En defensa de la justicia. Delante de Dina Boluarte, la presidenta del Poder Judicial Janet Tello defendió la independencia judicial, la Corte IDH, los tratados internacionales y el control difuso frente al poder político e interés partidarios. En el día del juez, criticó al Congreso, Gobierno y al Tribunal Constitucional por la ley de detención preliminar y el fallo que recorta la Ley de Extinción de Dominio.
En ese contexto, Tello aprovechó el evento por el Día del Juez para recordarle a Boluarte que "la justicia no es un juego de poder ni de conveniencia". Además, expresó su preocupación por las declaraciones de la mandataria y por las intenciones del Congreso de retirar al Perú del Tratado de San José.
"Sí, nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades del país respecto al retiro de la Corte IDH, lo cual va en contra de una línea histórica que el Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional, la seguridad colectiva y los derechos humanos en la región y en el mundo", expresó.
Además, Tello Gilardi recordó a las autoridades que la decisión de la Corte IDH de frenar la Ley de Amnistía no constituye una “injerencia en la soberanía” del país, por lo que destacó que fue el propio Perú quien decidió suscribir los tratados internacionales de los que hoy forma parte.
"Los tratados internaciones, como la constitución lo establece, forman parte de nuestro derecho interno. A pesar de las distintas opiniones, aquí en el Poder Judicial tenemos que señalar que no debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos creados por tratados consensuadamente de los que el Perú es parte", resaltó.
"Este sistema de protección de derechos humanos solo se acciona cuando cualquier persona considera que no ha encontrado justicia para la protección de sus derechos en el ámbito nacional", acotó.
Janet Tello confronta a Dina Boluarte por reforma de justicia
La confrontación no quedó ahí. La presidenta del Poder Judicial volvió a enfrentar a Boluarte por el anuncio que hizo la mandataria en su último mensaje a la nación sobre la reforma del sistema de justicia, pese a que cuenta con una serie de investigaciones en su contra.
En medio de su discurso por el Día del Juez, la titular del sistema judicial mencionó que jueces están prestos para una reforma de la institución, pero sin una injerencia política. Caso contrario, resaltó Tello, los magistrados defenderán su independencia e institucionalidad que fue reconocida por la Sociedad Interamericana de Prensa.
"No nos cerramos. Sí necesitamos cambio. Pero, al mismo tiempo, una vez más señalamos, que no aceptaremos injerencias políticas a este poder del Estado, no permitiremos que se repitan episodios trágicos que nuestra historia republicana convirtieron a la judicatura un instrumento al servicio de la política. Pondremos a nuestra carta magna por encima de todo", declaró Tello.
El anuncio de reforma judicial de Boluarte en su discurso del 28 de julio generó cuestionamientos, debido a que enfrenta investigaciones por el caso Rolex, cirugías, muertes en protestas, entre otros. Siete días después, titular del Poder Judicial le respondió que los jueces trabajan alejados de los vaivenes de la política y que se encuentran avocados con profunda convicción en un proceso constante de autorreforma.
Un detalle importante fue que el 28 de julio ocurrió algo inusual: Boluarte dejó al aire 16 hojas de su mensaje a la nación. Dentro de ese contenido, había un serio ataque a la Fiscalía. "Hemos visto con estupor cómo una institución fundamental del Estado constitucional, viene siendo tomada por intereses subalternos ajenos al interés nacional. Tenemos el deber de rechazar la politización del sistema judicial. El ideal del totalitarismo siempre ha sido destruir el Estado Constitucional".
Poder Judicial apunta al Congreso y el Tribunal Constitucional
En otro momento, Tello no fue ajena a la lucha contra la delincuencia e inseguridad ciudadana y resaltó la importancia de contar con las herramientas legales para enfrentar a la criminalidad. Sin embargo, le recordó al Congreso, frente a la presencia de su presidente, José Jerí, que en diciembre del 2024 derogaron por varios meses la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia. Es decir, una persona investigada no podía ser detenida por la PNP a menos que sea encontraba en el momento en el que cometía el delito.
"Necesitamos contar con herramientas legales que no sean recortadas. Recordemos que por largos meses ocasionados por razones ajenas a la voluntad del Poder Judicial, la detención preliminar no pudo ser utilizada por los jueces y así muchos criminales resultaron beneficiados y pudieron seguir delinquiendo", exclamó.
Por otro lado, Tello apuntó contra el Tribunal Constitucional (TC) por su reciente fallo sobre la ley de extinción de dominio y de su inaplicación a los delitos cometidos antes del 2018.
En contexto, la ley de extinción de dominio es importante para que la Fiscalía solicité permiso al Poder Judicial para incautar los bienes de investigados que fueron adquiridos de manera ilícita. Sin embargo, la norma regirá del 2018 en adelante, decisión que afecta la lucha contra la corrupción.
"Con mucho respeto señalo que la sentencia del Tribunal Constitucional nos deja preocupados. Se ha decidido que la extinción de dominio no alcanzará a ninguna fortuna mal habida vinculada a delitos previos al 2018. El concepto en la lucha contra la criminalidad", comentó.
"El debilitamiento desde el mismo sistema de extinción de dominio resulta preocupante y nocivo para nuestra sociedad. Va a permitir que fortunas mal habidas ingresen a la economía y como un intermitente círculo vicioso sirvan de alimento financiero para el aumento del crimen", acotó con severidad.
Provisionalidad
Durante su discurso, Tello también se refirió a los jueces provisionales en el sistema de justicia. En tanto, detalló que la Corte Suprema es integrada por 20 jueces titulares, pero que solo hay once salas conformadas por 16 jueces provisionales para atender una carga de más de 15 mil expedientes.
"Tenemos que atender una carga mensual de alrededor de 12 mil expedientes mensuales a recursos de casación, pero si le agregamos las procesos provenientes de quejas, revisiones, apelaciones, consultas, competencias, llegamos a sumas que superan las 15.000 en la Corte Suprema y genera demora en las resoluciones", comentó.
En esa misma línea, la titular del Poder Judicial gráfico que el 95% de los recursos que se presentan es contra el Estado. Según mencionó, hasta junio de este año, se presentaron más de 10 mil recursos. Por ello, pidió a la Procuraduría revisar sus normas.
"Solo en junio de este año, se han interpuesto más recursos de casación, en donde 95% corresponde a personas en situaciones de vulnerabilidad. El Estado nos cuestiona por la falta celeridad, por la provisionalidad, pero es el mismo Estado que hace uso excesivo de este recurso. Quiero pedirle a la Procuraduría que revise sus normas, cumplan su labor, que la Corte Suprema de Justicia no es la tercera instancia", resaltó.(La República)