Entre otros temas abordados figura la realización de una evaluación integral del Código Procesal Penal.
Un sistema de protección especial será diseñado e implementado para garantizar la integridad de los jueces y fiscales en la lucha contra el crimen organizado, según se acordó en la ronda de consultas convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre seguridad ciudadana.
En la cita, promovida por el titular de la PCM, Juan Jiménez, tanto los jueces, fiscales, policías, procuradores, y otros sectores pertinentes estuvieron representados bajo la premisa de buscar un consenso en torno a un pacto por la seguridad en el país.
Entre otros temas abordados figura la realización de una evaluación integral del Código Procesal Penal, tras su implementación en más de 20 jurisdicciones para introducir los correctivos necesarios y optimizar las operaciones de la Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, definiendo responsabilidades.
Igualmente, se reafirmó el apoyo a la Comisión Nacional de Bienes Incautados, luego de revelarse que el Estado habría perdido millones de nuevos soles en bienes que no pudieron ser incautados debido a que malos funcionarios facilitaron inscripciones fraudulentas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Además, el Ministerio Público y la Policía Nacional afinarán sus protocolos de manera que sus funciones sean complementarias y eficientes, sin duplicaciones. Con ello, se logrará mayor efectividad en las actividades que comparten en la lucha contra el crimen y persecución de delincuentes.
En el encuentro, el Ministerio de Justicia presentó el plan estratégico del sistema de justicia juvenil basado en la necesidad de un régimen especial para delincuentes jóvenes, tanto en el campo de la prevención como en el de penas y tratamiento carcelario. Asimismo, se planteó el endurecimiento de penas para los sicarios menores de edad.
También se acordó dedicar esfuerzos para moralizar instituciones de administración de justicia, combatiendo la presencia de malos elementos en la Fiscalía y Poder Judicial y, en especial, evitando el reingreso de malos policías.
La problemática de la superposición de funciones en los laboratorios de criminología policial y del Ministerio Público fue otro de los temas dialogados.
Al respecto, la Fiscalía afirmó que concentraría sus esfuerzos en la medicina forense y dejaría los demás campos a la Policía.
Igualmente, se ratificó que los delitos contra el orden público en movilizaciones, así como el secuestro, deben ser tratados en la Sala Penal Nacional, fortaleciendo así la adecuada administración de justicia, sin presiones de grupos violentistas de la zona.
Se recordó, asimismo, que a fin de tener una única base de datos de criminalidad, el Ejecutivo creó el comité estadístico interinstitucional que homologará la información que manejan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática en esta materia.
Se propuso, a su vez, la imposición de sanciones y restricciones a los ciudadanos con licencia para portar armas de fuego que incurran en faltas en el ejercicio de este permiso.
Frente a una invocación del INPE, el Poder Judicial anunció que los presos de alta peligrosidad ya no serán trasladados a otros lugares para el cumplimiento de sus diligencias, lo cual constituía un riesgo de fuga. En adelante participarán en las audiencias a través de videoconferencias.
En la reunión Participaron el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza; el fiscal de la Nación, José Peláez; los ministros de Justicia, Eda Rivas; y del Interior, Wilfredo Pedraza; el director general de la Policía Nacional, general Jorge Flores Goicochea; el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Máximo Herrera; y el jefe del Inpe, José Luis Pérez Guadalupe.
También estuvieron los directores de la Sucamec, Jorge Carcovich; y de Migraciones, Edgar Raymundo; y los procuradores especializados en lavado de activos, Julia Príncipe; tráfico ilícito de drogas, Sonia Medina; y asuntos de orden público, Eva García.
ANDINA