Por: Dionicio Mantilla León
La exclamación de cientos de moradores del centro poblado Miramar en el
distrito de Moche reclamando: “Justicia para Líams”, un niño de apenas 5 años
de edad asesinado a balazos por sanguinarios dementes, sintetiza el terror y la
angustia que se ha apoderado de los 33 millones de peruanos una situación que
ha cobrado cientos de víctimas y cuantiosas pérdidas de bienes a lo largo de
estos años y que prácticamente ha convertido a nuestro país en tierra de nadie en
donde quienes gobiernan son los jefes de bandas criminales.
La inseguridad que vive
la población, sin embargo, no es reciente lleva ya varios años atrás sin que
las autoridades gubernativas y los operadores de justicia puedan contenerla y
si lo hacen plantean alternativas vanas que no eliminan este mal enquistado en
nuestra sociedad. Todos los días roban, extorsionan, matan, destruyen buscando
un dinero mal habido mientras las autoridades plantean sólo paliativos inútiles
y a pesar de ser un mal colectivo dejan la solución del problema sólo en manos de
la PNP. Prueba de ello es lo anunciado por el nuevo Ministro del Interior,
Avelino Guillén, para quien la solución de esta pesadilla pasa por aumentar el
número de efectivos policiales y el mejoramiento de la infraestructura
policial. Un criterio simplista que todos los gobiernos han planteando mientras
la delincuencia se mofa de ello.
En principio, debo decir
que la eliminación de la inseguridad afecta a todos y, por ende, su solución compromete
a todos los peruanos, sin perder de vista que la misión prioritaria es de los profesionales
del orden y la seguridad ciudadana, pero junto a ellos están los operadores de
justicia como: Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, entre otros pero
también otros actores igual de indispensables como el Congreso de la República,
como elaboradores de las normas legislativas, también los defensores de la
justicia como es la Defensoría del Pueblo; asimismo, los sembradores de valores
humanos, como son los maestros. Junto a todos ellos debe estar la misma
población organizada como las rondas campesinas, las rondas urbanas y las
juntas vecinales cada uno desempeñando un rol trascendente, pero articulado y
debidamente planificado.
Es verdad que la PNP
requiere de incremento de efectivos y mejoramiento de su infraestructura y logística,
pero se soslaya el tema estratégico y de Inteligencia, también es verdad que
los demás operadores de justicia requieren de mayor dinamismo y celo en el
desempeño de sus funciones, así como el incremento de sus presupuestos para
modernizarse y tecnificarse. En cuanto al INPE es preciso una tarea de
reingeniería que lo haga más efectiva. El tema es que debe ser tema de revisión
y vigilancia su accionar por cuanto en muchos casos deja mucho que desear. En
cuanto al Congreso de la Republica hay muchos vacíos legales que impiden una
salida a la inseguridad por ejemplo no se legisla sobre el tema de las rondas
urbanas que podrían ser un aliado importante en el combate a la delincuencia
pues esas son la misma población organizada y puede aplicarse fácilmente en todas
las ciudades de la sierra y la selva y en aquellos sectores barriales
suburbanos de las ciudades con mucho éxito un claro ejemplo son las rondas
urbanas que se han organizado en el centro poblado de el Alto Trujillo.
También, dar mayor apoyo legal y logístico a las rondas campesinas.
Asimismo, es necesario
revisar el tema de las fuerzas del orden pertenecientes a los municipios en
donde el Serenazgo se ve muy limitado en su accionar siendo necesario crear
cuerpos especiales como la Policía Municipal con las mismas prerrogativas que
la PNP, pero con labores puntuales referidos por ejemplo al control del Tránsito
y de los establecimientos propios de los municipios como los mercados, parques
y plazuelas.
Un tema que muchas
autoridades reconocen, pero que ninguna pone solución es el de los “raqueteros”
que pese al monto económico de lo robado como celulares, bicicletas, autopartes
vehiculares provocan daños físicos y sicológicos que desencadenan en muertes.
Un problema que debe ser abordado con prontitud por los congresistas legislando
penas drásticas con prisión efectiva pese a la poca cuantía económica de lo
robado pues nadie tiene derecho a robar ni un sol. Y si alguna autoridad
judicial no sanciona como es debido a los delincuentes, imponerle una doble
sanción a ella.
Otro tema es el
penitenciario el cual debe ser materia de una reforma urgente dentro del cual
debe considerarse la construcción de penales selectivos por ejemplo para
primerizos, para corruptos, para bandas criminales y violadores ubicándolos
en lugares inaccesibles y con
obligaciones para los reos como trabajar para ganarse el alimento.
Debe considerarse también el
tema preventivo que debe estar a cargo de las escuelas y colegios considerando
en el currículum escolar los valores humanos, pero de manera efectiva no como
tema pasajero empleando para ello una metodología de teoría y práctica con
escenificaciones. Las municipalidades deben cumplir tareas preventivas
construyendo albergues para niños en abandono, casas de promoción educativa
juvenil, construir parques y campos deportivos. Los medios de comunicación:
crear un mayor número de programas educativos y culturales eliminando temas de
violencia o de endiosamiento de íconos de la maldad y el narcotráfico como
“Pablo Escobar el Señor del mal”.
Como
podemos darnos cuenta el tema el combate de la inseguridad no sólo pasa por el
aumento de efectivos o mejoramiento de infraestructura debe ser tomado de
manera integral con participación plena de toda la sociedad.