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sábado, 8 de noviembre de 2014

Nuevos perjuicios económicos en el Gobierno Regional de La Libertad

Documentos a los que accedió Correo dan cuenta de que funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) ocasionaron un perjuicio económico por un total de 157 mil 450.02 nuevos soles, a dicho ente, al aprobar el expediente técnico de una obra sobrevalorada, entre otras irregularidades.

Nuevos perjuicios económicos en el Gobierno Regional de La Libertad

LA OBRA. Según se detalla en tres resoluciones ejecutivas -dos de ellas emitidas el pasado tres de octubre y la tercera, el quince de ese mismo mes-, el gerente regional de Infraestructura, José Álvaro Bazán Cabellos, junto a otros funcionarios, fueron acusados como responsables de dichas irregularidades en torno a la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud Rosa Sánchez Santillán de la Microrred Ascope”.

PERJUICIO 1. Respecto al primer documento, se menciona que tras la realización de una auditoría, practicada por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRLL, se encontró que tras la aprobación del expediente, que fuera elaborado por la empresa M&C Consultores y Ejecutores SAC., se perjudicó económicamente al Estado con 28 mil 503 soles.

Por tales situaciones se responsabiliza a Álvaro Bazán; al subgerente de Estudios y Proyectos, José Fernández Rojas, y a un ingeniero de dicha dependencia del GRLL, identificado como Ricardo Fernández Acosta.

PERJUICIO 2. El otro perjuicio económico que se suma es de 47 mil 250 soles, en este caso, por aprobar la ampliación del plazo contractual de la obra por siete días más que, según el OCI, no debió realizarse. Por este tema se vuelve implicar al gerente de Infraestructura, Álvaro Bazán; a la subgerente de Obras, Susanita Tantaleán Regalado, y a la coordinadora de la obra, Teresa Santisteban Cedrón.

DEFENSA. Al respecto, Tantaleán Regalado precisó que, como funcionaria, no es culpable de nada y que más bien el OCI emitió su pronunciamiento haciendo una “incorrecta interpretación de la norma”.

“¿Qué contratista va a trabajar sin que el Estado le pague? Ninguno. Estaba justificado que se amplíe la ejecución de la obra por siete días. El OCI nos dijo que nosotros debimos esperar para resolver el contrato con la empresa, exponiéndonos a que el contratista se lleve el diez por ciento de una obra valorizada en 300 mil soles. Como funcionarios, tenemos el deber de que se ocasione el menor gasto para el Estado”, dijo.

PERJUICIO 3. En el tercer documento, el OCI indica que en su momento se comunicó al GRLL que hubo fallas y defectos en el expediente técnico, determinándose que dicha entidad “no evaluó las observaciones formuladas por el contratista, ni coordinó con el proyectista para absolver la consulta, dentro del plazo de siete días hábiles y quince días, respectivamente, hechos que han ocasionado que se le reconozca al contratista el pago de mayores gastos generales por la ampliación de plazo N° 03, por un monto de 81 mil 696.30 nuevos soles, lo que deviene en perjuicio económico a la entidad”, se lee a la letra en la misiva.

Aquí se vuelve a involucrar al gerente de Infraestructura; además, al subgerente de Estudios y Proyectos del GRLL, Luis Pérez Urteaga, quien laboró desde el 13 de julio al 17 octubre del 2011.

LA FIRMA. En los dos primeros documentos citados firmó Carlos Sandoval de la Cruz, en su condición de presidente regional interino, mientras que en el tercero puso su rúbrica la actual autoridad regional, José Murgia Zannier, los mismos que autorizaron a la Procuraduría Regional del GRLL iniciar el procedimiento de conciliación extrajudicial, por los perjuicios ocasionados a la entidad, contra los funcionarios implicados.

“Es cierto que como medida inicial se pidió a la procuraduría que se proceda a la conciliación extrajudicial; pero eso no exime de responsabilidades a los funcionarios”, sostuvo Carlos Sandoval.

OPINAN. En tanto, el abogado Miguel Rodríguez Albán dijo que en este caso no solo hay responsabilidad administrativa, sino también civil y penal. “Si bien es cierto el presidente regional seguramente tomó la recomendación de asesoría legal, no se debió ser tan flexible”, subrayó.

En tanto, el consejero regional Mayer Haro condenó tales situaciones calificándolas como “una nueva perla” en el GRLL y que ello amerita una investigación. “Mañana (hoy) mismo iniciaré con las indagaciones sobre este caso y se tendrá que formar una comisión que investigue y determine a los culpables”, apuntó.(correo)