Según reveló el programa “Panorama”, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preparatoria contra la legisladora, formalizando además la denuncia por presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa.
La congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, enfrenta una investigación por presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa, motivo por el cual se le impidió asumir la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Según “Panorama”, el caso tiene sus orígenes en 2022, en medio de un litigio por aproximadamente 15 o 20 terrenos valorados en 40 mil dólares cada uno, lo que suma un monto total superior a medio millón de dólares.
El empresario Sergio Ciccia denunció a la inmobiliaria Los Alisos EIRL, empresa en la que María Acuña se desempeñó como gerente. A su vez, dicha inmobiliaria respondió presentando una denuncia contra Ciccia por presunta falsificación de documentos que llevarían la firma de la parlamentaria.
“Suscribimos un contrato mediante el cual nosotros hacíamos unas obras de habilitación urbana y en pago de lo que hacíamos, ellos nos entregaban unos lotes, cosa que nunca hicieron y pretendieron cobrarnos una penalidad”, expresó.
No obstante, una pericia realizada por la Policía Nacional (PNP) confirmó que la firma sí correspondía a María Acuña. Por ello, en junio de 2023, Sergio Ciccia presentó una contrademanda contra la inmobiliaria y la legisladora.
Tras un año, en junio de 2024, la Fiscalía de la Nación formalizó la denuncia y abrió una investigación preparatoria. Sin embargo, semanas después, Acuña fue elegida presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) por su partido, Alianza para el Progreso (APP).
De acuerdo con el reglamento del Congreso, un parlamentario no puede ocupar la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si mantiene procesos legales en curso.
Consultado al respecto, el exoficial mayor del Parlamento, José Elice, afirmó que Acuña Peralta no debió asumir la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya que contaba con un proceso abierto que, según el reglamento del Congreso, le impedía ejercer dicho cargo.
“Debió informarlo, es su deber. El reglamento del Congreso es una ley que equivale a una ley orgánica incluso”, sostuvo el dominical.
Sobre ello, María Acuña negó haber incumplido el reglamento del Congreso y aseguró que desconocía el tema, posiblemente porque no había sido notificada formalmente de la denuncia.
“El tema es de la empresa. Temas comerciales son aparte. No (informé) porque cuando asumí no tenía ese tema. Es en el 2024. Seguramente no teníamos conocimiento o nos habían notificado. Voy a esperar”, refirió.
“Voy a averiguar y luego nos ponemos de acuerdo para dar declaraciones. Es un tema del gerente. Voy a poner en contacto con mi gerente y voy a tener la información. No sabía (de la denuncia)”, sentenció.
No obstante, la congresista sí tenía conocimiento de la investigación, ya que el 10 de abril de 2023 se presentó ante el Ministerio Público de Chiclayo para rendir su declaración sobre el caso.(Correo)