos a favor de la organización criminal", explica la fiscal en el reporte de su investigaciones.
La entrega de coimas a las autoridades explica por qué la mafia de Orellana se mantuvo impune durante más de una década.
"El clan Orellana se mantuvo a lo largo de más de diez años de impunidad, no obstante el gran número de denuncias, investigaciones fiscales y policiales, además de procesos judiciales, que se siguieron contra diversos integrantes de la organización criminal. (La mafia se mantuvo vigente) porque muchas de las denuncias fueron archivadas con la participación de importantes personajes vinculados con el ámbito judicial, fiscal o registral, quienes a cambio de alguna dádiva, con su participación o por su intermedio, conseguían los archivamientos" para favorecer a Orellana.
POR NOMBRES
En el informe al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, Marita Barreto fundamentó por qué mantiene bajo investigación a Castañeda, Arellano, Matta y Gutiérrez.
En el caso del fiscal Guillermo Arellano, porque "aparece en una lista denominada 'Pago a Terceros', que según los colaboradores eficaces, era el dinero que se entregaba a fiscales, jueces y policías, para arreglar los procesos a favor de la red de Orellana".
La fiscal Barreto es más enfática con respecto a Arellano: "Habría recibido 25 mil dólares de parte de Rodolfo Orellana durante la visita (que hizo Arellano) a sus oficinas en la avenida Guardia Civil, para notificarlo sobre el archivamiento de una investigación por lavado de activos", lo que ocurrió en 2012.
En cuanto a Mateo Castañeda, Barreto presume que "intermedió para que (Arellano, un fiscal que trabajó bajo su mando) archivara la investigación por lavado de activos contra Orellana".
Con respecto al juez Juan Matta, quien despachaba en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa (Chimbote), la fiscal Marita Barreto le atribuye haber declarado fundado el hábeas corpus que presentó la cabecilla de la mafia, Ludith Orellana, con el propósito de anular la apertura de un proceso judicial por usurpación agravada de un terreno, en 2012.
En este caso tuvo un papel decisivo César Matta Paredes –prófugo por pertenecer al "aparato legal" de Orellana–, hermano del magistrado de Chimbote que favoreció a Ludith Orellana.
Hoy, Juan Matta despacha como juez superior titular del distrito judicial de Lima Este.
Sobre el magistrado Abel Gutiérrez, en su condición de titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chimbote, declaró fundado un hábeas corpus a favor de Rosalía Vargas Schaus, hermanastra de Ester Morales Schaus, pareja de Rodolfo Orellana.
Con dicha resolución judicial del 2013, Gutiérrez acogió el pedido de Rosalía Vargas –testaferro de Orellana– para que la fiscal Rosa Flores Chávez no la siguiera investigando por lavado de activos.
En este caso, nuevamente intervino el abogado César Matta Paredes, miembro de la red de Rodolfo Orellana, y hermano del juez Juan Matta Paredes, amigo del magistrado Abel Gutiérrez, con quien despacha en la misma jurisdicción de Chimbote.
De acuerdo con los colaboradores eficaces de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Orellana presuntamente abonó 25 mil dólares a César Matta para arreglar con su hermano, Juan Matta, y el juez Gutiérrez.
El caso contra los dos fiscales y jueces forma parte de la megainvestigación de la fiscal Marita Barreto Rivera a la organización de Rodolfo Orellana. Hasta el momento suman 25 los detenidos. En cualquier momento aumentaría el número.(a república)