Por: Dionicio Mantilla León
El ambiente de inseguridad que mantiene aterrorizados a los peruanos no tiene cuando acabar. Lo más exasperante es, sin embargo, la actitud pasiva y de subestimación del problema por parte de nuestro gobernante, Ollanta Humala, como si con él no fuera la cosa. Un mandatario que en lugar de atender los temas de Estado y de real envergadura nacional se aboca a temas intrascendentes y familiares. Más aun, aquello de presidir el Comité Nacional de Seguridad Nacional, tal como es de ley y tanto hizo publicidad, fue tan sólo flor de un día.
Durante los últimos años la colectividad viene siendo presa de bandas organizadas de delincuentes, criminales y extorsionadores. Un cáncer social que viene produciéndose diariamente, mañana, tarde y noche. Una pesadilla que agobia de preferencia a la clase pobre y a pequeños y medianos empresarios. Un negro panorama que hoy se ha tornado mucho más dramático e insoportable debido a la incursión creciente de una nueva modalidad criminal: el sicariato, el que utiliza a menores de edad que por dinero no vacilan en matar sin ningún escrúpulo. Adolescentes a quienes los jefes de banda han llegado al colmo de prepararlos en escuelas de sicariato amasando con ellos millonarias fortunas con las extorsiones. Escuelas de sicarios que se sabe donde funcionan, pero que extrañamente no se les interviene.
A esto se añade la casi total desconfianza de la ciudadanía en el actuar de los operadores de la seguridad y la justicia como son policías, fiscales, jueces y trabajadores del INPE, quienes, en su mayoría, contribuyen, con el estigma de la corrupción y la ineficiencia, al clima de zozobra y terror reinante. Un actuar delictivo y criminal que prácticamente se ha institucionalizado en nuestro país sin hallar ninguna salida.
La crítica realidad de desprotección en que vive la población que cada día se agudiza más ha hecho germinar en ella, con firmeza y justísima razón, su decisión de asumir su legítima defensa con la única arma que siempre le ha dado fuerza y éxito: La unidad popular. Una reacción que ha aparecido esporádicamente, pero que hoy es diario y va camino a su consolidación. Una reacción popular que ya tiene una consigna y que poco a poco va ir prendiendo en la colectividad, sobre todo, en la gente de la clase pobre y clase media que son los más vulnerables porque carecen de agentes de seguridad particular: ”Chapa tu choro y…. déjalo paralítico” con sus variantes: ”Chapa tu choro y….línchalo ”, o, ”Chapa tu político corrupto y castígalo”, entre muchos más.
Y el ingenio popular se ha venido enriqueciendo, poco a poco, como lo que viene ocurriendo en varias ciudades del país en donde se captura al delincuente se le castiga enérgicamente y se le pasea semi desnudo por las calles con lapidarios carteles: “Así castiga el pueblo a los ladrones, extorsionadores, fumones y violadores”. Algo más, en uno de los barrios limeños los vecinos han osado colocar un lapidario aviso: “Aquí se colgarán a delincuentes, fumones y violadores. Luego los quemaremos vivos”. A la fecha ya se tienen fuertes resultados represivos.
¿Será lícito actuar así? ¿Será este un eficaz elemento disuasivo que detenga la asfixiante ola criminal? Por principio estamos de acuerdo de que la violencia genera más violencia. ¿Empero, ladrón es sólo el que roba celulares? y ¿Qué hay de los políticos que roban millones de soles? ¿Una víctima de los delincuentes no tiene derecho a defenderse? Al parecer, la respuesta dependerá del cristal con que se mire.
Mientras tanto es necesario señalar que la legislación peruana reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en el combate a la delincuencia para ello existe la norma del “Arresto ciudadano” figura legal contemplada en la Ley 29372 y en el Código Penal en sus artículos 250 y 260, más no avala el ajusticiamiento de los delincuentes. También existe el Art.149 de la Constitución Política que permite a las rondas campesinas practicar la justicia popular de acuerdo a sus usos y costumbres (Derecho consuetudinario) ¿Qué dice Ud. amigo lector frente a todo esto.?
