Por: Dionicio Mantilla León
El pasado 5 de junio en medio del ambiente de tensión que vive el pueblo de Cajamarca provocado por el tema, aún sin solución, de minera Conga y que ha motivado la huelga indefinida que lleva adelante, el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, lanzó un exabrupto que ha provocado un fuerte remezón político en el país por constituir, según el oficialismo y sectores de la derecha una “apología a la rebelión” demandando la intervención del Ministerio Público. ¿Sin embargo, estas osadas insinuaciones de “sacar al Presidente de la República” expresadas por el líder cajamarquino, constituirá un delito de rebelión?
Si bien es cierto el país se encuentra entrampado por la falta de previsión del gobierno de Ollanta Humala para el no surgimiento de los serios conflictos sociales que hoy nos aflige a raíz de la afectación del medio ambiente y el serio atentado a las cabeceras de cuenca y el recurso hídrico en que vienen incurriendo abusivamente las empresas mineras formales y la minería informal, no puede ser esto motivo, jamás, para perder la sensatez más aún cuando se es líder de una gran masa descontenta e impaciente, pues se corre el riesgo de “encender la pradera”. Aunque, según mi opinión esta criticable expresión no reviste el carácter de rebelión, asonada, ni sedición, como nos quieren hacer creer y no pasa de ser eso: un exabrupto. Si lo fuera cuantas “rebeliones” se habrían ya producido a lo largo de nuestra historia política y sindical tanto en el seno del Congreso como en las calles al surgir las protestas como fruto del descontento popular ante la corrupción e incumplimiento de promesas gubernativas. Más bien, rebelión fue lo organizado por el Comandante Ollanta Humala en Locumba (Moquegua) y ¿Que serían los pedidos de vacancia hechos por él a los ex presidentes Toledo y García?
Empero, dar paso a exabruptos en momentos como este, aunque después se diga que no se dijo lo que se dijo, resulta de suyo imprudente más aún cuando estas insinuaciones se hacen para asemejarnos a realidades ajenas a la nuestra como el Ecuador y Bolivia. La justeza del reclamo de nuestros hermanos cajamarquinos no puede ser dañada por situaciones como esta. El Estado de Derecho reinante en nuestro país debe ser respetado. El mandato presidencial de Ollanta Humala debe ser respetado. No queremos que en el país se dé paso a la anarquía y al caos.
Lo cual no significa avalar los desatinos en que vienen incurriendo el gobierno como: acallar con la represión y las balas las voces de justicia que vienen exclamando pueblos como Espinar, en el Cusco y, Cajamarca. No es con la detención arbitraria de los líderes populares como la del Alcalde Mollohuanca como se va a imponer el orden y se va a hacer justicia, tampoco con la muerte de hasta hoy 12 hermanos nuestros sólo por el hecho de reclamar parte de las utilidades que se lleva la minera Xtrata Tintaya y la no contaminación del agua de sus ríos. Menos aún, con calificativos ofensivos como las del Premier, Oscar Valdez, llamando “podridos, congelados e incendiarios” a los defensores del medio ambiente y su derecho a consumir agua no contaminada.
URGE UNA SALIDA
Urge hallar una salida al grave problema de Espinar y Cajamarca pues toda medida de fuerza por más justa que esta sea siempre acarrea perjuicios no sólo a los empresarios, sino al mismo pueblo que lo implementa. Frente a la ineficacia de los ministros del ramo y al excesivo tiempo transcurrido urge que nuestro mandatario encuentre la fórmula inteligente que zanje de una vez por todas este espinoso problema y, de ser posible, el mismo Presidente se siente a dialogar con los interlocutores válidos del pueblo lo cual pasa por levantar el estado de emergencia en Espinar, la liberación de dichos interlocutores y suspender las operaciones de minera Conga. No bastan las declaraciones líricas en los medios, ni tampoco es atinado el aire triunfalista. El pueblo debe ser escuchado.
Empero, es necesario adoptar las medidas precautorias para que conflictos como estos no se repitan en otros lugares del país y para ello urge detener futuras concesiones mineras mientras no se concrete la ZONIFICACION ECOLOGICA TERRITORIAL del país orientada a una racional determinación de lugares para uso agrícola, ganadero y minero. La irresponsable y exasperante desidia de parte del gobierno nacional en poner énfasis en este menester está provocando ya un gravísimo problema al país convirtiéndolo en un gigantesco conflicto nacional que tarde o temprano traerá serias repercusiones a nuestra supervivencia, economía e, incluso, a la misma estabilidad gubernativa que hoy tanto preocupa a muchos. Situación que ningún peruano desea.