Medidas del Gobierno fueron ineficaces para contener a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato.
La ola delincuencial y criminal creció en el país a niveles alarmantes durante 2024 frente al fracaso de las acciones del Gobierno, a través del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyas cabezas se enfocaron en castigar a buenos policías en lugar de capturar a los cabecillas de las organizaciones criminales que han desatado el terror en las ciudades.
En diálogo con Perú21, el analista de datos Juan Carbajal reveló que un total de 1,962 ciudadanos —31.24% más que en el año anterior en el mismo periodo— fueron asesinados por sicarios entre el 1 de enero y el 21 de diciembre del año en curso; mientras que de enero a noviembre hubo 19,749 denuncias por extorsión, un exponencial incremento de este delito, comparado con 2021, cuando se registró un total de 3,783 de estos casos.
“El año 2025 tiene un pronóstico reservado, porque la institucionalidad está resquebrajada”, advirtió el exviceministro del Interior Ricardo Valdés al ser consultado sobre qué le espera al Perú el próximo año en materia de seguridad ciudadana.
PELIGROSA MESETA
Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), se percibe una disminución a nivel nacional del 5% de las denuncias por extorsión en relación con 2023; no obstante, en el norte del país —donde impera la organización criminal Los Pulpos—, La Libertad (4,694), Cajamarca (368) y Piura (1,945) presentan un incremento del 70%, 50% y 37%, respectivamente, de estos casos. Lo mismo ocurre con Áncash (535), Tumbes (269) y Lambayeque (731), donde este delito creció en 17%, 9% y 4%, respectivamente (ver infografía).
Asimismo, Lima Metropolitana registra 7,071 denuncias por extorsión; Lima Región, 1,087; Callao, 565; Ica, 530; Arequipa, 353; entre otros.
“La denuncia es un indicador importante, pero no del todo consistente, porque la extorsión se caracteriza por ausencia de denuncias y riesgo de muerte. Dicho esto, se puede afirmar que las denuncias se mantienen en niveles absolutamente elevados con relación a los últimos cinco años, pues han pasado de 3,000 a 19,000. Son cifras muy elevadas…, por lo tanto, no se puede hablar de un trabajo existoso del Mininter y de la PNP. Hay tendencia al alza y el hecho de que se estabilice en una meseta tremendamente peligrosa no es buena noticia, más aún cuando esa meseta está relacionada con el incremento de homicidios violentos”, explicó Valdés.
RÉCORD HISTÓRICO DE ASESINATOS
En efecto, 2024 es el peor año en toda la historia del Perú respecto a los homicidios. El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) arrojó un total de 1,962 asesinatos entre el 1 de enero y 21 de diciembre —30% más que en el año pasado—. Los meses con la mayor cantidad de crímenes por encargo fueron agosto (204) y septiembre (201), en pleno estado de emergencia, mientras que en lo que va de diciembre ya se cuentan 117 asesinatos.
“En el año 2017 se registraron 671 homicidios, en 2023 hubo 1,495 y en 2024 ya se reportan 1,962 según el Sinadef, lo cual representa un incremento del 31.24% con respecto al 2023. Aún no termina el año, pero ya está por encima del 30%, y es probable que este 2024 sobrepase los 2,000 homicidios”, reveló Carbajal.
Las 10 regiones con notable incremento de asesinatos son Lima Metropolitana, La Libertad, Callao, Piura, Ica, Cusco, Puno, Áncash, Amazonas y Tacna, las cuales, además, son parte de las comprendidas con más denuncias por extorsión.
Carbajal subrayó que el 70% de los crímenes cometidos por sicarios en lo que va de este año han sido con arma de fuego. “Esto quiere decir que siete de cada 10 homicidios en el Perú en 2024 han sido con proyectil de arma de fuego, cuando hace ocho años era entre 4 y 5”, indicó el analista.
Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, advirtió dos situaciones que están facilitando el acceso a armas de fuego a los delincuentes y sicarios: malos efectivos policiales que están vendiendo-alquilando sus armas o las que han incautado en operativos, y la falta de control en las fronteras al contrabando de armas.
“Esta situación se complica con las denuncias periodísticas escandalosas de esta rotación de armas decomisadas a los delincuentes y que aparecen en eventos delictivos meses después. Y (los periodistas) lo fundamentaron con varios casos, donde las armas aparecían en un tercero que había adquirido armas de manera ilícita de manos de la policía… Sumado a ello, está la porosidad (huecos) de las fronteras para efectos del contrabando de armamento”, detalló Valdés.
FRACASO DEL ESTADO DE EMERGENCIA
El 23 de septiembre de este año, cuando los medios de comunicación —Perú21 con su portada “Esto es terrorismo urbano”— exigieron al Gobierno de Dina Boluarte y a los congresistas acciones concretas para frenar la ola de extorsión y sicariato contra transportistas, comerciantes y emprendedores, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia 13 de distritos de Lima (Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador) y uno del Callao (Ventanilla) por un plazo de 60 días.
La medida de excepción, pese a no obtener resultados, fue ampliada el 27 de noviembre por 45 días en las mismas jurisdicciones. Según el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, “los resultados son absolutamente positivos”. Sin embargo, el analista de datos Juan Carbajal reveló que ello no es cierto y que incluso ahora la delincuencia y criminalidad han migrado a los distritos sin el estado de excepción.
De acuerdo con Carbajal, en la zona norte se percibe un incremento de extorsión en Ancón, mientras que en Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres se observa una reducción leve.
En Lima Centro, solo San Juan de Lurigancho presenta reducción notoria de la extorsión; por otra parte, en Breña, La Victoria, Miraflores y Surquillo se percibe un aumento de estos casos. “Hay distritos que no han sido puestos en emergencia y que las denuncias por extorsión están incrementándose por el efecto globo”, alertó.
En la zona sur, dijo, sigue en alza el número de extorsiones en Villa El Salvador, mientras que en Chorrillos y Lurín se observa un incremento notorio.
Finalmente, las denuncias por extorsión en Lima Este siguen en aumento en Ate, Lurigancho-Chosica, Chaclacayo y El Agustino. En Cieneguilla, en cambio, se mantiene la cantidad de denuncias por este delito. “La situación es peor en el caso de los homicidios en los distritos declarados en emergencia”, aseguró Carbajal.
¿QUÉ HACER?
Frente a este escenario de terror que vivimos los peruanos al cierre de 2024 y la preocupación por lo que vendrá en 2025, Ricardo Valdés afirmó que “el pronóstico es reservado” porque la presidenta Boluarte y el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, entre otras autoridades, no están tomando las decisiones correctas; entretanto, los entes fiscalizadores —Congreso y Defensoría del Pueblo—no están cumpliendo su rol.
Sin embargo, algunas acciones que podrían contener el avance de la extorsión son, por ejemplo, a) que el sector financiero facilite la información de las cuentas que reciben el pago por las extorsiones; b) que los operadores de telefonía agilicen el acceso a la geolocalización de los teléfonos desde donde se realizan las extorsiones.
Se debe fortalecer la capacidad de fiscalización sobre las acciones policiales dispuestas. En el mismo sentido, estudiar y analizar la geopolítica del crimen para que los países vecinos tomen acciones conjuntas para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua (Venezuela), Los Lobos y Los Tiguerones (Ecuador), Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (Brasil), entre otros.
TRANSPORTISTAS AMENAZADOS Y ULTIMADOS POR CUPOS
Las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato desplegaron a lo largo de 2024 la violencia de sus brazos armados contra las empresas de transporte público.
Al inicio, se acercaron a los dueños de las compañías para cobrarles millonarios cupos mensuales, pero ante la negativa de estos decidieron matar a los conductores, lanzar artefactos explosivos a los vehículos llenos de pasajeros y cometer una serie de atentados que pusieron en zozobra a los ciudadanos.
Hasta el 23 de septiembre de este año ya eran tres los choferes acribillados mortalmente y 15 empresas de transporte público extorsionadas.
En la víspera, hampones a bordo de una motocicleta alcanzaron un bus de la empresa La Nueva Estrella, los ‘Anconeros’ —que van desde Jesús María hasta Ancón— en Los Olivos y atacaron a balazos al chofer.(PERÚ 21)