Se cuestiona que en el Pech se esté pagando S/15,000 a un ingeniero para que supervise las obras de las III etapa y que OCI todavía no se pronuncie sobre los contratos y designaciones en cargos clave de parientes de autoridades regionales
Ante el cuestionamiento que ha hecho la comisión de Programas y Proyectos Especiales del Consejo Regional por la contratación y designación de familiares de funcionarios en el Proyecto Especial Chavimochic (Pech), el gerente general de esta importante obra de irrigación, Miguel Castro Chávez, dijo ayer que espera las conclusiones de la investigación que ha iniciado el Órgano de Control Interno (OCI) para tomar una decisión sobre ambos trabajadores.
Se trata de José Loya Farfán, primo de Ana Paula Ganoza Loya, esposa del gobernador de la región La Libertad, Luis Valdez Farías. Este joven fue contratado para realizar la función de coordinación administrativa del Campamento San José.
El segundo caso lo protagoniza Johana Carvo Vela, quien es la excuñada del actual congresistas de la República por Alianza Para el Progreso (APP), Richard Acuña Núñez.
Esta joven, administradora de profesión, fue designada, el 20 de setiembre de 2016, por Luis Valdez Farías, como asesora N°004 de la gerencia del Pech. La resolución ejecutiva N°1624 comprende un sueldo que, supuestamente, bordea los S/9,000.
PESQUISAS. Según el presidente de la comisión de Programas y Proyectos Especiales, Edgar García Flores, el caso más delicado es el de Johana Carvo, pues, desde su punto de vista, esta joven administradora no reúne el perfil para desempeñarse como asesora del más alto nivel del Pech.
El consejero regional sustenta su cuestionamiento en el hecho de que la hoy asesora no ha podido demostrar en su curriculum su experiencia en gestión pública, ni mucho en ocupar cargos en proyectos de esta envergadura.
EXPERIENCIA. Correo ha tenido acceso al documento en el que Johana Carvo Vela hace un resumen de su experiencia laboral para poder sustentar que está preparada para cumplir el cargo de asesora N°4.
Ella, señala que desde el 2007 al 2008, se desempeñó como analista de existencias en Sodimac. Del 2008 al 2014 fue la administradora de Inversiones Matt E.I.R.L.
El último trabajo que desempeñó la administradora antes de ser designada asesora de la gerencia del Pech, fue de apoyo a las actividades administrativas en el gerencia de Administración. (Estuvo un año en este cargo).
“Ella (Johana Carvo) no tiene ninguna experiencia en gestión pública. Toda su experiencia en entidades privadas y haciendo cosas que nada tienen que ver con el asesoramiento a un proyecto como es Chavimochic”, opinó Edgar García.
INTERVIENE OCI. Debido al cuestionamiento público que se hizo por estos dos casos, no solo porque, supuestamente, los aludidos trabajadores no reunían el perfil para los cargos, sino también por la familiaridad que tendrían con la esposa del gobernador regional Luis Valdez y el congresista Richard Acuña, el OCI dispuso iniciar una investigación al respecto.
De acuerdo al oficioN°052-2016, del 18 de octubre de 2016, Antero Burgos Castro, jefe de comisión del OCI, informa a la jefa de la Oficina de Personal, María Pérez Orbegozo, que se ha dado inicio a la auditoría de cumplimiento a la contratación y pago de remuneración de personal obrero eventual del Campamento San José y de profesionales de la División de Energía Eléctrica y Unidad de Personal del Pech, periodo: 2 de enero 2015, al 31 de julio de 2016.
DATOS. No obstante, hace hincapié en que para la realización y el logro de los objetivos de la labor encomendada se necesita información detallada de los siguientes trabajadores: Johana Carvo Vela y José Loya Farfán.
Ahora bien, este caso no ha sido el único que es fiscalizado por los miembros del Consejo Regional.
SUPERVISIÓN COSTOSA. La misma comisión ha puesto el ojo en el caso del ingeniero civil Enrique Armando Cruzado Saénz, quien actualmente ocupa el cargo de Coordinador de la Unidad Técnica Funcional en el Pech. Su función es supervisar que las obras mayores del la III etapa del Pech sean ejecutadas de acuerdo a lo establecido.
El primer cuestionamiento lo ha hecho el consejero Omar Zavaleta Cortijo, quien ha señalado que este profesional es un ingeniero civil, cuya especialidad está basada en edificaciones de edificios y pavimentación de carreteras y no en obras hidráulicas mayores como las que se construyen en la III etapa del Pech. Esto último según el curriculum que ha presentado.
La segunda observación está relacionada a su sueldo, pues de acuerdo al informe escalafonario de trabajo, este ingeniero civil percibe desde el uno de octubre de 2015, un total de S/ 15,000.
DUPLICIDAD DE TRABAJO. El tercer cuestionamiento, por parte de Omar Zavaleta, se basa en el hecho de que el Estado ha contratado al consorcio Cesel Tractebel para que supervise las obras hidráulicas mayores del Pech.
El consorcio cobrará por este trabajo US$25’951,469.00, incluido el IGV.
“Es decir se están duplicando funciones innecesariamente. Acá no respetan la ley de austeridad y la optimización de los recursos”, agregó el consejero.
Edgar García Flores, consejero por Virú, agregó que al supervisor del Pech, Armando Cruzado, no solo se le paga S/15,000 soles mensuales, sino que también se le ha asignado dos choferes con sueldos de 2,500 soles.
“Y si averiguamos cuánta gasta de viáticos, seguro que nos damos con otra sorpresa”, enfatizó.
ES NECESARIO. Consultado sobre esta supuesta duplicidad de funciones en el Pech, por parte del consorcio Cesel Tractebel y la Unidad Técnica Funcional, el exgobernador regional de La Libertad, José Murgía Zannier, hizo la siguiente precisión: “Primero toda obra que sea por licitación tiene que tener supervisión contratada. En el caso de Chavimochic, el proceso para contratar a la supervisora Cesel Tractebel lo hizo Proinversión. Ahora, el planteamiento para que Chavimochic tenga también un supervisor lo hace Corporación Andina de Fomento (CAF), quien presta 300 millones de dólares al Perú para financiar las obras de la III etapa. Ellos (CAF) dicen se trata de construir una presa de esa naturalaza (presa Palo Redondo y un canal de más de 100 kilómetros). Hay que verificar toda esa obra y cautelar el dinero prestado. Acá no hay duplicidad de funciones”, acotó.(correo)