La consulta para la revocatoria de las autoridades ediles de Lima coincide con la elección de un nuevo jefe de la Onpe. El organismo electoral lucha contra el tiempo. Es tan corto que los votantes no sabrán a cuáles regidores revocarán. 39 de ellos serán rifados el próximo 17 de marzo.
Ricardo Uceda.
Mientras el interés público sobre la revocatoria está volcado hacia los índices de aprobación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en la Onpe se desarrolla una situación especial. Organizará el proceso mientras cambian sus principales cabezas. Al vencimiento de su periodo de gestión, el próximo 24 de enero, dejará la jefatura Magdalena Chú, y con ella se irán una parte de los gerentes de confianza. En ese momento, a menos de dos meses de la consulta popular, los preparativos serán aún incipientes.
La revocatoria, entonces, no solo es una prueba de fuego para la alcaldía sino también para la Onpe, cuyos líderes siempre han vivido entre sobresaltos.
Es la primera vez que la Onpe hará una consulta de revocatoria que comprenda a toda Lima Metropolitana. Desde comienzos de diciembre se ha iniciado un febril proceso para contratar jefes, coordinadores y asistentes que trabajarán en cinco subdivisiones de la capital. La Onpe aumentará de trescientas personas, que es su número de trabajadores cuando no hay elecciones, a más de doce mil, en un crecimiento de 4.100 por ciento. Los contratados se organizarán en centenares de células descentralizadas denominadas ODPE –cada una, una Onpe en miniatura–, cuyo buen funcionamiento permitiría que la noche del 17 de marzo se sepa certeramente si Villarán continuará o no en el cargo.
La carrera contra el tiempo se debe a la discutible decisión del JNE de apurar el proceso. Hay un enredo legal de por medio. Por un lado, una ley dice que, una vez que el expediente de una revocatoria ha sido declarado conforme, el jurado tiene noventa días para convocar a la consulta. Pero otra ley sostiene que el padrón electoral se cierra ciento veinte días antes de la elección. La convocatoria, entonces, no puede darse con una anticipación menor a ciento veinte días. Una tercera norma, sin embargo, le da al JNE la facultad de acumular expedientes revocatorios para que la consulta de todos ellos sea en una fecha común. De hecho, este tipo de plebiscitos se han venido haciendo por grupos. Es razonable porque, si se hicieran en función de las sucesivas fechas de aprobación de cada expediente, habría revocatorias en forma incesante.
EL CABALLAZO
El expediente de Lima se aprobó en octubre pasado, y Magdalena Chú pensó que el JNE, que decide las fechas, le daría suficiente tiempo para organizar el proceso.
Llamó al presidente, Hugo Sivina. Con Sivina había mantenido una relación cordial, muy distinta a la tirante que caracterizó su convivencia obligada con el anterior mandamás del JNE, Enrique Mendoza, recientemente electo presidente de la Corte Suprema. Mendoza, implacable defensor de la supremacía del JNE frente a la Onpe, nunca permitió que lo sentaran junto a Chú en las ceremonias oficiales, como manda el protocolo, y tampoco cruzaba palabra con ella. Sivina, en cambio, tenía un estilo distinto. Cuando recibió la llamada de Chú para coordinar una fecha propicia para la revocatoria le contestó que estaría gustoso de conversar.
La citó a las seis de la tarde del último día de octubre. Cuando acudió, Chú no sabía que a las cuatro se había celebrado una sesión del JNE que fijó la fecha de la revocatoria para el 17 de marzo. La reunión con Sivina se produjo, pero ya no había nada que conversar.
Los preparativos iniciales para la revocatoria consisten en la compra del material electoral y la contratación de personal. En una etapa posterior habría que capacitar al personal reclutado y al votante. Chú esperaba que la consulta se produjera en junio próximo, junto con las 86 revocatorias que deben decidirse en el interior del país. Así la Onpe tendría ocho meses para trabajar contados a partir de noviembre del 2012. Tras el caballazo, solo tuvo cuatro meses y medio. En la práctica tres, porque en noviembre no se pudo hacer nada.
COMPRAS DIFÍCILES
La contratación de personal comenzó recién en diciembre. Hasta antes no estuvo habilitado por el MEF un fondo de contingencia de 69 millones de soles previsto para la revocatoria. Deben ser contratados unos ocho mil coordinadores de mesa, quienes concursan para trabajar por un mes a cambio de 1.200 soles. La paga no es apetecible, salvo para desocupados. Para cubrir unas mil plazas de coordinador de local de votación, la Onpe ofrece no mucho más: 1.400 soles. Los coordinadores ganan casi lo mismo. En un nivel superior, se contratarán 16 jefes de ODPE u oficinas descentralizadas, que ganarán unos 5.500 soles. Tampoco es mucho si se considera que deben ser profesionales con experiencia comprobada en administración pública. Ellos tendrán que rendir cuentas por compras y procedimientos electorales. Aunque el trabajo es por cuatro meses, tampoco hay pelea para conseguirlo. Han postulado menos de cien.
–Solo un desocupado calificado se animaría a postular –dijo un experto en sistemas electorales–. ¿Quién va a pedir permiso por cuatro meses para trabajar en la Onpe por 5.500 soles?
Los contratados de todos los pelajes ya están en proceso de nombramiento –los concursos se anunciaron a comienzos de diciembre–, pero es posible que si la calificación no es idónea sea necesaria una nueva convocatoria en algunos de los niveles. Cada proceso no dura menos de 25 días.
En cuanto a las compras, recién comenzaron a mediados de diciembre. Principalmente consisten en cédulas, actas, hologramas y ánforas que se emplearán en la votación. En toda la capital deben ser abastecidas 38.000 mesas. Por el poco tiempo disponible han debido de emplearse mecanismos de excepción previstos por la ley para comprar por encima de diez mil soles, pero ni la mayor emergencia elimina todas las condiciones para comprar en el sector público ni deja de responsabilizar después al funcionario que autoriza la operación. Las excepciones permitieron, para algunos materiales, orientar la compra hacia un proveedor. En algunos artículos eso no es posible. Por ejemplo, con los chalecos que caracterizarán a los delegados de la Onpe. Hay tantos proveedores que nadie puede garantizar que todos cumplirán.
REGIDORES RIFADOS
Respecto de un servicio de mayor envergadura, el del centro de cómputo, también hay que cruzar los dedos. A fin de que el 17 de marzo funcione adecuadamente, debería estar instalado y listo para las pruebas un mes antes. Para lo cual el proveedor tendría que sentarse a trabajar desde mediados de enero. Pero el proceso de selección, que aún se desarrolla, quizá tome todo el primer mes del año.
De cualquier modo, también es posible que las compras y la selección de personal salgan muy bien. Queda por considerar la siguiente fase de los preparativos, la de capacitación. Concediendo que la correspondiente al personal contratado resulte satisfactoria, no es posible esperar lo mismo con la del votante. Esta capacitación parece destinada al fracaso.
Cada persona deberá considerar cuarenta opciones de SÍ o NO. La de la alcaldesa Villarán, ante todo, y luego la de 39 regidores. Estas autoridades también se someten al plebiscito y ante cada una el elector debe tomar posición: o se queda o se va.
Pero el elector solo tendrá un nombre desconocido para decidir. No sabrá si es del oficialismo o de la oposición. No podrá identificarlo por su partido político, porque no habrá símbolos; ni por su rostro, porque no habrá fotos. Tampoco podrá reconocer en la cédula la postura de cada regidor ante la revocatoria de la alcaldesa.
Es esperable, por ejemplo, que alguien que vota por el SÍ a la revocatoria de Villarán quiera marcar el NO si desea apoyar a los regidores que tienen su posición. Pero antes deberá conocer los nombres de todos ellos, algo que no cabe esperar de la mayoría por el poco tiempo que queda para la capacitación y la campaña.
Lo más probable es que el grueso de votantes decida su opción respecto de Villarán y deje en blanco o vote sin ton ni son en los cuadrados correspondientes a los regidores. Lo cual hace de esta parte del proceso un enigma indescifrable incluso para las encuestadoras.
EL SUCESOR
Mientras tanto, a fines de enero se conocerá el nombre del sucesor de Magdalena Chú. Conocidos los nombres de los siete finalistas en la evaluación realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, es posible anticipar que por lo menos conocerá de procedimientos electorales. Aún no se sabe si tendrá las condiciones de liderazgo necesarias para dirigir el organismo.
En el 2004 el CNM decidió declarar desierto el concurso para jefe de la Onpe tras eliminar al que desempeñaba el cargo hasta entonces, Fernando Tuesta, y a un tecnócrata calificado como Guillermo Thornberry, quien fue después presidente de Osiptel. Eran los mejores, pero los desaprobó. Por ejemplo, el currículo de ambos, para un puntaje mínimo de 65 puntos, mereció una calificación de 53 y 44.8, respectivamente. El mismo año hubo un segundo concurso en el que Tuesta ya no se presentó y Thornberry sí. Fue el que ganó Magdalena Chú, cuyos dos doctorados, uno en Estadística y otro en Salud Pública, le otorgaron un puntaje curricular de 89.4, contra 63.5 de Jorge Yribarren y 60.2 de Thornberry. Chú, sin embargo, no tenía más experiencia en procesos electorales que una participación en elecciones internas universitarias. En aquella ocasión quedó claro que el CNM no quería para la Onpe a alguien con capacidad de liderazgo público sino un tecnócrata que no le hiciera sombra al JNE.
Yribarren, quien era funcionario de carrera en la Onpe, ganó en el 2010 el concurso convocado por el CNM para ejercer la jefatura del Reniec. Esta vez fue un examen escrito el que definió a los cinco candidatos finalistas. Pero uno era policía en actividad, otro afiliado a un grupo político vecinal de San Borja, otro afiliado al PPC y un cuarto no pertenecía al Colegio de Matemáticos. Todas estas carencias fueron consideradas descalificatorias, y quedó Yribarren como único finalista. Después de aprobar satisfactoriamente la última fase, correspondiente al plan de trabajo, cruzó solitariamente la meta.
En cuanto al nombramiento del próximo jefe de la Onpe, hay siete candidatos que han obtenido nota aprobatoria luego del examen escrito. Dos son gerentes de la Onpe, dos son funcionarios del Reniec, uno es general de la policía en el retiro, otro un especialista en planificación estratégica y el último un doctor en informática. De acuerdo con un inexplicable requisito, la edad de ellos supera los 45 años. Un experto como Percy Medina, director de Idea Internacional, es menor y no podría postular. ¿Pero qué debe tener, además de conocimiento del sistema electoral, el sucesor de Magdalena Chú? No hay que ser adivino para saber que esta persona necesitará capacidad de comunicación para fortalecer la credibilidad del sistema y el empaque suficiente para contrarrestar nuevos caballazos del JNE. Porque allí sigue palpitando el sueño de que en el futuro sea un solo organismo el que organice y dirija las elecciones. El Jurado, por supuesto.(ka república)