Con artimañas, el coronel PNP (r) Manuel Aybar Marca, conocido hombre de confianza del ex asesor del SIN, sentenciado por casos de corrupción, ha logrado que una magistrada impida el embargo de un inmueble que actualmente ocupa Sandro Espinoza Flores, dueño de la compañía de seguridad Police Security, y confeso amigo de Óscar López Meneses.
Doris Aguirre
Una jueza en lugar de desactivar una artimaña montada por un connotado personaje de la mafia de Vladimiro Montesinos, le dio la razón. La Procuraduría Anticorrupción del Ministerio de Justicia descubrió que el coronel de la policía en retiro de la PNP Manuel Aybar Marca mantuvo oculta una propiedad por más de diez años para impedir que la justicia se lo quitara como parte de pago para la reparación civil.
El inmueble en mención está ubicado en la calle Armando Blondet 250 en San Isidro, adquirido durante el gobierno fujimorista y mientras servía a los fines del ex asesor presidencial.
Al descubrirse la propiedad de Aybar Marca, este señaló con documentos al Poder Judicial que el inmueble era una propiedad adquirida en sociedad conyugal y que por lo tanto no correspondía el embargo solicitado por la Procuraduría.
Al enterarse de la maniobra, la Procuraduría Anticorrupción recurrió a la titular del Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Lima, Marlene Neyra Huamán, para que sea rechazado el pedido.
Para sorpresa de los defensores del Estado, la magistrada Neyra Huamán falló a favor del coronel (r)Aybar Marca.
Casa al descubierto
El hallazgo de la casa en el distrito financiero de Lima se registró recién el 2012 cuando aparece el capitán de la policía nacional Sandro Espinoza Flores, íntimo de Óscar López Meneses, otro ex operador de Montesinos.
Por sospechosa coincidencia" en el inmueble de propiedad de Aybar Marca, desconocido hasta entonces por las autoridades, funcionaba la oficina principal de la compañía de seguridad "Police Security", de propiedad del capitán PNP en retiro.
Espinoza Flores se presenta a la procuraduría anticorrupción para dar cuenta que la vivienda que había alquilado el 2010 estaba a nombre de un ex compañero de su institución policial, el coronel Aybar Marca. Aseguró a la procuraduría que esto lo supo cuando terminó el contrato de subarredamiento que mantenía con la empresaria Ludth Orellana Rengifo.
Ludth Orellana había celebrado un contrato de subarrendamiento el 10 de setiembre del 2010 a favor de la compañía Police Security.
Según la versión de Sandro Espinoza ofrecida a los medios de comunicación, se presentó ante la Procuraduría para darles cuenta, y convencerlos de que por dos años no tuvo idea de que el dueño era un procesado por varios casos de corrupción.
A la Procuraduría le parece muy sospechoso que Sandro Espinoza haya esperado tanto tiempo para recién reportar que la propiedad era de la mano derecha de Montesinos.
Durante el proceso el representante de la Procuraduría solicitó el embargo total de la propiedad de Aybar Marca ante el Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Lima.
Sin embargo, Aybar Marca, valiéndose de una treta legal, apeló al juzgado aduciendo que el inmueble era un bien de sociedad conyugal. Por lo tanto, era imposible que proceda el embargo.
"Aybar Marca ha realizado una artimaña legal para no pagar la reparación civil y evitar a toda costa ser embargado. Esto es una maniobra que utilizan los sentenciados, porque el objetivo es no pagar nada al Estado peruano", dijo Pedro Chilet Paz, jefe de la Unidad de Análisis Financiero Pericial de la Procuraduría Anticorrupción.
Segunda artimaña
No solo el coronel en retiro logró que se evitara el embargo total del bien ocupado por el amigo de López Meneses sino que también tenía preparada otra artimaña en caso la Procuraduría insistiera con el pago de la reparación.
"Al encontrarnos con este obstáculo, logramos que el Poder Judicial ordenara que el 50 por ciento del monto abonado por alquiler por Police Securtity no fuera a los bolsillos de Aybar Marca sino a las arcas del Estado como parte de pago de la reparación civil.
Sorprendentemente, a los pocos meses el sentenciado por corrupción demostró un documento emitido por un juzgado de Familia en el cual él está obligado a dar una pensión mensual de alimentos calculada sobre el 50 por ciento que le corresponde de la propiedad de San Isidro. En otras palabras, Aybar anunciaba que el Estado no podría tampoco hacer uso del embargo de las ganancias que tenía por concepto de alquiler.
Ante esta situación, el juzgado Penal Liquidador tampoco se opuso a este recurso de Aybar Marca por considerarlo supuestamente legal.
Con las manos atadas
"Nosotros estamos frente a dos posiciones, de un juzgado penal y de un juzgado de familia. Todo esto implica argucias que ha utilizado Aybar Marca para evitar cualquier pago al Estado", señaló el jefe de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría, Pedro Chilet Paz.
El objetivo de la procuraduría es cobrar lo que le deben al Estado peruano, pero como están en un caso de un bien inmueble de sociedad conyugal no se podía rematar, se ha solicitado al juzgado como último recurso la liquidación patrimonial de Aybar Marca.
Es un recurso legal que empleará la Procuraduría para impedir que otros procesados o sentenciados por casos de corrupción en el gobierno fujimorista se burlen también de las autoridades.
La Procuraduría considera que es un camino largo y tortuoso lograr una separación patrimonial inmediata. Sin embargo, si el magistrado acepta la liquidación patrimonial, significaría que –no teniendo Aybar Marca con qué pagar al Estado la reparación– se notificaría a Indecopi para que se ejecute la liquidación y finalmente el remate del inmueble.
"No se puede rematar un bien conyugal para pagar una reparación civil. Acá lo que tiene que hacerse es que el bien pase a INDECOPI y se logre la repartición del bien, y se pueda cobrar la mitad", dijo el ex procurador Anticorrupción Julio Arbizu.
Aybar manipuló su identidad
El ex procurador Julio Arbizu dijo que el coronel Manuel Aybar Marca alteró su verdadera identidad con el propósito de registrar sus bienes con otro nombre y así evitar el embargo y el pago de una indemnización al Estado.
"Desde que se inició el proceso judicial, Aybar Marca ha tratado de ocultar su propiedad y sacarle la vuelta a la justicia", señaló Julio Arbizu.
"Nosotros hemos tenido una serie de trabas en el juzgado, porque a medida que avanzábamos con el embargo, Aybar presentaba recursos de apelación que le daban finalmente la razón.
"Pese a ello la Procuraduría bajo mi gestión logró que el pago del alquiler que realizaba Sandro Espinoza por el inmueble vaya directamente al Estado como parte del embargo y no a manos de Aybar Marca", dijo Julio Arbizu.(la república)