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lunes, 13 de junio de 2011

LA CARRETERA A MARKAHUAMACHUCO



Por: Dionicio Mantilla León

¿Qué es lo que está pasando con el asfaltado de la vía que une Huamachuco con la fortaleza pre inca de Markahuamachuco? Es la pregunta que un buen número de huamachuquinos nos venimos haciendo a raíz del manto de silencio con sabor a negligencia e impunidad con que se ha venido cubriendo este importante tema ligado con el desarrollo turístico de nuestra Provincia. Un tema que de no ser por la preocupación de los campesinos que viven en las cercanías de este complejo arqueológico y la inquietud del Concejero Regional por Sánchez Carrión, Prof. Carlos Sandoval de la Cruz, sencillamente seguiría cubriéndose con el manto de la indiferencia y la impunidad.
Una muy cómoda actitud de nuestras autoridades regionales que viene haciendo mucho daño al turismo huamachuquino por cuanto plantea serios tropiezos para el fácil traslado a la citada zona arqueológica de parte de los turistas y moradores de la zona por el evidente peligro a que se ven expuestos. El pésimo estado en que se halla el tramo carretero, cuyo contrato de asfaltado ha demandado 4´941,026 soles de inversión al Estado, ofrece además un indeseable espectáculo y dice mucho de la falta de idoneidad profesional de los encargados de la obra.
Y decimos manto de silencio con sabor a negligencia e impunidad por cuanto, como es de público conocimiento, esta importante obra estuvo envuelta hace varios meses en un publicitado escándalo mediático en donde estuviera involucrado no sólo el consorcio Campo Real encargado de su ejecución, sino el reelecto congresista Elías Rodríguez y hasta el anterior Consejero Regional, Alexis Rebaza, quien, en honor a la verdad, fuera uno de los interesados en que este despropósito técnico se corrigiera e, incluso, detuvo el pago de 700,000 soles que se iba a efectuar hasta menos no se hayan subsanado las irregularidades encontradas. Consorcio al que se le dio, en agosto del año pasado, un determinado plazo para que levantara las 40 observaciones halladas, pero que sin embargo, pese al excesivo tiempo transcurrido-casi un año- dicho levantamiento de observaciones sencillamente no ha sido concretado sin que a dicha constructora le pase nada. Ninguna sanción. ¿Porqué razón? ¿Móviles políticos? ¿Favoritismo? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué las autoridades regionales y provinciales no han intervenido en su oportunidad?
Nadie duda de la enorme importancia que tiene el asfaltado de este tramo carretero no sólo por beneficiar directamente a nuestra fortaleza pre inca, señero referente de los orígenes legendarios de nuestro pueblo, sino que su concreción se une al paquete turístico envidiable que posee nuestra Provincia. Un paquete turístico que partiendo de la restauración y puesta en valor de dicho complejo arqueológico, tarea en la cual está empeñada la Unidad Ejecutora a cargo del huamachuquino, Guillermo Rebaza Jara, comprende también interesantes atractivos turísticos que en su conjunto constituyen una invalorable fuente de ingresos para nuestra provincia.
Una riqueza turística que con acciones de negligencia, incapacidad y lenidad en la exigencia para la imposición de correctivos, como el caso que comentamos, se ve empañada y nos da pie para desconfiar de empresas que puedan estar a cargo, en el futuro, de determinadas obras de infraestructura a ejecutar por la Municipalidad Provincial o el Gobierno Regional en nuestra provincia orientadas al mejoramiento de nuestros atractivos turísticos o de otra índole. Por ello, resulta oportuno que nuestras autoridades tomen todas las previsiones del caso y sean muy celosos en el momento de otorgar la buena pro a las firmas constructoras dejando a un lado los favoritismos y posibles actos de nepotismo de toda índole.
El planteamiento hecho por el actual Consejero Regional, Carlos Sandoval de La Cruz, de establecer una mesa de diálogo para analizar el problema, a todas luces tiene buena intencionalidad, sin embargo considero que lo central en este tema deberá ser la obligación perentoria que tiene la empresa constructora de levantar las 40 observaciones encontradas a la brevedad posible, sin tener en cuenta cualquier pretexto que se pueda esgrimir y, sin que esto signifique, tampoco, obviar la responsabilidad penal a que hubiere lugar algo que las autoridades regionales deberán plantear ante el órgano jurisdiccional respectivo.