El caso de los soldados ahogados en el río Ilave merece una investigación independiente.
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A raíz de los acontecimientos de violencia de los últimos tres meses, se ha mostrado claramente la existencia de dos narrativas en pugna: una oficial y que se difunde por los canales institucionales, y otra que surge de testimonios presenciales que entran en abierta contradicción con lo expuesto y reiterado desde el poder establecido.
El caso de los soldados ahogados en el río Ilave es una muestra clara de estas versiones contradictorias sobre los hechos y que generan dudas y abren polémica, que ahonda el clima de desconfianza en la sociedad.
La versión oficial expuesta por el Ministerio de Defensa y las propias autoridades señala que los soldados trataban de huir de la población aimara enardecida, que los atacaba con piedras y otros objetos arrojadizos, lo que los obligó a entrar en el río Ilave porque no había otra escapatoria. Estos seis soldados muertos formaban parte de un destacamento del Ejército que se desplazaba hacia su base luego de infructuosamente tratar de llegar a la ciudad de Ilave.
La República, a través de su periodista en la región, Liubomir Fernández, estuvo presente antes, durante y después de los sucesos lamentables y ubica a los comuneros en las zonas altas y escarpadas de los cerros, a unos dos kilómetros de distancia de la orilla del río. No registra ningún enfrentamiento ni ninguna emboscada.
La decisión de ingresar al río la atribuye al capitán EP jefe del destacamento, Josué Frisancho, que para volver a su base ordena a la tropa bajo su mando que vadee el río, sin tomar en cuenta la profundidad ni que algunos de los reclutas no sabían nadar y menos que llevaban material militar a cuestas.
La versión oficial ha querido luego sustentarse con testimonios de los sobrevivientes, a quienes se les ha puesto reflectores para que confirmen que se trató de una emboscada y que eran perseguidos por los comuneros aimaras.
La pérdida de seis vidas merece ser esclarecida. Los fallecidos eran en su mayoría hijos del propio Puno, de origen aimara y servían en el Ejército como reclutas del SMV (Servicio Militar Voluntario). Lo mismo se ha exigido en las muertes de civiles a manos del Ejército y la Policía en Andahuaylas, Ayacucho, Cusco, Puno y Lima. Las versiones oficiales, en esos casos, distan de lo acontecido y ahora se van consolidando violaciones a los derechos humanos. En el caso de los soldados ahogados, también hay que llegar al fondo de los hechos. La verdad tiene que salir a flote.