Por no atender denuncias del público y en el plazo legal establecido. Luego le siguen hospitales, colegios y empresas de servicios.
La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y algunas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) fueron las instituciones más quejas durante el año 2016.
Los reclamos de la población obedecieron generalmente porque estas instituciones no atendieron adecuadamente sus solicitudes, según reporte oficial de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.
A lo largo del 2016, la Oficina de la Defensoría del Pueblo atendió 4,751 casos, 1,000 casos más que el año 2015, donde recibió 3,758 solicitudes; ubicándose La Libertad en el segundo departamento con más quejas recepcionadas en el todo el Perú, seguido solamente de Lima.
Según la información proporcionada por la entidad defensorial, la MPT lidera el ranking de las instituciones más quejadas por no atender denuncias del público y en el plazo legal establecido.
En segundo lugar se encuentran las Ugels 1, 3, 4 y de Virú, por no dar respuesta a las solicitudes que se le presentan. En tercer y cuarto lugar están los hospitales de la Región y del Seguro Social en Salud (EsSalud), por presentar problemas en la permanencia del personal médico, retardo en la atención médica y desabastecimientos de medicamentos e insumos.
En una segunda parte de la lista se encuentran como las más quejadas las instituciones educativas públicas, por afectar la gratuidad de la educación y condicionar el acceso a la educación de los estudiantes, así como las empresas de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) y de servicios eléctricos Hidrandina, ambas por generar cortes intempestivos del servicio y no atender adecuadamente y en el tiempo debido los reclamos de los usuarios.
José Luis Agüero, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, sostuvo además que este año La Libertad tiene retos pendientes que atender, como el problema de la trata de personas que afectan a niñas y adolescentes de la Región, el problema de la acumulación y manejo de los residuos sólidos y el tratamiento urgente del agua potable en las zona rural, para que estén aptas para el consumo humano, además de otros problemas como la formalización del transporte interprovincial, atención de los ruidos molestos y prevención de la conflictividad social.(la república)